Los rosarios de cuestionamientos que arrastran varios dirigentes que administran grandes corporaciones de ONGs, han impulsado, gracias a la atención que pusieron algunos parlamentarios, un proyecto de Ley de Transparencia que fue promulgado en estos días y que obligará a operar a cara descubierta después de años de oscurantismo en el financiamiento como del real interés que persiguen.

La contaminación que sufrieron las ONGs, principalmente las que reciben multimillonarios fondos tanto local como internacional han opacado la esencia de estas organizaciones perjudicando a aquellas cuyos fines siguen siendo el bienestar social. La nueva normativa dará luz sobre la existencia de estos grupos con la información que deberán disponer para la ciudadanía.

Rossana Escobar M. (rossana.escobar@nacionmedia.com)

La Ley número 7.363/2024, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, la semana pasada y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocidas como ONGs, pondrá luz al oscurantismo en el que se manejan varias ONGs, principalmente aquellas que reciben fondos multimillonarios y giran en torno a programas o actividades públicos. Esto significa un sinceramiento de las acciones de estos grupos con la ciudadanía a la que siempre invocan como beneficiaria de sus diferentes proyectos.

El intento de satanización mediante campañas de desinformación, típica herramienta utilizada por los conocidos oenegeros, muy particularmente de las grandes empresas ONGs que supieron incentivar a sus aliados mediáticos, periodistas de élite quedó totalmente desmoronado ante el proyecto de Transparencia y los monumentales fondos que en nombre de la ciudadanía fueron distribuidos en los bolsillos de grupos reducidos. Una oposición oportunista, aferrada al desfazado discurso de la organización para la representación civil con varios de sus operadores colgados del dinero que se mueve en el negocio oenegero, también quedó al descubierto y al arbitrio de la población.

Rendición de cuentas, es la frase que engloba la recientemente promulgada Ley y que generó urticaria a varios oenegeros y políticos vinculados a sus campañas que, a toda costa quisieron plantar la idea de que es un garrote para desalentar la organización civil. Una mentira feroz, en el artículo primero se garantiza el derecho a libre asociación para los fines que se propongan toda vez que sean lícitas.

La normativa, entre otros, establece que todas las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.

Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos. Los primeros informes que llegó a recabar la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI), puso en evidencia que recursos dispuestos en beneficio de la ciudadanía básicamente se tradujeron en facturaciones para mismos oenegeros, sus clanes familiares y consultores amigos.

No hay que olvidar que la mencionada Ley es producto de un largo proceso de debate durante el cual salieron a la luz manejos discrecionales, denuncias de corrupción, nepotismo por parte de directores, administradores de ONGs que reciben fondos del Estado y de otros organismos mediante donaciones a Paraguay sin mayores impactos en favor de la ciudadanía.

Un claro ejemplo de cómo se ha bastardeado el rol de algunas ONGs es el esquema con fondos millonarios recibidos que involucra a dupla de excandidatos de la Concertación, Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de ONGs, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.

Otro sonado de corrupción con ONG es el que involucra al presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CRID), Agustín Carrizosa que en plena crisis económica por el Covid – 19 se aprovechó de un convenio con el Estado y con plata de los contribuyentes repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. Así también hizo festín con dinero proveniente de donación a Paraguay con repartija de honorarios a su clan, periodistas, oenegeros amigos.

El pasado 8 de noviembre, la miniserie “Cromañón”, dirigida por Marialy Rivas y Fabiana Tiscornia, y protagonizada por un elenco destacado, que incluye a Dani La Chepi, Esteban Lamothe, Soledad Villamil y Muriel Santa Ana, llegó a las pantallas por medio de Amazon Prime Video, generando opiniones divididas sobre las elecciones tomadas a la hora de relatar la historia.

Con el lema “Basado en hechos reales que marcaron para siempre un país”, la serie recuerda a las víctimas y a los sobrevivientes de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004.

El film sigue la historia de Malena, (interpretada por Olivia Nuss), una joven de 19 años que asistió al trágico recital de rock en el local República de Cromañón en 2004. El desafortunado evento se llevó la vida de 194 jóvenes en un fatal incendio categorizado como una masacre, debido a las distintas irregularidades que presentaba el local a la hora de realizar sus actividades.

Con saltos temporales que nos llevan hasta cuatro años después del suceso, la protagonista tendrá que sobreponerse a la culpa que siente por estar viva.

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A diez días de su lanzamiento, la serie se ha convertido en uno de los estrenos del momento, llegando al puesto número 2 en lo más visto de Prime en Paraguay. Asimismo, ha desatado todo tipo de comentarios respecto a la banda sonora, la trama y la manera elegida para relatar esta tragedia a través de la ficción.

En contrapartida del rotundo éxito en vistas, la serie recibió críticas de sobrevivientes y familiares de los fallecidos. Por medio de sus redes, la organización “No nos cuenten Cromañón” ha lanzado un comunicado señalando que la producción banaliza un hecho que sigue generando dolor.

“Creemos que es positivo, que se hable de Cromañón para que nuevas generaciones puedan informarse e interesarse. Desde nuestra organización repudiamos que se genere un rédito económico con algo que hoy en día todavía nos duele a todos. No creemos que haya que generar memoria a cualquier costo”, expresaron en el comunicado.

Además, informaron que poseen una línea de ayuda para las personas que vivieron de cerca el suceso y quedaron atormentadas por el recuerdo. También sugirieron leer el material “Voces, Tiempo, Verdad”, de la organización, para conseguir información certera y respetuosa acerca de los acontecimientos.

“Nuestra vida no es una película. Es la vida real. Estamos acá para decir una vez más: ‘No nos cuenten Cromañón’”, comentaron.

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“Estoy muy tranquilo, hay muchos paraguayos pro­ductores contentos con el Gobierno y con nuestra acción de llegar junto a ellos y acompañarles”, manifestó el titular del Ministerio de Agri­cultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, en respuesta a las críticas provenientes de algunos miembros de la Fede­ración Nacional Campesina (FNC) hacia su gestión.

El sector calificó al alto fun­cionario de Estado como “autoritario y soberbio” y anunció próximas movilizaciones en su contra en Asun­ción y algunas ciudades del interior, alegando un aban­dono de la institución a los productores de alimentos.

“Están apareciendo los mis­mos actores de siempre, per­sonas que acostumbran a hacer show, apretar a las ins­tituciones generando caos, yo no creo que podamos avanzar así como país”, dijo ayer vier­nes el ministro al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Giménez acotó: “Aparecen los mismos sinvergüen­zas que llevaron dinero del Estado por años y que nunca lograron salir de la pobreza. Algo está pasando, no saben administrar, no saben ser productores o no son luego productores, pero sí son bue­nos para hacer los shows, pero yo soy una persona que habla con la verdad”.

“Estoy muy tranquilo, hay muchos paraguayos productores contentos con el Gobierno y con nuestra acción de llegar junto a ellos y acompañarles”, manifestó el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, en respuesta a las críticas provenientes de algunos miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) hacia su gestión.

El sector calificó al alto funcionario de Estado como “autoritario y soberbio” y anunció próximas movilizaciones en su contra en Asunción y algunas ciudades del interior, alegando un abandono de la institución a los productores de alimentos.

“Están apareciendo los mismos actores de siempre, personas que acostumbran a hacer show, apretar a las instituciones generando caos, yo no creo que podamos avanzar así como país”, dijo este viernes el ministro al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Giménez acotó: “Aparecen los mismos sinvergüenzas que llevaron dinero del Estado por años y que nunca lograron salir de la pobreza. Algo está pasando, no saben administrar, no saben ser productores o no son luego productores, pero sí son buenos para hacer los shows, pero yo soy una persona que habla con la verdad”.

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El titular del MAG detalló que al asumir el cargo corroboró mediante informes que la FNC fue uno de los sectores que recibió “grandes volúmenes de dinero” por parte del Estado, pero no fueron invertidos a favor de los productores más necesitados.

“Llegaban las mismas personas, llevaban maquinarias, insumos y no las hacían trabajar. Yo les llamaba a preguntar qué se hizo con el dinero, se fueron los técnicos del MAG a revisar finca por finca mediante un sistema que tenemos para corroborar fehacientemente cuánto superficie de área de producción tiene cada persona”, remarcó.

Giménez señaló que el principal enojo por parte de algunos integrantes de la federación obedece a que se negó a entregar un tractor bajo el nombre de una sola persona. “Nosotros le dijimos que no habría ningún problema, pero le dijimos que entregaríamos a la federación y se negaron”, dijo.

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