El Senado aprobó este jueves un proyecto de declaración para instar a la Contraloría General de la República (CGR) para revisar la ejecución de los préstamos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del 2019 y 2020, atendiendo a que un porcentaje de los Fondos COVID-19 fue destinado al ente estatal.
El senador Amado Florentín, de la Comisión Bicameral de Control de la Ley de Emergencia, cuestionó que un porcentaje de los recursos de la Ley de Emergencia fuera para obras, pero éstas ya tenían recursos destinados. Igualmente se usaron los fondos COVID para completar las financiaciones, por lo que esperan una revisión sobre los gastos.
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El pedido obedece a que, como órgano de control, pueda establecer asignaciones presupuestarias en los diferentes proyectos del MOPC que son financiados por préstamos internacionales o con emisión de bonos, como sería el caso de los Fondos de Salud que son de la Ley de Emergencia Sanitaria.
Se realizaron convenios de cooperación con el Ministerio de Salud para la construcción de hospitales y pabellones de contingencia. También un convenio de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 90 millones, de los cuales US$ 35 millones fueron para proyectos de obras que originalmente tenían financiamiento.
Ante esta situación, la Comisión de Control decidió oportuno conocer el destino de estos recursos que fueron a obras, ya que se fusionaron creando confusiones en la finalidad que se le dieron durante este año.
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Blanqueo a Bataglia: fiscal alega desconocimiento de nueva auditoría en curso al IPS
La desestimación de la denuncia por desfalco de G. 1 billón al Instituto de Previsión Social (IPS) por parte de su expresidente, Vicente Bataglia, generó la reacción de la Contraloría y de la propia previsional, las cuales manifestaron su sospecha ante los fuertes indicios de hechos punibles. A pesar de esto, los fiscales intervinientes se defendieron y aseguraron que se agotó la investigación.
“Yo desconozco a qué auditoría se están refiriendo, la auditoría que hace a la investigación que hicimos fue con base a las auditorías de Contraloría, esos reportes hemos argumentado fundamento por fundamento a partir de informes técnicos porque si nosotros vamos a someternos a un proceso, debemos tener elementos”, expresó el fiscal Luis Piñánez.
En contacto con “12/8″, emitido por GEN/Nación Media, el agente afirmó que desconocía que existía una nueva auditoría en curso por parte de la Contraloría a la previsional, la que también incluye a la administración de Bataglia e indicó que todos los elementos remitidos por el órgano contralor, fueron analizados durante la investigación.
“Agotamos una investigación, tomamos una conclusión y eso va a estar bajo el análisis del órgano jurisdiccional”, añadió el fiscal y aseveró que la labor del Ministerio Público no es “refrendar” lo que dicta un órgano administrativo, esto respondiendo a los cuestionamientos tanto de la Contraloría como del IPS por desestimar la denuncia.
“Esto es el resultado de los elementos en los que el Ministerio Público determinó que no existen elementos suficientes para establecer que existe una conducta punible de lesión de confianza. El juez de Garantía va a tomar la decisión, si a él le parece o no o si le da algún tipo de trámite”, sostuvo. De acuerdo a la Contraloría, durante la gestión de Bataglia se habría ocasionado un perjuicio al IPS por G. 1.630.414.082.023.
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CGR confirma blanqueo a Bataglia: “Hay hechos de relevancia penal que no fueron investigados”
Desde la Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Dario Ortega, sostienen que el Ministerio Público evadió profundizar sobre los reportes de indicios de hechos punibles que fueron detectados en la gestión del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia. El caso judicial guarda relación con el supuesto daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.
“El panorama no está completo. Hay hechos de relevancia penal que no fueron investigados por la Fiscalía, entonces como consecuencia no se puede concluir en la desestimación de la causa. Existe un montón de circunstancias que pueden derivar a otros hechos punibles que no solamente sea un daño patrimonial”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Ortega surgen tras cuestionar el pedido de desestimación de la denuncia contra Bataglia y sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina investigados por lesión de confianza y estafa.
El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez.
Ortega indicó que la conclusión final del Ministerio Público se limita solo en las investigaciones sobre el préstamo relacionado a los fondos obtenidos por la Ley 7037 que establece el financiamiento del programa de enfermedad y maternidad del IPS.
“Varias de las observaciones de la Contraloría versaban sobre lo que se obtuvo como préstamo en virtud de la ley 7037, pero nuestra auditoría financiera y cumplimiento no se basó solo en estos fondos, sino que era más general. Hago esta aclaración porque cuando concluyen los fiscales pareciera ser que ellos pensaron que esta auditoría solo se refería a los fondos obtenidos en virtud a esta ley consistente para cubrir los gastos del programa de maternidad y enfermedad, es decir, para pagar a los proveedores”, mencionó.
El director jurídico de la Contraloría detalló además que si se toma por concluida la investigación, los fiscales solo se limitaron a indagar sobre un préstamo de G. 350.000 millones.
“Si asumimos como completo el trabajo de la Fiscalía en esta conclusión de desestimación, entonces quiere decir que solamente los fiscales pudieron verificar los pagos realizados por 350.000 millones, sin embargo, la deuda según el propio IPS era de 1 billón. La Fiscalía dejó de averiguar más o menos alrededor de USD 80 a 90 millones sin tener documentación a quién, por qué, cuánto se le debe. Esto representa no solo un riesgo, sino un peligro eminente de un daño que se le puede causar al ente”, lamentó.
Ortega acotó: “Ya hemos escuchado las declaraciones de los representantes de la Fiscalía que no le dan la relevancia e importancia al trabajo de la Contraloría. Los fiscales dejaron de averiguar exactamente por qué el Instituto de Previsión Social no tenía a la fecha que la Contraloría le requirió los documentos respaldatorios de esta deuda”.
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El MOPC resalta la gestión del Gobierno para impulsar la industria eléctrica
La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, sostuvo que el compromiso del Gobierno con la industria nacional es crucial para avanzar en el desarrollo del rubro, tras establecerse la obligatoriedad para la Administración Nacional de Electricidad (Ande) de adquirir torres de transmisión fabricadas en Paraguay.
“Es una noticia para que todos los paraguayos nos sintamos contentos de apostar por la industria nacional. Tenemos importantes fuentes de financiamiento propio, como los bonos soberanos y los recursos genuinos. Además, contamos con el financiamiento adicional logrado a través de la negociación de la tarifa de Itaipú”, afirmó la ministra durante el cierre de la IX Semana de la Energía, organizada por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).
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La ministra Centurión aseguró que esto debe ser un gran motivo de orgullo para todos los paraguayos, ya que también contribuye grandemente a reducir la dependencia de proveedores extranjeros para planes a futuro. “Debemos sentirnos contentos de apostar por nuestra industria”, reiteró.
El decreto, promulgado en septiembre pasado bajo la administración del presidente Santiago Peña, busca fortalecer la producción local y generar mejores oportunidades laborales para los trabajadores paraguayos. La medida, además, forma parte de una estrategia integral para impulsar el desarrollo económico del país.
Con este paso importante, se apunta a dinamizar la industria local, generando empleos y fortaleciendo la capacidad productiva nacional en proyectos estratégicos. La disposición refleja la política del Gobierno de priorizar y potenciar la producción nacional en sectores clave de la economía.
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IPS solicita una auditoría de sus bonos a la Contraloría
El Instituto de Previsión Social (IPS), encabezada por el doctor Jorge Brítez, solicitó a la Contraloría General de la República que realice una auditoría de la compra de bonos a la entidad ueno bank por valor de USD 32 millones. Según indicó el presidente, lo que se busca es dar tranquilidad a los asegurados sobre esta inversión.
“Sobre todo es para dar transparencia a la gestión, no hay nada que esconder, pero tenemos que hacer, de lo contrario estaremos rayando la lesión de confianza. Si ese dinero que tenemos a la vista nosotros no procedemos a invertir de alguna forma, estamos imcumpliendo con lo que dice la Carta Orgánica porque estamos al tope con las colocaciones a plazo fijo, buscamos otra alternativa financiera y en este momento es el tema bonos”, explicó Brítez.
En contacto con “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el titular de la previsional indicó que vía nota se requirió a la entidad contralora que realice la auditoría y posteriormente, tuvo una reunión con el contralor Camilo Benítez, a quien solicitaron que verifique el movimiento financiero de los últimos años, incluyendo los realizados en esta administración.
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“Tuvimos una conversación solicitándole que haga insistencia sobre el tema bonos, que es lo que estaba llevando la atención todo este tiempo. El contralor y me dijo que iba a hacer todo lo que fuera necesario para aclarar esta situación y que si hay algo irregular tanto en la anterior administración como en la nuestra, ahí va a saltar”, expuso el médico.
Brítez aseguró que se dijeron muchas cosas que no son ciertas alrededor de esta operación y que el Consejo de Administración realizó el análisis correspondiente sobre la viabilidad de esta compra y de invertir en bancos, para lo cual se presentaron dos entidades, Itaú y ueno bank, las que presentaron sus propuestas a la institución.
“Hoy en el Consejo vamos a tratar dos o tres ofertas más que tenemos de otros bancos y también estamos viendo para invertir en otros instrumentos financieros porque la ley nos obliga a eso”, añadió. Por otro lado, manifestó que el IPS está abocado a obtener los recursos financieros necesarios para la conclusión de la obra del hospital hemato-oncológico, una obra de gran envergadura que representará una solución no solo para los asegurados.