El plan lanzado contra la corrupción no genera muchas expectativas en el ambiente político, cuando se tiene como un enemigo frontal la impunidad. El senador Jorge Querey se refirió al tema, sin desprestigiar la iniciativa considera que hay puntos que todavía impiden lograr extirpar malas administraciones.

“Toda iniciativa anticorrupción, sea resolutiva, legal, constitucional, creo que es importante; debiera ser un momento importante todo esfuerzo al cáncer este que nos afecta a toda la sociedad paraguaya y en particular a la maquinaria estatal, también al sector privado pero en particular afecta la corrupción estatal”, sostuvo el legislador del Frente Guasu.

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Sin embargo, considera primeramente que numerosos planes se han aprobado en estos últimos tiempos. A partir de esta situación expuso dos cuestiones, “una es la decisión de los liderazgos de los poderes en poner en línea las normativas que tenemos; lo otro es la justicia que debiera transformarse”, dijo.

De esta forma, el problema es que la normativa puede ser muy buena pero al final del día son las personas las que ejecutan esas leyes. Y esto se da dentro del marco donde se ven una serie de liberaciones “de gente que tenía acusaciones fuertes de corrupción, está siendo liberada y es limpiada de toda culpa”, lamentó.

Por eso, festeja el plan y la actualización de normativas, pero lo que hay que superar se centra en dar señales claras con respecto a eso. “Creo que ahí la confiabilidad va construirse con fuerza”, concluyó.

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La nueva estrategia en la lucha contra la corrupción en la función pública se aborda a través del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (2021-2025), lanzado en la semana por las autoridades de los tres poderes del Estado. Los ejes están enfocados en el acceso a la información, compras públicas y concursos públicos, ejerciendo un control para imponer sanciones.

El documento fue elaborado con el apoyo del Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) implementado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso). También fue socializado y analizado con diferentes sectores como servidores públicos, organizaciones sociales, empresarios y otros estamentos.

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