Una nueva estrategia en la lucha contra la corrupción en la función pública es lo que se aborda a través del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (2021-2025), lanzado hoy por las autoridades de los tres poderes del Estado. Los ejes están enfocados en el acceso a la información, compras públicas y concursos públicos.
“Hay seis ejes estratégicos que serán cumplidos con acciones, la construcción se dio con participación y compromisos asumidos por instituciones para el mejoramiento de los aspectos identificados como necesarios”, explicó el ministro Anticorrupción, René Fernández. El plan de acción previsto estipula evaluaciones de acuerdo a las debilidades encontradas y así fortalecer esos aspectos.
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La forma de resolver los problemas en las instituciones es lo que se enmarca, teniendo en cuenta la sanciones que se dan a las faltas cometidas. En este caso, recordó que este plan es una política pública del gobierno actual, en la cual “se encuentra fortalecer el sistema de sanción a conductas irregulares administrativas o penales de funcionarios”, dijo. Teniendo a las instituciones responsables de investigar los casos, al Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
Recursos económicos
Los medios económicos que se utilizan para desarrollar el plan no significaron un aumento de presupuesto, tampoco creación de nuevos cargos, ya que se ha recurrido a la partida presupuestaria de las instituciones involucradas en el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), coordinado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
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La firma del decreto por parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se dio en el Palacio de Gobierno con la presencia del titular de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, entre otras altas autoridades. Así se puso en marcha la iniciativa en coincidencia con el Día Internacional contra la Corrupción.
El documento fue elaborado con el apoyo del Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) implementado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso). También fue socializado y analizado con diferentes sectores como servidores públicos, organizaciones sociales, empresarios y otros estamentos.
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