Cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, establecido el 31 de octubre del 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 58/4 con la finalidad de aumentar la sensibilización sobre la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla.

Al respecto, la ocasión encontró en la fecha al Gobierno del Paraguay inmerso en proyectos que buscan acabar con este flagelo que ha estado enquistado durante mucho tiempo en la administración pública y que es utilizado frecuentemente en los discursos políticos como un mecanismo para captar votos con base en promesas reiterativas para erradicarla. Sin embargo, existen hechos concretos que resaltan la permanencia de la problemática.

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La problemática aumenta en tiempos de crisis y la pandemia por el COVID-19, que azota al mundo y que mantiene a las personas a la espera de una cura, no es la excepción, teniendo en cuenta que los gobiernos adoptaron medidas para hacer frente a la crisis sanitaria y a la vez evitar un colapso económico mundial ante una enfermedad desconocida para muchos países en su momento.

La necesidad de respuestas urgentes por parte de la población obligó a varios gobiernos a negociar el cumplimiento, la supervisión y la rendición de cuentas con la finalidad de lograr resultados inmediatos que se requerían, creándose así importantes oportunidades para la corrupción.

En nuestro país, la pandemia por el COVID-19 destapó no solo las carencias en el área de la infraestructura sanitaria, sino que ventiló diversos hechos de corrupción protagonizados por exfuncionarios del Estado cuyos procesos siguen pendientes en el ámbito de la justicia y que, de acuerdo a varios referentes de la sociedad y de la clase política, pasaron desapercibidos en la administración del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien durante el inicio de su gestión mantuvo el discurso de “caiga quien caiga” contra el conflicto.

Tal fue el caso de la extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Patricia Samudio, quien fue imputada por lesión de confianza junto a otras 21 personas más por la compra de agua tónica en el marco de la pandemia del coronavirus. Se comprobó que cada botella de agua fue adquirida a G. 1.500 y se vendió a la empresa estatal a G. 5.000.

A la lista se sumó el exdirector de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo, imputado por el hecho punible de lesión de confianza por la compra irregular de tapabocas cuando estaba al mando del ente público.

También personas fuera del ámbito del sector público fueron descubiertos en situaciones de irregularidad como el clan Ferreira, una familia integrada por Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, representantes de la firma Insumos Médicos SA (Imedic SA), imputados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por las compras irregulares durante la pandemia.

Todos ellos fueron beneficiados con las medidas sustitutivas a la prisión, pero sus casos aún continúan pendientes en el ámbito judicial, muchos de ellos incluso se llamaron al silencio con el fin de “calmar las aguas”.

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