Empresas consultoras y ONG beneficiarias del convenio de cooperación del gobierno de Mario Abdo Benítez y la recientemente clausurada por corrupción, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), siguen negándose al cumplimiento de la Ley de Transparencia. En el caso del Instituto Desarrollo (ID), documentos recabados del portal del Senado de la Nación muestran que remitieron solo listado de pagos al staff y cuadro directivo institucional, pero no los datos de los superconsultores, expertos, agentes culturales contratados que cobraron millonarios honorarios. El 90 % de los recursos de Asistencia para el Desarrollo donados a Paraguay fueron a salarios, viajes y el resto en el conocido comodín administrativo “costos indirectos”, cuyos detalles están totalmente ocultos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Como la mayoría de las empresas ONG que se beneficia­ron de los USD 58 millones donados al gobierno de Mario Abdo Benítez por la recien­temente clausurada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), la con­sultora Instituto Desarrollo (ID) que dirige José Molinas, usó el 90 % de lo recibido en sueldos de su staff, expertos, agentes culturales, viajes y el resto ejecutó en costos indi­rectos y una diminuta com­pra de equipos.

En los documentos presen­tados, salvo algunos datos de los profesionales contratados en alianza con Institutos de Educación Superior (IES) de los Estados Unidos, no apa­recen los honorarios de los vinculados a los 8 aliados de ID en Paraguay para fomen­tar el “Estado de Derecho y la Cultura de la Integridad (ROLCI)” en el país.

Según los documentos que recabamos del portal del Senado de la Nación, en el marco de los requerimien­tos realizados por la Comi­sión Bicameral de Investiga­ción de delitos como el lavado de activos y otros, la consul­tora de Molinas reportó que recibió USD 4.300.000 en el marco de la cooperación a Paraguay en la época de Abdo Benítez ejecutado desde el 2019, pese a que el conve­nio internacional recién se firmó en setiembre de 2020. El monto indica una primera inconsistencia con relación a la información que nos había remitido la Cancillería nacional en la que consta los USD 4.300.000, pero a este se suma una contribución local de USD 433.333, con lo que el presupuesto manejado asciende a USD 4.733.333.

En la planilla enviada por ID figura una ejecución de USD 4.291.417 y una devo­lución de USD 8.582 a Usaid, pero no aparece la ejecución de los USD 433.333 de con­tribución país que la Canci­llería había informado. Como ya mencionamos, el 90 % fue­ron a sueldazos de los direc­tivos, consultores nacionales en internacionales.

No aparecen los nombres de los profesionales contratados por los aliados de ID, ni cuánto cobraron para fomentar la cul­tura de la integridad y el Estado del derecho, pero en las páginas de sus dossiers inflan números estadísticos alardeando resul­tados exitosos en el ámbito educativo y judicial.

Los maravillosos resulta­dos que ID pinta en los pape­les; sin embargo, están muy lejos de la realidad de la Jus­ticia paraguaya, cuestionada por el ciudadano común y envuelta de escándalo a otro, por todo tipo de denuncias. En este contexto, los que sí obtu­vieron asombrosos logros son los directivos de ID con suel­dos de ministro y así amasa­ron fortunas en honorarios (ver tabla).

En el caso del director José Molinas, por ejemplo, se registran honorarios de G. 26.000.000 al mes. Otro que figura como “personal clave” es el exfiscal y extitular de Aduanas del gobierno de Fernando Lugo, Javier Con­treras, con cobros mensuales de G. 26.000.000.

En los anexos remitidos apa­recen contratos millonarios de entre USD 20.000 y USD 171.000 entre Molinas y el Instituto Pulte para el desa­rrollo global de la universidad de Notre Dame para el forta­lecimiento del Estado de dere­cho y la Cultura de la Inte­gridad en el Paraguay, pero solo citaron los conceptos del presupuesto más pequeños y donde se puede visualizar pagos a consultores de hasta USD 1.100 por día.

También aparece una contra­tación por USD 155.000 de la Iniciativa de Agentes Cultura­les de la Universidad de Har­vard, totalmente en inglés y reducida básicamente a hono­rarios profesionales de hasta USD 1.800 por día.

La consultora ID, el Ins­tituto de Derecho y Eco­nomía Ambiental (IDEA), ONG como Semillas para la Democracia, Centro de Estu­dios Judiciales (CJE), etc., no transparentan las contrata­ciones ni los pagos que rea­lizaron con fondos donados a Paraguay para combatir la corrupción, la impunidad y fortalecer la democracia. Se escudan en la protección de la intimidad de terceros para ocultar quiénes cobra­ron, cuánto y para qué. Sin embargo, las fotografías, difusiones de actividades difundidas ya han eviden­ciado que la plata fue al bolsi­llo de amigos, políticos afines y programas de periodistas, opinólogos enfocados al lin­chamiento de un sector del Partido Colorado y la protec­ción de la oposición aliada al equipo Abdo Benítez.

• Por Nadia Denis
• nadia.denis@nacionmedia.com

La confirmación del espionaje por parte del Brasil durante la presidencia de Jair Bol­sonaro al Paraguay entre el 2022 y 2023, tiempo en el que Mario Abdo Bení­tez lideraba nuestro país, se sumó a la lista de even­tos desafortunados para Paraguay, cuyos intereses se vieron perjudicados y amenazados durante toda la gestión de Abdo, mien­tras Brasil arrasaba todo a su paso.

En mayo de 2019, a solo 9 meses de la asunción de Abdo Benítez a la Presi­dencia, el país fue sacu­dido con la noticia de que se había firmado un acta entreguista y secreta con el Brasil respecto a Itaipú Binacional, documento en el cual se estipulaba la con­tratación de energía entre la hidroeléctrica y Cen­trais Elétricas Brasileiras SA (Electrobras), que con­templaba sobrecostos para nuestro país en orden a los USD 250 millones.

Los pormenores de este hecho generaron aún más indignación a nivel nacio­nal, puesto que uno de los activos más importantes de nuestro país estaba en manos de un joven abo­gado. Aquí entra en escena José “Joselo” Rodríguez, quien en ese momento solo tenía 27 años y fue nada más y nada menos que un intermediario a favor de la empresa brasileña Leros en la negociación de venta de energía con la Administra­ción Nacional de Electrici­dad (Ande), en el marco de este acuerdo.

El escándalo siguió esca­lando al punto que se pro­dujo la renuncia del enton­ces presidente de la Ande, Pedro Ferreira. Mario Abdo y su vicepresidente Hugo Velázquez estuvie­ron a puertas de un juicio político.

La administración de Abdo continuó con su agenda bilateral con Brasil, la cual era publicitada como una de las mejores relaciones y esto debido a que el expre­sidente celebraba que su par lo llame “Marito”.

Esta amistad pública entre los presidentes no se tra­dujo en beneficios para el Paraguay, sino todo lo con­trario, nuestro país con­tinuó perdiendo terreno con relación a Itaipú y la tarifa energética descen­dió de USD 22,60 por kilo­vatio-mes a USD 20,75, cifra acordada entre ambos paí­ses en agosto del 2022, luego de que Abdo no pudiera sostener la posición nacio­nal de mantener la tarifa y ceder en cierta medida al objetivo de Bolsonaro que buscaba una importante disminución, intentando empujar a USD 18,90.

Bolsonaro no descansó en su objetivo y de manera unilateral, en diciembre de 2022, fijó la tarifa en USD 12,67, lo que tomó por sor­presa al gobierno de Abdo. En la negociación de 2023, Brasil sumó otra victoria ante nuestro país y esta vez, en consenso con Paraguay se acordó la tarifa en USD 16,71 por kilovatio-mes, lo cual incluso fue celebrada por el gobierno de Marito.

Aun estando lejos del poder, Paraguay continúa sufriendo los estragos de la adminis­tración abdista. Hace unos días salió a la luz el caso de espionaje del Brasil. Durante 9 meses el vecino país estuvo inmiscuido sin que el gobierno anterior des­pierte alertas sobre la vul­neración de los sistemas de seguridad. La propia admi­nistración de Lula da Silva reconoció que su antecesor tuvo acciones de inteligencia contra Paraguay que se desa­rrollaron entre junio de 2022 y marzo de 2023.

A la fecha, se desconoce cómo se materializó este espionaje, qué institucio­nes se quebrantaron, a qué información se accedió. ¿Realmente el Gobierno no se percató de este hecho o prefirió guardar silencio?

Todas estas preguntas toda­vía carecen de respuesta, lo concreto es que la supuesta amistad Abdo-Bolsonaro tuvo efectos dañinos para Paraguay.

• Brasilia, Brasil. AFP.

Brasil y Paraguay quedaron envueltos la semana anterior en un sorpresivo conflicto diplomático, luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva admitiera una operación de espionaje contra su vecino, de la cual culpó a la gestión de Jair Bolsonaro. La revelación provocó la suspensión de las negociaciones entre ambos socios en el Mercosur sobre el precio de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, un asunto clave en la relación bilateral.

El miércoles último, ambos gobiernos dieron las primeras señales para disminuir las tensiones y retomar las conversaciones sobre Itaipú. Según una fuente de la cancillería brasileña, el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Viera, conversó con su par paraguayo, Rubén Ramírez, y delegaciones técnicas deben reunirse la semana que viene.

“Estamos presentando las aclaraciones y el gobierno ya ha desmentido cualquier implicación”, indicó la fuente brasileña a la AFP. La fuente gubernamental paraguaya dijo por su parte que “una vez que Brasil explique satisfactoriamente qué es lo que pasó, como estamos seguros que lo hará, el Paraguay se va a sentar a conversar de vuelta sin ningún problema”.

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El sitio UOL publicó el pasado lunes que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) espió a autoridades paraguayas durante el inicio del gobierno de izquierda de Lula, que asumió en enero de 2023. La operación habría sido aprobada por el actual director de la ABIN, Luiz Fernando Correa, nominado por Lula.

De inmediato, el gobierno brasileño negó “categóricamente cualquier implicación en la acción de inteligencia” y adjudicó su autorización a la gestión del antecesor de Lula, el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), según la cancillería.

De acuerdo con la prensa brasileña, el objetivo del espionaje era conocer la posición de Paraguay en las renegociaciones entre ambos países sobre las condiciones y precios del suministro de electricidad de la hidroeléctrica Itaipú, construida sobre el limítrofe río Paraná.

La ABIN habría hackeado computadoras de instituciones paraguayas. La policía brasileña investiga desde hace más de un año la instalación durante el gobierno de Bolsonaro de una supuesta ABIN “paralela”, a la que se le atribuye el espionaje ilegal de destacadas figuras políticas y periodistas en Brasil.

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El gobierno del presidente de Paraguay, Santiago Peña, convocó el martes pasado al embajador brasileño en Asunción para que diera “explicaciones” sobre la operación y llamó a consultas al representante paraguayo en Brasilia. En rueda de prensa, el canciller Rubén Ramírez anunció además la suspensión de “todas las negociaciones” sobre Itaipú “hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción” de Paraguay.

El embajador paraguayo en Brasil informó el miércoles a su canciller sobre la “acción de inteligencia” brasileña y acordaron un “monitoreo constante” del caso, según una nota oficial. Las autoridades de Paraguay no achacan una intencionalidad a Lula, “pero el espionaje estuvo operativo en su gobierno”, dijo a la AFP una fuente gubernamental paraguaya.

Paraguay exige respuestas sobre la duración y los objetivos del espionaje, los canales utilizados y las autoridades e instituciones afectadas. Para Carlos Mateo, exsenador paraguayo y exdirector de Itaipú, “las circunstancias son turbias y confusas, todavía no hay mucha claridad al respecto”.

Según analistas consultados, un pedido de explicaciones de este tenor no tiene antecedentes en las relaciones entre los dos países. “Es una confesión extremadamente embarazosa para Brasil” y “una quiebra de confianza en las relaciones entre los gobiernos (...) en medio de un proceso difícil de renegociación”, dijo a la AFP el exdiplomático brasileño Paulo de Almeida.

La usina hidroeléctrica de Itaipú, en funcionamiento desde 1984, ha sido motivo de frecuentes desacuerdos entre los dos países. Brasilia y Asunción renegocian el tratado firmado en 1973, cuando comenzó la obra, que reparte la energía entre ambas naciones.

Las condiciones financieras -el llamado “Anexo C” del tratado- están en el centro de las conversaciones: Paraguay busca aumentar los ingresos recibidos por la energía que vende a Brasil, consumidor de un 85 % de la electricidad producida. La hidroeléctrica, una de las más grandes del mundo con una capacidad instalada (potencia) de 14.000 megavatios, cuenta con veinte turbinas. Una sola de ellas puede abastecer de energía a un millón y medio de habitantes.