El pedido de destitución de la ministra de la Niñez, Teresa Martínez, se agudiza con las diferentes organizaciones que velan por el cuidado de los niños y adolescentes, esto luego del Plan Nacional de la Niñez y la Adolescencia que se busca implementar. La Red de Asociaciones de Padres exige formar parte de la creación de un nuevo plan.

Una de las representantes, Salma Agüero, de la Niñez, Adolescencia y Familia (NAF), una de las oenegés activas, sostuvo que el pedido de destitución se da por la falta de confianza que genera la ministra. “Necesitamos confiar en nuestros representantes”, indicó en contacto con La Nación. Los reclamos y la postura asumida fueron comunicados hoy en una reunión que mantuvieron con las autoridades del Ejecutivo, pero como sintieron que no eran escuchados, se retiraron.

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El encuentro se desarrolló con la presentación de la postura del ministerio por parte de su titular, pero no tuvieron oportunidad de ir manifestando sus opiniones. También cuestionaron que no permitieron el ingreso de otros padres que asistieron.

Sobre el plan, comentó que pidieron su nulidad, “queremos un plan de nuevo; se está tratando de hacer, logramos involucrarnos en la preparación del nuevo plan”, explicó. Aunque recalcó que “un punto innegociable es la destitución de la ministra porque perdió la confianza en la representatividad, y puede volver a incurrir en falta”, expresó.

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La Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, organización de fe católica, se dirigió a los miembros del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, resaltaron a través de un comunicado la importancia de contar con un Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia

“Consideramos, busca garantizar condiciones de vida digna a niñas, niños y adolescentes de nuestro país, promoviendo para ello un abordaje integral, abarcando todas las dimensiones necesarias para que vivan libres de violencia y de pobreza”, expresa la nota. Además, en otro punto consideran que el plan busca prevenir o revertir situaciones de violencia e indefensión, brindando protección a niñas, niños y adolescentes.

“Consideramos que se trata de una herramienta válida a través de la cual el Estado paraguayo y sus instituciones podrán coordinar y articular intersectorial e interinstitucionalmente sus acciones programáticas, a más de garantizar el cumplimiento de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

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