“El intendente Luis Yd es el administrador, él es el ejecutivo. Nada se hace sin que él autorice", sostuvo el abogado Rolando Aquino tras reclamar al Ministerio Público avanzar con imputaciones contra los responsables de autorizar y controlar la construcción del edificio derrumbado.

“Ante cualquier evento donde fallecen personas, donde hay por ejemplo una riña y termina con la muerte de personas, generalmente el fiscal ordena la detención e imputa al rollo para luego determinar quién es el responsable. Me llama la atención que a simple vista es patente la negligencia de los intervinientes”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.

Aquino ejerce la representación legal de Karen Alfonso, madre de la adolescente Montserrat Brítez, una de las víctimas fatales del derrumbe del edificio en Encarnación, ocurrido en la noche del pasado 2 de abril.

“Como mínimo se debió imputar ya por actividades peligrosas en la construcción a los responsables. Las víctimas esperan esto. La madre está muy devastada, su primera instrucción siempre fue que se haga justicia y que se le castigue a los responsables. El deseo nuestro es que se impute para luego determinar las responsabilidades conforme al rol que cumplió cada uno”, dijo el abogado.

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La construcción del edificio dividido en tres etapas inicialmente prevía una estructura de 3 pisos, sin embargo, hubo una segunda aprobación para elevar a 7 pisos y una última de un nivel más para subir a 8 pisos en total, todo esto, presumiblemente a base de documentaciones presentadas por los profesionales involucrados en la obra y sin verificaciones previas por parte de la Municipalidad de Encarnación que dictaminen el cumplimiento de los requerimientos para una edificación de esta envergadura.

“El hecho ocurrió el 2 de abril durante la noche y el 6 o 7 de abril, nosotros ya presentamos la denuncia penal que fue firmada por la madre por derecho propio. Hasta yo diría que en este caso se puede pasar del aspecto culposo de la conducta como mínimo al doloso. Se siguió esta obra con vicios y horrores“, mencionó.

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El presidente de la Junta Municipal de Luque, Enrique “Kike” Quintana, lleva adelante el proyecto de acercar servicios esenciales a diferentes barrios de su ciudad; en este marco, organiza jornadas de atención integral para la ciudadanía, con servicio en varias especialidades clínicas.

Para mañana viernes 25 de abril, de 8:00 a 11:30, se desarrollará una jornada de atención en la Cooperativa de Luque, y por primera vez contará con 80 médicos y 15 especialidades de manera gratuita.

Las especialidades que estarán a disposición son traumatología, urología, ginecología, pediatría, oftalmología, neumología, dermatología, clínica médica, kinesiología, podología, odontología y nutrición.

Además, se habilitarán 25 cupos para trámites de identificación, permitiendo a quienes lo necesiten renovar o gestionar por primera vez su cédula de identidad.

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“Estoy muy contento de que podamos acercar estos servicios directamente a los barrios, sin que la gente tenga que trasladarse largas distancias. Eso hace una gran diferencia en la vida de muchas familias”, refirió el presidente de la Junta Municipal.

Quintana indicó que estas jornadas seguirán en los diferentes barrios de la ciudad de Luque. “Lo más valioso es ver que la gente participa, que los servicios son aprovechados, y que realmente estamos respondiendo a necesidades concretas", aseguró.

Por último, reiteró que seguirán trabajando en todos los rincones de Luque, porque creen en “una ciudad más cercana, más justa y con oportunidades para todos”.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El oficial de Policía Augusto Oviedo Martínez (36), fue imputado esta tarde por la fiscal de la Unidad Penal No. 3 de Hernandarias, Nathalia Montanía, por homicidio doloso, según confirmó a La Nación/Nación Media, la asistente fiscal Teresa Báez.

Es en la investigación de la muerte de un presunto delincuente durante un enfrentamiento con el personal policial de la Comisaría 27, del barrio San Francisco de Hernandarias. El agente se encuentra con detención preventiva en la Dirección de Policía de Alto Paraná.

El fallecido es Alcides De La Cruz Lezcano Ortiz (45), nacido en Coronel Oviedo. El mismo tenía orden de captura por robo agravado y coacción sexual, emitida en el departamento de Caaguazú.

El mismo recibió un impacto de bala en la zona maxilofacial, lado izquierdo, con orificio de salida en el lado derecho, explicó la asistente fiscal Báez, en base a los datos recabados. Agregó que el policía también recibió una herida de refilón porque el disparo se produjo al forcejar con el presunto delincuente para desarmarlo, supuestamente.

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El relato señala que los policías estaban en un vehículo particular y persiguieron al hombre que estaba en motocicleta, por unas diez cuadras, del barrio San Francisco. Acto, seguido, alcanzaron al hombre, lo interceptaron en un camino vecinal y cayó, momento en el cual desenfundó su arma de fuego.

El personal policial que ya había descendido del vehículo, forcejeó con el hombre, intentando desarmarlo y en ese trance se produjo el disparo del arma del agente policial que mató al motociclista, según lo referido por la asistente fiscal Teresa Báez, de lo expuesto por el imputado.

Informó que se realizó la prueba pertinente de nitrito y nitrato, se solicitaron informes varios a la Policía Nacional para el esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo el fallecimiento, entre ellos, la comprobación del pedido de apoyo a las otras patrulleras que los policías realizaron, antes de alcanzarlo al luego fallecido, según la declaración.

El agente policial declaró ante la Fiscalía, acompañado de abogados de la asesoría jurídica de la Dirección de Policía de Alto Paraná. Esta mañana surgieron versiones contradictorias dentro de la Policía Nacional, aunque el primer dato conocido fue el forcejeo que terminó con la muerte de Alcides Lezcano Ortiz.

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