La campaña “Itaipú 2023, Causa Nacional” presentó hoy al contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, el pedido de informes sobre lo que consideran es una “deuda espuria” contraída por Paraguay como condómino de la Hidroeléctrica Binacional Itaipú.
Sostienen que tras el análisis del segundo informe de avance de la deuda de Itaipú realizado por el ente contralor, no ven razón alguna para no emitir sus conclusiones finales. Para acceder al informe íntegro, haga clic aquí.
Además aseguran que el trabajo realizado por Benítez está sustentado en documentación auténtica que lo respalda. De acuerdo con el análisis de la campaña, se demuestra que se aplicó una tarifa contraria al Tratado de Itaipú, por debajo del costo del servicio de electricidad.
Indican que el estudio sostiene que “sin considerar la acumulación de intereses, entre 1985 y 1996, Itaipú Binacional dejó de facturar US$ 1.785,2 millones por potencia contratada y energía entregada en un 98,5% a las subsidiarias de Eletrobras y a la Ande en un 1,5%”.
“Lo no pagado”
En ese sentido, alegan que ese monto no pagado por las citadas empresas eléctricas, resultaría “claramente una deuda a favor de Itaipú Binacional y la cifra está calculada y fundamentada en el segundo informe de avance de la CGR”.
“Lo no pagado por las citadas empresas eléctricas a Itaipú (US$ 1.785,2 millones, como se vio), más los intereses acumulados del 1%/mes, como corresponde, se llega a un total de US$ 4.084,1 millones de deuda (de las empresas eléctricas citadas a Itaipú) al 31/12/1996, tal como se puede calcular muy sencillamente”, indican.
Exigen conclusiones
La presidenta del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), Josefina Duarte, en representación de la campaña reitera la exigencia ciudadana a la Contraloría sobre las conclusiones de la auditoría, porque consideran que con los documentos que cuenta la CGR pueden culminar con un dictamen final para que sirva de elemento fundamental en las negociaciones y para conocimiento de la ciudadanía.
“Es muy importante el tema de la deuda. Hay informes preliminares en la Contraloría que dicen que la deuda es ilegal, que debía haber sido ya finiquitada en el pasado. ¿Qué le pedimos hoy a la Contraloría entonces? Que determine la conclusión final”, expresó la representante. “Nosotros exigimos un dictamen final de esta institución de manera de transparentar y tener elementos para la revisión del Anexo C”, concluyó Duarte.
Te puede interesar: Gastos sociales de las binacionales: Ejecutivo no descarta recurrir a la Corte