El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, anunció este miércoles que planteará a sus colegas de la bancada Honor Colorado eliminar los cupos de combustibles y seguro médico VIP del Presupuesto General de Nación para el 2025.

El legislador indicó que el plan de gastos para el próximo año será tratado en una sesión extraordinaria fijada para el jueves 28 de noviembre.

La Selección Paraguaya de Fútbol logró un histórico empate ante Bolivia este martes en la altura de El Alto, por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial Norteamérica 2026. De esa manera, la Albirroja hiló su sexto partido consecutivo sin perder y se mantiene invicto desde que llegó Gustavo Alfaro.

De la mano del estratega argentino, Paraguay no solo recuperó su identidad, sino que está consiguiendo resultados que lo mantienen en zona de clasificación al Mundial y además lo está ayudando a igualar algunas marcas que hace rato no podía.

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el pedido de desafuero del legislador de la concertación Rafael Filizzola. La solicitud fue realizada por la jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz en el marco de la causa por presunta lesión de confianza, que habría ocurrido cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior.

De acuerdo a la investigación se habría dado un perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, esto cuando se encontraba al frente del Ministerio del Interior.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, defendió el plan de gastos 2025 elaborado íntegramente por el gobierno del presidente Santiago Peña ante posicionamientos que sostienen que el presupuesto refleja una inoperancia y no presenta cambios significativos en relación con los anteriores.

Fernández Valdovinos dijo que la administración de Peña apunta a tener una evolución “ordenada, constante, permanente. Nosotros nos hemos caracterizado en términos económicos y sociales de tener políticas que son sostenibles en el tiempo”. Mencionó que en el plan de gastos previsto para el próximo año sí se observan cambios relevantes en las políticas que la población reclama, principalmente en las áreas de educación, salud y seguridad.

Este miércoles comienzan las obras del proyecto Arasy II en el marco del programa Che Róga Porã, impulsado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). El proyecto que se desarrolla en la ciudad de Luque contempla 50 unidades de 61 m2 cada una, contará con dos habitaciones, una sala, patio y estacionamiento.

“Estamos contentos porque nuestro programa va dando cada vez pasos más importantes para el logro de tener la casa propia”, destacó el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja. De esta manera Arasy II se vivienda que se suma a a los proyectos en ejecución.

• Por Juan Carlos Lezcano

El senador opositor Rafael Filizzola fue uno de los rostros de la supuesta marcha contra la impunidad y las injusticias que se inició el fin de semana en Caacupé. El legislador lleva más de una década sin responder ante la justicia por los hechos de corrupción por los que fue acusado.

Rafael Filizzola, exsenador y exministro del Interior de Paraguay, fue una de las figuras públicas que participó el lunes en una marcha contra la impunidad y la injusticia que se prevé continuar en distintos puntos del país. Las movilizaciones se iniciaron el fin de semana en Caacupé con un confuso objetivo si es por el acceso a la justicia o una medida de presión para el retorno de la expulsada Kattya González al Senado.

A simple vista, esta acción podría parecer un compromiso genuino con la causa ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas en un país donde la corrupción y la falta de justicia son problemas estructurales. Sin embargo, la participación de Filizzola en este evento resulta, cuando menos, irónica, considerando las circunstancias que rodean su historial judicial y las estrategias que ha empleado en sus procesos legales.

Filizzola enfrentó varias causas judiciales relacionadas con su gestión como ministro del Interior entre 2008 y 2012. Entre las más destacadas, figura el caso conocido como las “Comisarías de Oro”, donde se lo acusa de lesión de confianza por la adjudicación irregular de un contrato de más de G. 1.100 millones para la construcción y reparación de celdas en comisarías. Según los fiscales, estas obras no fueron concluidas, se realizaron pagos anticipados indebidos y se generó un perjuicio de más de G. 400 millones al Estado.

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A esto se suma el caso de la compra de helicópteros, en el que se lo acusa de irregularidades administrativas durante el proceso de adquisición. Aunque los detalles específicos de esta causa no son tan ampliamente conocidos como los del caso de las comisarías, ambos procesos han estado plagados de retrasos, apelaciones y controversias legales.

Lo que más llama la atención en las causas de Filizzola no son solo las acusaciones en su contra, sino las maniobras legales que han prolongado los procesos por más de una década. El uso de chicanas judiciales —estrategias legales destinadas a dilatar el avance de los casos— ha sido una constante. Incluso, en 2022, un juez declaró la prescripción del caso de las comisarías y sobreseyó definitivamente al exsenador. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema revirtió esta decisión en 2023, indicando que la causa no había prescrito y ordenando que se continúe con el proceso penal.

Además, en abril de 2024, la restitución de sus fueros por parte de la Cámara de Senadores generó indignación en amplios sectores de la sociedad. Esto permitió a Filizzola evitar ser llamado a juicio, al menos temporalmente, y provocó que el fiscal general del Estado presentara una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión.

En setiembre de 2024, las causas judiciales contra Filizzola han superado los diez años sin una resolución definitiva, y se encuentran pendientes de decisiones judiciales y posibles acciones legales adicionales

La participación de Filizzola en una marcha contra la impunidad no solo resulta contradictoria, sino también un ejemplo del doble discurso que tanto daño hace al sistema político y judicial de Paraguay. Mientras que públicamente se posiciona como un defensor de la justicia, en la práctica ha utilizado todos los recursos a su alcance para evitar enfrentarla plenamente.

La lucha contra la impunidad y la injusticia requiere de un compromiso real y coherente, no solo en palabras o apariciones públicas, sino también en los actos individuales. Resulta cuestionable cómo alguien que ha utilizado chicanas para prolongar procesos judiciales y que ha sido beneficiado por decisiones políticas que obstaculizan la justicia puede erigirse como un referente en una causa tan noble.

La participación de Rafael Filizzola en esta marcha pone en evidencia una desconexión entre el discurso público y la realidad de quienes deberían rendir cuentas ante la justicia. Esto no solo socava la credibilidad de quienes lideran estas causas, sino que también afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la posibilidad de construir un Paraguay verdaderamente justo.

Si Filizzola realmente desea luchar contra la impunidad, debería comenzar por dar el ejemplo, enfrentando de manera transparente y sin obstrucciones los procesos judiciales en su contra. Solo entonces, su participación en marchas como esta tendría el peso moral y ético que la causa exige.

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Este sábado 16 de noviembre se cumplen 23 años del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue tomada en el interior del parque Ñu Guasu y su liberación se registró 64 días después. En aquel año la palabra secuestro marcaba la agenda del país y las autoridades del Gobierno de entonces no pensaron que este hecho marcaría el comienzo del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

María Edith, quien para sus amigas era Nika, iba normalmente a realizar caminata en horas de la mañana en el parque Ñu Guasu y ese día no fue la excepción. En su recorrido diario pasó a buscar a su amiga Elizabeth Gunther de Niedhammer. Ambas no se imaginaban que la camioneta en la que estaban circulando era seguida por un grupo de delincuentes que perpetrarían el secuestro.

Luego de realizar la caminata correspondiente por el parque, María Edith y su amiga iban con normalidad hasta el estacionamiento, eran las 9:15 aproximadamente cuando de forma repentina y abrupta fueron sorprendidas por tres personas fuertemente armadas que de forma muy violenta hicieron subir a María Edith a su propia camioneta, mientras que la amiga fue separada de ella y los secuestradores se dieron a la fuga.

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Ante lo sucedido Elizabeth Gunther, amiga de María Edith, llamó de inmediato al esposo de la secuestrada, el ingeniero Antonio Debernardi, a comunicarle lo sucedido. El esposo de María Edith denunció el hecho y las autoridades iniciaron la investigación correspondiente.

Pasaron horas del secuestro y la fiscal de Luque Rosa Noguera realizó 20 allanamientos y la Policía Nacional realizaba sobrevuelos en helicóptero en las inmediaciones de Ñu Guasu. A las 11:00 del mismo día la Policía Nacional halló la camioneta de la víctima en cercanías del Club Internacional de Tenis, pero nada se sabía de la misma y sus secuestradores.

Pasaron 64 días y los secuestradores habían entregado las pruebas de vida a la familia que fueron dos fotos. Tras ese hecho se llevó a cabo el primer pago de USD 400.000 que se realizó el 14 de enero de 2002, mientras que el segundo para completar el dinero solicitado fue el 18 de enero del mismo año. El 19 de enero de 2002 Antonio Debernardi recibió la llamada esperada donde se le comunicaba que su esposa sería liberada.

Los secuestradores de María Edith hicieron que la mujer se vista con ropas de hombre. Le taparon los oídos con algodón y los ojos con curitas, le pusieron un kepis, lentes oscuros y la alzaron a un vehículo en marcha.

Posteriormente los secuestradores dejaron a la víctima sobre las calles Coronel Cabrera y Santa Teresa de Asunción, donde se encontró con su familia. María Edith pudo reconocer a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes del EPP, como los responsables del secuestro. Igualmente saltaron otros nombres que fueron procesados por el mismo hecho.

José Tomás Rosa, su esposa Nidia Espínola y De los Santos Saldívar fueron los primeros condenados por el caso. Rosa fue asesinado en enero del 2011. Por su parte, Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Meza Martínez fueron condenados a 18 años de prisión. Sin embargo, siguen prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes actualmente están refugiados en Finlandia.

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“Si uno entierra a su hijo, ahí termina el calvario. Yo, por ejemplo, cuando entierre a mi hijo sabré dónde está, podré ir a visitar esa tumba, y estaré en paz, pero nosotros hasta hoy nunca podemos hacer algo así, porque hasta ahora no sabemos dónde están los restos de mi hijo, o si está vivo o muerto”, reflexiona dolida la madre de Edelio Morínigo, doña Obdulia Florenciano, en conversación con La Nación / Nación Media.

Esa es la realidad que ella vive, una realidad dolorosa. Su indignación es entendible porque un día como hoy, hace dos años, Carmen Villalba, la mujer considerada miembro clave del grupo criminal autodenominado como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), tuvo el privilegio de dar el último adiós a su hermano Osvaldo Villalba, líder del EPP. Recordemos que este grupo criminal es el responsable de varios secuestros en nuestro país, de los cuales, de tres víctimas no se sabe nada: Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis.

Osvaldo Villalba, junto con Luciano Argüello y un hombre indígena con el alias de Simón, fue abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta en el marco de un operativo que se realizó el domingo 23 de octubre del 2022, en Cerro Guazú, departamento de Amambay. Tras la autopsia correspondiente, el cuerpo fue entregado a los familiares y ese 25 de octubre de 2023, el féretro llegó hasta la intersección de las avenidas Mariscal López y Choferes del Chaco, paralizando no solo tránsito asunceno sino la tarde paraguaya.

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Tras la negativa de las autoridades de que la reclusa Carmen Villalba pueda salir para participar de la inhumación de su hermano, por ser considerada presa peligrosa, comenzó el trabajo de los abogados para que el féretro pueda ingresar a la penitenciaría. Los abogados como de la familia Villalba comenzaron a presionar para que se diera el ingreso de los restos del líder del EPP a la cárcel del Buen para que Carmen pueda despedirse de su hermano.

El ingreso inmediato se vio truncado y empezó el ir y venir de manera casi circense del féretro que se “paseó” entre el cementerio de la Recoleta hasta el portón de ingreso del centro de reclusión, en más de una ocasión, en medio de gritos de familiares y bocinazos.

A la confusión ciudadana por el cierre de las arterias, las altas temperaturas, los gritos de familiares, se sumó una amenaza de motín por parte de algunas reclusas. Tras esto se activaron las alarmas de las autoridades del Ministerio de Justicia y autorizaron el rápido despliegue de seguridad, que terminó por completar el escenario de esta atípica jornada de la historia nacional.

Si bien inicialmente las autoridades del Ministerio de Justicia se negaron y parecían que mantendrían la negativa para evitar el acceso del féretro, posteriormente, y tras la presión, decidieron doblegarse y acceder a la petición de Carmen Villalba y los abogados de la familia. Así, permitieron que el féretro acceda por varios minutos al penal del Buen Pastor, para posteriormente dirigirse en medio de una breve caravana hasta el cementerio de la Recoleta.

El hecho generó una indignación generalizada debido al poder que demostraron seguir ejerciendo los Villalba sobre las autoridades en ese momento. El EPP hasta el día de hoy tiene en su poder a tres secuestrados: al oficial Edelio Morínigo, al exvicepresidente Óscar Denis y al ganadero Félix Urbieta, además de cargar con la muerte de varias personas.

Los comentarios en redes sociales fueron tajantes en contra de permitir que una reclusa de alta peligrosidad pueda acceder a un privilegio tal, con mínimas medidas de seguridad y casi sin previa preparación. Autoridades de diferentes estamentos se pronunciaron desaprobando la manera en que el gobierno de Mario Abdo Benítez actuó en ese momento.

Nada fue más doloroso como ver el rostro de desconcierto de los familiares de quienes aún no han regresado a sus hogares por ser víctimas del EPP y que siguen esperando dar un abrazo, o quizás, una despedida a su ser querido.

“Hoy murió la razón, cuánto dolor me causas, mi querido Paraguay; en estos casos vale la pena que nuestro mensaje llegue fuerte y claro a aquellas mentes abiertas y empáticas que puedan sentir nuestro dolor y nuestra desazón. Les pedimos que escuchen nuestro mensaje, hoy murió la razón, el sentido común, el deseo de hacer bien las cosas y de buscar la paz”, era parte del mensaje que daba una desconsolada Lilian Urbieta, a quien se la veía sola en una mesa clamando por un poco de empatía.

Durante este discurso, miles de paraguayos vieron a una hija que sigue esperando a un padre que le fue arrebatado, una mujer que clamaba por Justicia, por una respuesta, una joven paraguaya que, al igual que muchos, era víctima. Y ese día sintió que no estaba al mismo nivel que una mujer condenada por crímenes graves en contra de sus propios compatriotas, quien sí tuvo el privilegio de decir adiós a su familia.

Con la noche de por medio y ya luego de las decisiones políticas, como la destitución de quienes permitieron el acceso del féretro de Osvaldo Villalba al penal del Buen Pastor, las hijas del expresidente Oscar Denis brindaron una declaración pública, no menos dolorosa que la de cualquier otro familiar, víctima de un grupo armado que mantiene en zozobra a familias inocentes y, aún así, continúan actuando a su voluntad.

“El golpe de ayer para nosotros fue muy duro, nos dieron una bofetada más y bastante fuerte. Hoy nos levantamos de nuevo porque esa es la lucha, en cada caída volver a levantarse, en cada golpe volver a luchar, resistir. Hoy nuevamente de pie y con más fuerza aún para exigir al Gobierno resultados, que es que vuelvan los tres”, indicó Beatriz Denis.

Hoy, a dos años de aquel suceso que marcó la historia de los secuestros en nuestro país, la búsqueda de estas tres personas continúa activa por parte del gobierno. Actualmente existe una recompensa millonaria aprobada por el presidente Santiago Peña por información certera que permita localizar a los integrantes del citado grupo criminal.

Recientemente, las hermanas Carmen y Laura Villalba fueron trasladadas de penitenciaría y guardan reclusión bajo el régimen de máxima seguridad en la cárcel de Minga Guazu, donde reciben apenas dos horas al día de receso vigilado y a solas fuera de celda.

• Osvaldo Villalba fue abatido por la Fuerza de Tarea Conjunta durante un operativo en Cerro Guazú, el domingo 23 de octubre del 2022.
• El martes 25 llegó su féretro hasta el Buen Pastor para que su hermana Carmen Villalba, recluida en el lugar, pueda darle el último adiós.
• La intención clara tanto de los abogados como de la familia Villalba era que se diera el ingreso de los restos del líder del EPP de manera inmediata, pero esto no pasó.
• Tras varios minutos de resistencia por parte de las autoridades, y tras una amenaza de motín, finalmente ingresó el féretro al Buen Pastor, causando una oleada de indignación ciudadana y el dolor inconmensurable de los familiares de víctimas de secuestro que aún no volvieron.

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