La diputada Kattya González (PEN) cuestionó el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que pretende la incorporación de los fondos destinados a los gastos socioambientales de las hidroeléctricas, Itaipú y Yacyretá, al Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN). La legisladora expresó que los 100 millones de dólares deben ser invertidos en escuelas y hospitales, y no en fiestas, asados y amantes.
“El presidente Abdo Benítez vetó la ley que buscaba incorporar los gastos sociales de las binacionales al presupuesto nacional. Son 100 millones de dólares que se utilizan para pagar favores políticos sin control alguno. Nosotros queremos que ese dinero vaya a las escuelas y hospitales, y no más para pagar fiestas, asados y amantes”, sentenció.
Agregó que la propuesta sancionada en el Congreso Nacional, semanas atrás, no lesiona la Constitución ni los tratados internacionales. “Dejen de vender espejitos, que ustedes de control y transparencia tienen muy poco”, sostuvo.
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Al respecto, señaló que se inició una campaña que involucra a la ciudadanía con el fin de sumar fuerzas y mediante las manifestaciones revertir el veto de Abdo Benítez en ambas cámaras del Congreso, alegando que es inconcebible la postura del mandatario.
“Hoy iniciamos la campaña: Nosotros rechazamos el veto y te invitamos a ayudarnos etiquetando a 23 senadores y 41 diputados. El veto a la ley que incorpora los gastos socioambientales de Itaipú y Yacyretá es inconcebible. Ya basta Marito, la paciencia colectiva tiene un límite”, manifestó.
Postura del Poder Ejecutivo
El Ejecutivo se basa en la naturaleza jurídica de las entidades binacionales, las facultades de los socios y la preeminencia de los tratados internacionales. Al respecto, el jefe del Gabinete y coordinador del equipo de revisión del Anexo C, Juan Ernesto Villamayor, fundamentó el veto del Ejecutivo, teniendo en cuenta que en el ordenamiento jurídico paraguayo los tratados están por debajo de la Constitución y por encima de las leyes de menor jerarquía como es el caso. “Nuestra estructura jurídica obliga a reconocer los componentes de los anexos A, B y C”, sostuvo.
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