El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dio a conocer su veto a la incorporación de fondos destinados a los gastos socioambientales de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá al Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN). El Ejecutivo dio un veto total al proyecto de Ley Nº 6.640/2020 impulsado en el Poder Legislativo. Se basa en la naturaleza jurídica de las entidades binacionales, las facultades de los socios y la preeminencia de los tratados internacionales.
El jefe del Gabinete Civil y coordinador del equipo de revisión del Anexo C, Juan Ernesto Villamayor fundamentó el veto del Ejecutivo teniendo en cuenta que en el ordenamiento jurídico paraguayo, los tratados están por debajo de la Constitución y por encima de las leyes de menor jerarquía, como es el caso. “Nuestra estructura jurídica obliga a reconocer los componentes de los anexos A, B y C”, sostuvo.
“Aceptar que por una decisión jurídica unilateral de cualquiera de los socios componentes del condominio, llámese Itaipú o Yacyretá, cualquiera de las partes pueda extraer o tomarse la atribución en forma unilateral, decidir el modo del destino de sus fondos implica automáticamente facultar a la otra parte a hacer lo mismo con cualquiera de los componentes de sus anexos”, dijo sobre la implicancia con los socios Brasil y Argentina.
Binacionales y su inversión en gastos sociales y de salud
Indican que se invirtieron más de US$ 60 millones en el mejoramiento de la atención de salud de paraguayos. Cerca de 400 mil personas fueron beneficiadas en atención de salud a través de más de 80 unidades de salud de la familia. Se donaron insumos, equipos hospitalarios de protección médica para la lucha contra el COVID-19 por aproximadamente US$ 20 millones.
Se construyeron obras superando los US$ 60 millones, incluyendo la construcción de los dos nuevos puentes, aseguró Villamayor. Informó que se invirtieron más de US$ 25 millones para reforzar sistemas eléctricos, inversiones realizadas en la conexión del sistema.
No renuncian a la transparencia
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, informó acerca de la pretensión del Ejecutivo de proponer una disposición legal para adecuar la legislación, pero de manera conjunta con el otro socio, que es Brasil. Básicamente sería disponer que las inversiones y los gastos realizados por las entidades binacionales se rijan por convenios, con los organismos y entidades del Estado, y que estos lo incorporen a sus presupuestos propios. Se debe establecer claramente el objeto de los convenios (bienes o servicios o servicios a ser adquiridos con los recursos, el monto, entre otros), indican.
En Brasil prevalece el Tratado
Las disposiciones del Tratado de Itaipú y sus anexos prevalecen sobre las prescripciones de las leyes brasileñas, reconoció el plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil el pasado viernes 4 de setiembre. En un fallo considerado histórico, este reconocimiento por parte de las máximas autoridades judiciales es fundamental para la defensa de la naturaleza jurídica de la entidad en todos los ámbitos del poder público, indican.
De acuerdo con la dirección jurídica de la margen brasileña, se trata de una de las victorias judiciales más relevantes en la historia de la entidad. La sentencia dictada sobre las Acciones Civiles Originarias (ACO) 1.904, 1.905 y 1.957 del pleno del STF, desestimaron por unanimidad todas las solicitudes realizadas por el Ministerio Público Federal en las demandas sobre la observancia de la ley brasileña de licitaciones y contrataciones.
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