La Cámara de Diputados analizará mañana el proyecto de ley que proviene del Ejecutivo, que establece una línea de US$ 25 millones para el sector campesino como una medida de reactivación económica ante la crisis sanitaria por el COVID-19.
El proyecto de ley no cuenta con dictamen de la Comisión de Presupuesto, del estamento, pero podría ser analizado si la plenaria durante la sesión ordinaria se constituye mañana en comisión, informó el diputado colorado Tadeo Rojas.
La solicitud de acelerar el tratamiento del documento fue realizada por el propio jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, con el fin de desactivar la marcha campesina que se dio días atrás en la ciudad de Asunción. La iniciativa figura en el punto 5 del orden del día.
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El proyecto de ley ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y en el caso de ser analizado y sancionado, pasará al Ejecutivo para su promulgación. Abdo Benítez incluso solicitó el acompañamiento a la propuesta en Diputados, y estableció la línea de acompañar el documento a los legisladores de su sector político Colorado Añetete.
“Nosotros consideramos que este es un proyecto clave para que podamos avanzar con la recuperación económica. En caso de ser aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, pasaría al Ejecutivo para ser promulgado y ya comenzarían los desembolsos”, había dicho el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas.
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Proyecto de ley de armas plantea un registro nacional de portación
En la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, se analizó la iniciativa sobre el uso y la tenencia de armas de fuego. Se trata del proyecto de ley “de armas de fuego, sus componentes, municiones y sus componentes, accesorios controlados, explosivos, accesorios explosivos, precursores químicos de explosivos, afines de explosivos y artículos pirotécnicos”, que ya cuenta con la media sanción del Senado.
La comisión asesora, bajo la presidencia del diputado Pedro Ortiz, se reunió con el titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), Melanio Servín, con quien se analizó la propuesta y los alcances de una posible nueva reglamentación para el uso y tenencia de armas de fuego.
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La propuesta que pretende una modificación total de la ley 4036/2010, “que regula las armas de fuego, sus componentes, municiones y explosivos”, cuenta con 289 artículos. Uno de los principales puntos de este proyecto es la creación de un Registro Nacional de Portación de Armas de Fuego, que dependerá de la Policía Nacional, manteniendo su rol actual como autoridad competente para inscribir a las personas que cumplan con los requisitos legales para portar armas.
También establece la disposición de materiales incautados a favor de los órganos de seguridad y se fortalece el organismo de aplicación, la Dimabel, que pasará a denominarse Dirección General de Material Bélico (Digemabel)
Para un mayor estudio y debate, la comisión asesora convoca a una audiencia pública que se desarrollará el próximo lunes 11 de noviembre, a partir de las 08:00, en el Salón Comuneros de la Cámara Baja, en la que fueron invitadas diversas entidades del Estado, además del sector privado y el sector civil, refiere el informe de la Cámara Baja.
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Proyecto de ley plantea aporte obligatorio para el INCAN
En la Cámara de Diputados se encuentra en estudio de las comisiones asesoras un proyecto de ley que pretende aplicar la obligatoriedad de pagar un aporte para el tratamiento del cáncer, esto dirigido al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN). Esta iniciativa fue analizada en una mesa de trabajo promovida por la Comisión de Legislación y Calificación.
El proyecto de ley establece un aporte de USD 5 por cada asegurado básico y USD 10 por cada asegurado premium o similares de las empresas prestadoras de seguro médico privado, además del aporte de USD 5 por cada asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS). También establece la obligatoriedad de que estos fondos sean destinados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – INCAN.
“Estos aportes se destinarán exclusivamente al financiamiento del objeto de gastos 352, que corresponde a la compra de medicamentos oncológicos y a las actividades previstas en la Ley N° 6.266/18 - de atención integral a las personas con cáncer”, refiere la argumentación del proyecto.
Seguidamente, se agrega que “la implementación de estos aportes proporcionará una fuente de ingresos constante y predecible para el INCAN, lo que permitirá planificar y ejecutar programas de atención y tratamiento de manera más eficaz y eficiente”.
El presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, diputado Jorge Ávalos Mariño, destacó la importancia de este espacio de diálogo, ya que participaron representantes de empresas de medicina prepaga y representantes del Instituto de Previsión Social (IPS), y legisladores integrantes de la comisión asesora.
“Hemos invitado a representantes de la Cámara Paraguaya de Medicina Privada, que están directamente vinculados a este proyecto; y también a referentes del IPS. En otra oportunidad estuvimos con médicos y vamos a ir ampliando el debate para escuchar todas las opiniones y después poder poner a consideración del pleno”, refirió el diputado.
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“Peña no está en ningún proyecto para plantear la reelección”, afirmó Latorre
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se refirió acerca de la postura oficial respecto a las especulaciones sobre una posible reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial. Enfatizó que el presidente Santiago Peña no tiene ningún proyecto en ese sentido.
“El presidente Santiago Peña no está en ningún proyecto para plantear la reelección”, afirmó, agregando que mantuvo una conversación con el mandatario durante la Semana de la Energía, al respecto, con el objetivo de interiorizarse y así también descartar la instalación de la idea de una reelección presidencial.
El titular de la Cámara Baja puntualizó que las declaraciones del presidente, en torno a posibles modificaciones dentro de la Constitución se refieren al fortalecimiento de la descentralización para que los municipios cuenten con más recursos, lo cual se puede aplicar con una enmienda y no necesariamente a través de una reforma.
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Enmienda, no reforma
Peña defendió en los últimos días la necesidad de modificar la Constitución, vía enmienda, para permitir que los intendentes municipales queden con el 100 % de los tributos que recaudan para invertir en sus comunidades. Actualmente, el 30 % de lo recaudado tiene que transferirse a la gobernación o a otro municipio.
Esto había formado parte de un acuerdo mantenido entre el Ejecutivo y los intendentes del país, en el marco del programa Hambre Cero. Por otra parte, Latorre aseguró que, personalmente, tampoco contempla reelección alguna: “no estoy en un proceso o en un proyecto para plantear la reelección en este momento”.
El legislador aclaró que el tema no ha sido sometido a debate en el Comando Nacional de Honor Colorado. Reconoció la posibilidad de analizar la propuesta en el futuro, como parte del debate sobre políticas electorales, pero de manera categórica aseguró que no constituye una agenda actual.
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No prosperó intento de eliminar CBI antilavado
La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, rechazó el proyecto de resolución que deroga la resolución que crea la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de hechos punibles de lavado de activos, contra el Estado, contrabando y otros delitos conexos, anulando las diligencias realizadas.
“Como integrante de la Comisión Bicameral debo comentar que hemos trabajado objetivamente, no hemos dictaminado nada aún, hasta ahora solo escuchamos a las personas, a la ciudadanía”, expresó el diputado Rodrigo Gamarra sobre la propuesta; el parlamentario fue proyectista de la creación de la CBI.
El objetivo central había sido analizar el nivel de transparencia sobre los fondos públicos desembolsados a Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y la manera en la que utilizaron dichos fondos. Gamarra puntualizó que se pudo observar cómo varios actores políticos fueron financiados por las ONG.
“Hay informaciones que nos pasan los invitados, pero aún no dictaminamos para que no digan que hacemos persecuciones. Este pedido de derogación es infundado”, sentenció y catalogó además como absurdas ciertas denuncias sobre el estamento, al considerarlo como una herramienta antidemocrática.
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Pasa al archivo
La diputada Rocío Abed también se refirió en torno al proyecto, asegurando que “muchos no quieren que se destape la olla”. Consideró también como ridículo usar frases rebuscadas para intentar desacreditar el trabajo de la comisión, sobre la cual ratificó su nivel de constitucionalidad.
Tras la correspondiente votación sobre la propuesta de derogación, el documento no reunió los votos suficientes para su aprobación, siendo finalmente rechazado y archivado. Los parlamentarios del sector opositor, quienes apelaban a la derogación de la CBI, cuestionaron la legalidad de la comisión.
El proyecto que pretendía la derogación, en su exposición de motivos, afirma que no eran cumplidas las formalidades requeridas en la Ley N° 137/1993, y por la propia Carta Magna, debido a que no fue determinado, de manera clara, qué hechos iban a ser investigados.
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