El Gobierno nacional ha reali­zado una acción extraordina­ria en la entrega de títulos de propiedad a los campesinos por tan gran cantidad en poco tiempo, que ha roto todos los esquemas ante­riores. Mediante ello ha beneficiado a miles de personas que esperaban obte­ner los documentos que los consagra como propietarios de un pedazo de tie­rra, como establecen las normas de la reforma agraria. La acción de las autori­dades actuales del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) tiene un tinte revolucionario, en el sen­tido de provocar un cambio profundo en las estructuras de la institución para favorecer a las personas del campo que soñaban con tener la tierra propia y no podían por los impedimentos existen­tes y la exagerada lentitud burocrática anterior.

Para tener una idea de lo acontecido vale la pena señalar que desde el 15 de agosto de 2023 en que asumió el gobierno San­tiago Peña hasta las primeras semanas de este diciembre se produjeron 7.500 títulos de propiedad de la reforma agraria a través del Indert. Esto hay que compa­rarlo con la gestión del gobierno anterior que lograba titular 927 inmuebles por año, lo que representa un aumento del 709 % en el tiempo que llevan al frente del país las actuales autoridades

La inversión en titulación de tierras del gobierno de Santiago Peña desde el 15 de agosto de 2023 es un 56,47 % superior a la realizada durante toda la administración anterior, en cinco años, lo que da una idea exacta del trabajo de gran nivel alcan­zado por las actuales autoridades. Esto quiere decir que, en apenas un año y cua­tro meses, mediante una excelente ges­tión, este gobierno ha invertido muchí­simo más que el equipo gubernamental que se fue.

Hay más datos reveladores de la dimen­sión de la tarea que está haciendo la ins­titución agraria. El gobierno anterior, en cinco años de trabajo invirtió el equi­valente de 255 millones de dólares a tra­vés del Indert, mientras que la admi­nistración actual lleva invertidos 399 millones de dólares en lotes titulados desde agosto de 2023 hasta los primeros días de este mes.

Las comparaciones entre lo que está rea­lizando actualmente el Indert y lo que se ha hecho con anterioridad son muy elo­cuentes porque revelan con la indiscutible fuerza de los números el extraordinario trabajo que está llevando a cabo la admi­nistración actual. La cantidad de títulos de propiedad entregados a las personas de zonas rurales estimula el ansia de trabajo de los labradores y se irá viendo también en el bienestar de los mismos.

Una de las medidas que favorece la entrega de tierras es que el Gobierno redujo la tasa de interés por el fraccio­namiento en el pago de los lotes. Para las mujeres redujo del 12 % al 0 %, a 15 años de plazo, y para los hombres se dismi­nuyó del 12 % al 4%, a 10 años de plazo. Con esta decisión declinó fuertemente la morosidad y aumentó en gran medida el porcentaje de títulos a nombre de las mujeres. Anteriormente, el 70 % de los lotes se entregaba a los hombres y solo el 30 % a las mujeres, cosa que ha cambiado sustancialmente, pues ahora cerca del 60 % de los títulos que se expiden están a nombre de personas del sexo femenino. Esta estrategia busca fomentar el arraigo campesino y el acceso privilegiado a las mujeres en busca de una mayor equidad de género.

Fuentes estatales explicaron que el impacto de la titulación de tierras es el arraigo. Esto porque permite tener otros beneficios que se otorgan desde los orga­nismos estatales, como las viviendas sociales, el acceso a energía eléctrica, la construcción de escuelas y hospitales en las colonias que están formalizadas. La titulación de tierras hace que los campe­sinos tengan inclusión financiera y social, pues les permite obtener créditos en con­diciones favorables, lo que se traduce en mayores ganancias y aumento en la pro­ducción.

La tarea del Gobierno, a través del Indert, está marcando profundamente la vida de la población rural, pues no solo favorece la rápida obtención de los títulos de pro­piedad. También permite que los cam­pesinos puedan hacer negocios en el cir­cuito financiero en el que jamás podrían haber ingresado en situaciones pasadas.

A través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) el Gobierno ha podido ejecutar “la revolución de entrega de tierras”, apuntando a la regularización de estos inmuebles a favor del sector campesino. Asimismo, recordaron que bajo esta administración, finalmente se dispuso una política a favor de las mujeres.

“Si uno toma estos inmuebles que estaban a los efectos de la reforma agraria con el valor que tenían cuando se compraron, estaban alrededor de G. 10.000 o de G. 300.000 por hectárea, si actualizamos al valor de mercado, estamos hablando de los 7.500 títulos, eso significa USD 400 millones de política pública al valor actual de mercado”, expresó Francisco Ruiz Díaz, titular del Indert.

En el programa “Arriba Hoy”, emitido por GEN/Nación Media, el presidente de la mencionada institución explicó que en lo que va de este periodo se entregaron 7.500 títulos de propiedad, inmuebles que al tasar su valor al precio de mercado, ascienden a USD 400 millones. No obstante, dejó en claro que los títulos no contemplan el precio actual, sino el monto por el cual se adquirió.

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“El promedio de entrega anual eran 900 títulos, el presidente cerró los 12 meses de su gestión entregando la misma cantidad de títulos que entregó la administración anterior en los cinco años”, resaltó Ruiz Díaz. Asimismo, recordó que bajo la gestión de Santiago Peña también se redujo a 0 % la tasa de interés a favor de las mujeres para titulación de tierras.

Esto último, teniendo en cuenta que la propia reforma agraria que data de 1917, establece que deben existir políticas que hagan posible que las mujeres tengan la posibilidad de ser propietarias de estas tierras, en igualdad de condiciones que los varones, pero lastimosamente esto no se daba y las mujeres quedaban rezagadas en este aspecto.

“A la mujer se le daba tierras a costos mucho más altos que al varón, entonces eliminamos la tasa de interés, dejamos 4 % para los varones y las mujeres fijamos en 0 %. Hay una política social muy fuerte y lo vamos a seguir haciendo los próximos años”, afirmó.

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En estos 106 años de vigencia de la reforma agraria, el Estado adquirió 4 millones de hectáreas sin embargo. “Por más de un siglo se compraron tierras y no se le entregó a los campesinos”, cuestionó Ruiz Díaz e indicó que solamente se habían entregado el 5 % de estas tierras. “Eso es condenarlos al atraso y principalmente al sector rural”, sentenció.

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la ley N.° 7.383 “que establece permisos especiales para trabajadoras en estado de gestación”. Esta iniciativa fue sancionada por el Congreso en noviembre pasado y tiene el objetivo de proteger y blindar a las mujeres trabajadoras en estado de gravidez.

“Damos un paso importante en la protección de las futuras madres paraguayas, asegurando que puedan acceder a controles prenatales esenciales para su salud y la de sus hijos, sin poner en riesgo su estabilidad laboral”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales al anunciar su decisión de promulgar esta ley.

Mediante este documento se contempla que las mujeres embarazadas tienen derecho a ausentarse de su lugar de trabajo, tanto del sector público como privado, durante el tiempo que tome concurrir a las consultas de control, rutina o estudios adicionales durante el embarazo. Estas ausencias se computarán como días trabajados a los efectos legales, no pudiendo ser descontados del salario o remuneración.

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“Este Gobierno se encuentra comprometido con la protección de la maternidad en todas sus facetas. Esta ley permitirá que las futuras las madres paraguayas accedan a controles que garanticen su salud y la de sus hijos sin comprometer sus espacios laborales. ¡Celebramos este paso para proteger los derechos laborales de las mujeres de todo el país”, añadió el jefe de Estado.

Esta legislación también establece aspectos de protección a las mujeres en caso de muerte gestacional o neonatal y establece periodos de duelo perinatal y neonatal, además como licencia parental compartida. Además se contempla la implementación del Código Mariposa como protocolo para el buen abordaje antes los casos de muerte gestacional. El Código Mariposa contempla en dar acompañamiento y atención a madres que tuvieron una muerte gestacional.

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Con base en datos oficiales, en este material se ofrece un análisis de las promesas realizadas en la campaña electoral del presidente Santiago Peña y el nivel de avance de las mismas, en ejes clave como seguridad, vivienda, empleo y otros.

• Por Nadia Denis
• nadia.denis@nacionmedia.com

En este cierre de 2024, se cumple 1 año y 4 meses de la asunción de San­tiago Peña a la Presidencia de la República del Paraguay, por lo que La Nación/Nación Media realiza un balance de los compromisos asumidos por el mandatario y el estado en el que se encuentran en la actualidad.

El artículo fue elaborado con base en datos oficiales pro­porcionados por el Gobierno y permitirá al lector conocer qué nivel de avance tiene cada promesa realizada en cam­paña por el presidente, en ejes clave como seguridad, vivienda, empleo y otros. Para usted, ¿Peña cumplió?

“En Paraguay miles de fami­lias destinan una parte impor­tante de sus ingresos pagando un alquiler, un pesado gasto mensual que les impide pro­gresar”, afirmó el presidente comprometiéndose a impul­sar un programa que permita a la clase media poder pagar una vivienda propia a cuotas que se acerquen al monto de un alquiler.

De esta forma nació Che Róga Porã, una promesa cumplida desde el punto de vista del impulso del programa, si bien hasta la fecha aún no se ha inaugurado ninguna vivienda en este marco. Son 286 vivien­das reservadas y con crédito del sector privado preapro­bado para su construcción. Para la implementación de este plan se logró fijar una tasa del 6,5 % y créditos de hasta G. 500 millones a un plazo máximo de 30 años.

“Las personas con disca­pacidad tienen los mismos derechos que todos, en mi gobierno vamos a cuidarlos y apoyarlos para que también estén mejor, lo vamos a hacer con menos burocracia e incor­porando tecnología”, prome­tió Santiago Peña.

Recientemente presentó el primer “Atlas sobre la Disca­pacidad del Paraguay”, impul­sado por varias instituciones con apoyo del Banco Inte­ramericano de Desarrollo (BID), que consiste en una plataforma que unificará todos los datos de institucio­nes públicas, organizaciones privadas y sin fines de lucro sobre las 299.839 personas con discapacidad en el Para­guay. A partir de esta base de datos se podrán encausar políticas públicas certeras para este segmento que repre­senta el 5,3 % de la población, confirmó el director del INE, Iván Ojeda.

Por otro lado, firmó el decreto que reglamenta la Ley n.° 6940/22, una normativa fun­damental en la lucha contra el racismo y la discrimina­ción en el país. Esto marca el reconocimiento y dignifica­ción de la población afrodes­cendiente paraguaya, que ha enfrentado históricamente la exclusión social y el racismo. Este marco legal establece mecanismos para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia las per­sonas afrodescendientes, un paso crucial en la lucha por la igualdad y los derechos huma­nos en el país.

En lo que respecta a la tercera edad, una promesa en proceso de ser cumplida es la univer­salización del acceso a la pen­sión y se estima que para el 2027 la totalidad de este sector estará cobrando este haber. Los adultos mayores elegibles, según la normativa 7322/2024, accederán a una pensión mensual no menor al 25 % del salario mínimo legal vigente, equivalente a apro­ximadamente G. 700.000. El monto se reajustará auto­máticamente, conforme a la variación del salario.

La ley también beneficia a las familias indígenas, en cuyo caso la pensión será univer­sal a partir de los 50 años. Por otra parte, las personas entre 60 y 65 años también podrán acceder al beneficio en casos de discapacidad severa, constatada y certificada por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapaci­dad (Senadis).

En la Itaipú Binacional se ha logrado un acuerdo tari­fario de USD 19,28 hasta el 2027 con el Brasil y tam­bién se concretó la posibili­dad de exportar energía de otras fuentes al mercado bra­sileño, resultados positivos para esta administración.

El nuevo precio de la tarifa durante tres años generará alrededor de USD 280 millo­nes de ingresos por royal­ties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, tota­lizando USD 1.250 millones anuales. Aún está pendiente la renegociación del Anexo C, lo que definirá el futuro de los próximos 50 años de esta empresa binacional y de ambos países.

Las propuestas en torno a solucionar la situación finan­ciera de la Entidad Binacio­nal Yacyreta (EBY) aún están pendientes. Si bien se han obtenido históricos desem­bolsos por parte de Argentina, el incumplimiento por cesión y uso de energía por parte del vecino país todavía imposi­bilita que la hidroeléctrica adquiera estabilidad.

Una promesa en marcha es la duplicación de los agen­tes de la Policía Nacional. El Gobierno se trazó como meta la incorporación de 5.000 policías por año, los que sumarán 25.000 al tér­mino de esta administración en agosto de 2028.

Para el próximo 19 de diciem­bre está previsto el egreso de los primeros 5.000 policías que pasarán a prestar servi­cios directamente en comi­sarías de todo el país, sumán­dose al esfuerzo diario contra el crimen organizado y las estructuras delictivas, for­taleciendo la seguridad en la vía pública.

La reducción de precios del combustible es una compresa cumplida de Santiago Peña, quien durante este gobierno ha anunciado en 7 oportuni­dades la disminución de esta materia prima fundamental para el desarrollo del país.

De esta forma, Petróleos Para­guayos (Petropar) redujo en total G. 1.550 el precio de las naftas desde agosto de 2023 a la fecha. También redujo el precio del gas y se mantiene desde el 15 de noviembre en G. 6.500 por kg. Al combustible, se sumó la reducción del pre­cio del cemento, beneficiando al sector de la construcción y al consumidor final.

Un menor precio en los pro­ductos de la canasta básica también fue un compro­miso de Peña; no obstante, el último reporte del Banco Central del Paraguay (BCP) reportó incrementos de pre­cios en bienes alimenticios, por lo que este punto aún es una materia pendiente para el Gobierno.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Esta­dística (INE) hubo una reduc­ción de la pobreza al compa­rar los datos entre el 2022 y 2023. Previamente, el nivel de pobreza ocupaba el 25,5 % de la población y este descendió al 22,7 %, esto incluye a perso­nas que no llegan a un ingreso diario per cápita de al menos G. 26.000.

En cuanto a la pobreza extrema, que alberga a quie­nes no llegan a los G. 12.000 al día, las cifras arrojan tam­bién una leve disminución. Del 6,1 % registrado previa­mente, al 2023 se contabi­lizó que 4,9 % de los habitan­tes del país se encontraban en esta situación, porcentaje que representa a 269.000 personas. Los compatrio­tas en situación de pobreza y pobreza extrema suman 1.330.000.

Un hecho destacado es la reducción de intereses para pequeños agricultores, de 12 a 4 % a varones y de 12 a 0 % a mujeres.

Si bien la promesa del presi­dente de reducir la pobreza está en marcha, aún queda mucho trabajo por delante ya que a la fecha todavía existe un gran número de paragua­yos que no alcanza el mínimo de ingresos diarios.

La generación de 500.000 puestos de trabajo es una de las apuestas más fuertes del gobierno de Peña, la meta es ambiciosa y a la fecha los datos del Viceministerio de Empleo señalan que en este periodo 43.324 personas han ingre­sado por primera vez den­tro del sistema de protección social. Cabe destacar que esto no incluye al sector del emprendedurismo.

El combate a la informali­dad es clave para llegar a la meta de los 500.000 puestos de trabajo manifestó la vice­ministra de Empleo, Verónica López, a La Nación/Nación Media, y agregó que deben contabilizarse los empleos generados en el sector del emprendimiento.

En 2023 se registraron 4.118 nuevos negocios y queda aguardar las cifras de 2024 para determi­nar el crecimiento en este sector. Esta promesa está avanzando hacia su cum­plimiento, pero con pasos muy lentos.

Uno de los grandes compro­misos en materia económica/ financiera fue la reducción de la deuda pública, y de acuerdo a los datos del Ministerio de Economía se puede apreciar que esta ha ido en aumento y a octubre de 2024 llegó a USD 17.958,3 millones. En el mismo periodo del año pasado, alcanzó USD 16.194,2 millones.

Si bien se registra un aumento, cabe destacar que el actual gobierno tuvo que asumir deudas millonarias con el sector de la construc­ción y con las farmacéuticas dejadas por la administración de Mario Abdo Benítez.

Un punto a destacar es el pau­latino acercamiento al tope del déficit fiscal. En diciembre de 2023 fue de 4,1 % y se pro­yecta concluir el 2024 con 2,6 %. El objetivo del Gobierno es volver al 1,5 %, considerado un punto de equilibrio.

“Yo categóricamente rechazo aumentar los impuestos”, afirmó Peña durante su cam­paña a la Presidencia y esta promesa la está cumpliendo hasta la fecha. Su gobierno no ha impulsado reformas en este aspecto y los parla­mentarios oficialistas tam­poco han acompañado inten­ciones legislativas de elevar tasas impositivas.

Peña prometió reformas en pos de reducir la burocra­cia, optimizar recursos y el funcionamiento de institu­ciones, en este orden se ve un avance mediante la creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Direc­ción Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y está en trámite la creación del Regis­tro Unificado Nacional (RUN) que fusiona Catastro y Regis­tros Públicos.

Una promesa incumplida hasta la fecha es la imple­mentación de un plan de guarderías gratuitas. “En mi gobierno apoyaremos a todas esas mujeres madres que quieren trabajar o estudiar, implementando guarderías gratuitas”, expresó el enton­ces presidenciable, que aún tiene este punto como mate­ria pendiente.

Durante su campaña San­tiago Peña se comprometió a combatir el consumo de dro­gas, como el dañino chespi, y devolverle la seguridad a las calles. Durante el gobierno este compromiso se convirtió en el Plan Sumar, un programa que une a varias ins­tituciones para combatir de forma integral al problema de las adicciones.

El cumplimiento de esta pro­mesa está en proceso, si bien las calles aún son testigos de jóvenes en situación de adic­ción y los problemas de inse­guridad derivados de esta problemática aún persisten, el Gobierno ha encabezado diversas acciones contra el narcotráfico, el microtráfico, se ha dado atención prima­ria a personas con trastor­nos por uso de sustancias y desde el Ministerio de Edu­cación se implementó Escue­las Abiertas, para trabajar desde la prevención, entre otras medidas más.

La problemática que busca resolver el Plan Sumar es a largo plazo, por lo que las acciones llevadas a cabo aún están lejos de reflejar resultados alentadores.