Las organizaciones sociales que están agrupadas en la Unidad de Acción Social plantean impulsar una fuerza organizativa para apostar a recuperar las tierras malhabidas, la soberanía territorial, la justicia social y el desarrollo nacional. Durante la plenaria realizada en la fecha tomaron algunas medidas.

Se proponen impulsar, participar y apoyar todas las luchas populares y de todas las fuerzas sociales que cuestionan y rechazan el modelo neoliberal excluyente y se movilizan por sus reivindicaciones históricas. Además, denuncian al Poder Judicial como responsable de “dar impunidad a las injusticias, amparar la corrupción instalada y actuar de cómplices encubridores para evitar la recuperación de las más de 8 millones de hectáreas de tierras entregadas por la dictadura estronista”, sostienen.

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“Consideramos que la profunda crisis económica, política, social, ambiental, sanitaria así como el deterioro de la democracia y el Estado social de derecho que atraviesa el Paraguay amerita la apertura urgente de los espacios de unidad amplia, que unifique las demandas más sentidas de nuestro pueblo y la construcción de una dirección unificada capaz de contestar al actual gobierno de Mario Abdo Benítez, caracterizado por ser vendepatria, entreguista y corrupto”, expresa el pronunciamiento oficial.

Por otra parte, denuncian a sectores autoritarios de supuestas élites económicas vinculadas a la mafia organizada, el lavado de dinero y a negocios ilegales, acusando a estos de impulsores de campañas de criminalización contra luchadores sociales, legisladores comprometidos y sectores democráticos.

La unidad la conforman la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), la Asociación de Productores Joaju (APJ), Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Unión Campesina Nacional (UCN), Asociación de Productores de Mandioca, Movimiento Agrario del Paraguay (MOAPA) y el Movimiento de Resistencia Campesina (MRC).

Entre sus luchas se encuentran: el plan de recuperación de tierras malhabidas, apoyo al proyecto para que las propiedades recuperadas en juicio contra el crimen organizado sean destinadas para la reforma agraria, defensa de los campos comunales, regularización de las comunidades de campesinos, indígenas y sectores urbanos así como la entrega de título a los sujetos de la reforma agraria y defensa ante el avance del modelo agroexportador.

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