A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurídica de la Presidencia, se logró evitar el pago de USD 16 millones al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús. El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este importante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño principal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.

“Finalmente si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mi la demolición es el perjuicio que existe sobre las arcas del Estado. Los responsables son las personas que destruyeron todo lo que se edificó, que son el ministro y el presidente anterior”, expresó en referencia a Mario Abdo y Arnoldo Wiens.

En conversación con “Buena Tarde”, programa emitido por Unicanal, González resaltó que lo determinado por el Tribunal es que se podía rescindir el contrato, pero lo que se critica es el discurso político que dieron, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma USD 2.600.000.

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“Creemos que se trataba de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura que iba a significar el legado de un gobierno que ellos querían deslegitimar. Vendieron una historia falsa para terminar la obra del Metrobús que iba a incorporarle a Asunción un mecanismo de transporte de vanguardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó, de hecho todo lo construido fue demolido”, aseveró.

Según explicó el procurador, lo que permitió este importante ahorro a las arcas del Estado es que se determinó que este conflicto debía ser resuelto de acuerdo a la legislación paraguaya, esto pese a que los árbitros eran de nacionalidad argentina, brasileña y mexicana. Por esta razón se descartaron tasas usurarias, además de que se evaluaron los daños y consecuencias, lo que decantó en una reducción importante del monto fijado inicialmente que era de USD 19 millones.

“Nosotros estamos defendiendo jurídicamente la posición del Estado paraguayo y hemos podido ahorrar casi USD 16 millones de lo que se pretendía ejecutar, ahora lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de si hay lesión de confianza o no, eso corresponde al Ministerio Público y ahí nosotros tenemos nuestra opinión, pero respetamos la labor que a ellos les corresponde”, aseveró.

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Bajo la luz de un semáforo, unos árboles recién cortados por campesinos bloquean el acceso vehicular a Sipe Sipe, en Cochabamba, una de las localidades donde arde la protesta de los seguidores del expresidente Evo Morales contra el gobierno de Bolivia. “La renuncia del (mandatario) Luis Arce pedimos. Tiene que convocar a elecciones. ¡Ya no más!”, afirma José Loayza, un productor de trigo de 40 años, mientras mastica un puñado de coca.

Las protestas empezaron el 14 de octubre para exigir el “cese de la persecución judicial” contra el exmandatario de 65 años, ante su probable detención por el presunto abuso de una menor durante su mandato. Entre piedras, palos, llantas y desechos, campesinos arman un corro para expresarse. Han ampliado su repertorio de reclamos y ahora también apuntan contra la gestión económica de Arce, que se disputa con Morales la candidatura presidencial del oficialismo para el 2025.

La mayoría habla quechua. Sospechan de la prensa y casi todos evitan dar su nombre. La policía no está en el lugar. “Estamos saliendo (a protestar) porque el arroz y el fideo está muy caro. En el campo somos familias numerosas. Nuestros productos ya no valen nada”, dice en quechua una agricultora de pollera roja.

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Los cortes de vías incomunican al departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, donde Morales tiene su base política. “Este bloqueo de caminos nacional no lo levantamos. Vamos a resistir hasta las últimas consecuencias”, advierte Loayza. La tensión escaló el domingo, cuando Morales -que califica la denuncia por “estupro, trata y tráfico de personas” como “otra mentira más” - denunció un atentado con 14 disparos a su vehículo por parte de un grupo “militar y policial”.

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, desmintió la versión del expresidente. “Podemos defender también a nuestro hermano del campo. ¿Ayer (domingo) cómo han atentado? No vamos a permitir esas situaciones en Cochabamba. Vamos a masificar” los bloqueos a nivel nacional, agrega Loayza.

A 15 kilómetros de Sipe Sipe está Parotani, el punto donde el viernes se desataron los enfrentamientos más intensos entre civiles y policías desde el inicio de la protesta. El saldo fue de 44 detenidos y 14 agentes heridos, uno de ellos de gravedad, según información del Ministerio de Gobierno.

“Queremos que bajen los precios de la canasta familiar (...), que el presidente Arce dé un paso al costado y que entre otro. Nada más”, dice la campesina de pollera roja. Desde el comienzo de las protestas, los puntos de bloqueo pasaron de cuatro a 23 ayer lunes, según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras.

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De mano en mano, una fila de manifestantes se pasa piedras pesadas desde el cauce seco del río Khora, a 10 minutos de Sipe Sipe, para fortalecer el bloqueo sobre el puente de la zona. Se han congregado sobre todo campesinos y transportistas para protestar. En un cartel en la ribera aparece la cara de Arce, que ha sido borroneada con pintura negra.

“Bloqueamos por lo que necesitamos: canasta familiar, combustible, dólares. No hay movimiento económico”, dice Grover Torrico. Este conductor de carga de unos 30 años se sumó a la toma del puente para protestar por la escasez de combustible. “No hay diésel. ¿Con qué voy a viajar?”, agrega.

Bolivia registró en setiembre una inflación de 6,2 % interanual, su cifra más alta desde julio de 2014. Los bloqueos han acentuado aún más el desabastecimiento de combustible. Bolivia redujo la importación del diésel y la gasolina que distribuye a precio subsidiado, a raíz de una caída de sus reservas de divisas. “El país está yendo de peor en peor. Y un gobierno tiene que estar para priorizar, para solucionar. No tiene que esperar a que la gente salga a bloquear las calles”, concluye el transportista.

Fuente: AFP.

El senador Derlis Maidana respondió las expresiones del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien, en un encuentro político, dijo que desde el 16 de agosto está siendo perseguido por el oficialismo. El legislador aseguró que nunca existió ni existirá una agenda de persecución.

“Nunca hubo una agenda de persecución, eso refleja los temas que hemos tratado en el Congreso. Dsde el Congreso se dieron cambios para el fortalecimiento institucional del Estado se dieron leyes históricas para beneficio del pueblo y para fortalecer las instituciones y transparentar procesos”, afirmó el senador en nota para La Nación/Nación Media.

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Maidana indicó que muestra de que no existe tal agenda de persecución es que funcionarios siguen en puestos claves. Recordó además que, en el gobierno de Abdo uno de los que más persiguió a la disidencia colorada, de ese entonces, fue Arnaldo Giuzzio, quien utilizó la estructura del Estado para este fin.

“No existe ni existirá una agenda de persecución sería incoherente si tenemos varios funcionarios que siguen en puestos claves, además no tenemos un personaje como Giuzzio que públicamente decía presidente emosemba umi (échale a esos) cartistas o no existe un plan hurgado como el que había comentado Peta en su momento”, cuestionó.

Finalmente, mencionó que tanto desde lo legislativo como desde el sector político la única agenda que se maneja, es de la unidad partidaria. “Definitivamente nosotros no estamos en las persecuciones, la agenda parlamentaria no está en eso y en lo político la idea es unir al partido, así que no veo persecución alguna en ningún ámbito”, sentenció.

- El senador Derlis Maidana respondió a Mario Abdo; “no existe, ni existirá una agenda de persecución.

-Maidana recordó que la persecución se dio por parte de Abdo y sus aliados durante su gobierno.

- La única agenda del oficialismo es la unidad partidaria.

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El expresidente de la República Mario Abdo Benítez y varias personas de su entorno cercano siguen evitando someterse a la Justicia por las diversas irregularidades cometidas durante su gobierno. Esta semana, por ejemplo, debía arrancar el juicio al exministro Arnaldo Giuzzio, quien fue beneficiado con una nueva suspensión.

• Unidad de Investigación Nación Media

Al menos media docena de exministros y altos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez están en la mira por numerosas irregularida­des cometidas mientras se encontraban en la función pública. Varios de ellos siguen evitando sus procesos judi­ciales gracias a artimañas varias. El mismo Abdo Bení­tez, procesado, lleva varios meses paralizando el proceso que pesa en su contra por fil­traciones de secretos a punta de chicanas.

El exministro todopoderoso del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, tuvo tres meses más antes de afrontar el juicio por sus vínculos con el capo mafioso brasileño Espíndola Mar­qués. Las audiencias del jui­cio oral y público debían ini­ciarse el pasado 1 de julio; sin embargo, fueron postergadas y deben iniciar el próximo18 de noviembre.

Pese a los tres meses de gracia que recibió, ayer lunes saltó a la luz que el Tribunal de Sen­tencia que debe entender en la causa de Giuzzio postergó por tercera vez el inicio de las audiencias de juicio.

El exministro todopode­roso de Abdo fue acusado por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado en carácter de autor. El narco­traficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua llegó incluso a visitar al ex superministro abdista Arnaldo Giuzzio en su domi­cilio particular, según docu­mentos que constan en poder de la Fiscalía. El capo mafioso le prestó vehículos y realizó trabajos como “cortesía”. En días más, el otrora hombre fuerte del Ejecutivo afron­tará juicio.

Comunicaciones continuas, préstamos de un vehículo para vacacionar, trabajos de cortesía y hasta visitas a su domicilio particular. La investigación del Minis­terio Público revela una muy cercana relación entre Arnaldo Giuzzio, exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo, y el supuesto narco­traficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

De acuerdo con los docu­mentos que constan en la acusación presentada con­tra Giuzzio por la Fiscalía, el entonces ministro comenzó a mantener comunicacio­nes con el narco brasileño en julio de 2021. Según las investigaciones del Minis­terio Público, Giuzzio man­tuvo contacto con el presunto narco por más de seis meses, de julio de 2021 hasta febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehícu­los blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propie­dad de Espíndola.

Como ya señalamos líneas más arriba, Giuzzio no es el único del entorno cercano del expresidente Abdo con cuen­tas pendientes en la Justicia. Al menos media docena de exministros y altos funcio­narios del período anterior están en la mira por numero­sas irregularidades cometidas mientras se encontraban en la función pública.

Patricia Samudio, extitu­lar de Petropar, se convir­tió en abril pasado en la pri­mera condenada del entorno del expresidente. Samudio, del primer anillo del expre­sidente Abdo Benítez, fue condenada a 4 años de pri­sión por el caso agua tónica, que generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución estatal durante la pandemia del covid-19. Su esposo, José Costa Perdomo, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión. De acuerdo con la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unida­des de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unida­des de pallets y 15 termóme­tros láser, que no ingresaron al ente.

La lista continúa con 400 uni­dades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartu­chos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresa­ron a la institución. El dinero fue a parar en el pago de deu­das de su marido, el también condenado Costa Perdomo.

Joaquín Roa Burgos, exminis­tro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante. Fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero, junto con su amigo Alberto Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza PY.

En noviembre pasado, la Fis­calía amplió la imputación e incluyó los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias lici­taciones a su amigo personal Alberto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos inde­bidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional”.

La Fiscalía imputó al expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, al diputado Mauricio Espínola, al exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio, al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui, al extitular de la Secretaría Anticorrupción René Fernández y a otras per­sonas más por siete hechos punibles como “revelación de secretos de servicio” y otros.

La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación espe­cial (Art. 148 del CP), induc­ción a un subordinado a un hecho punible (Art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal.