El proyecto de creación del Registro Unificado Nacional (RUN) que pretende fusionar Catastro y Registros Públicos ya cuenta con media sanción por parte del Senado, pero desde el sector de los escribanos, exhortan a seguir dialogando sobre esta iniciativa, puesto que aseguran que la forma en la que está redactada, no garantiza la celeridad y menor costo, tal y como lo establecen los objetivos.

“No queremos ser obstacularizadores, pretendemos la modernidad porque somos los principales afectados, todos los días lidiamos con este problema. El camino que nosotros pretendemos es que sea, aún unificado este registro, es que alguien se ponga las pilas y haga el levantamiento catastral, ya no esperar que se traiga el título para poder ir armando esto”, expuso Katia Ratti, consejera del Colegio de Escribanos.

En contacto con “Así son las cosas”, emitido por Universo 970 AM-GEN/Nación Media señaló que es de vital importancia que se establezca quién realizará el levantamiento catastral, puesto que algunas personas solo cuentan con contratos de sus inmuebles, mientras que otras, tienen propiedades heredadas que nunca pasaron por una sucesión, por lo que no existe un “sinceramiento” de la situación real del inmueble.

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“Paraguay es uno de los países más costosos en servicios registrales en toda la región. En primer lugar está El Salvador, en segundo Uruguay y luego ya estamos nosotros. Aún pagando un servicio carísimo que sale del bolsillo del ciudadano, no tenemos un servicio como se pretendería, que sea en línea, con seguridad jurídica, actualizada, eso no ocurre porque nuestra cobertura catastral está desactualizada, es errónea, es inconsistente”, cuestionó.

Desde el Colegio de Escribanos se instó una vez más a seguir adelante con el diálogo y que se tengan en cuenta las recomendaciones de todos los sectores. Además, indicaron que se necesita de la participación de otras instituciones en este proyecto, como del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), las municipalidades, el Registro Civil, de modo a evitar que se continúe con la expedición de escrituras nulas.

“Necesitamos un cambio porque hoy por hoy, los registros tanto, registrales como catastrales son insostenibles, la tardanza realmente perjudica muchísimo el tráfico inmobiliario, las operaciones dentro del país y la supuesta agilidad que debería tener y con la que deberían responder las instituciones”, sostuvo Ratti.

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El gremio de escribanos, del sector notarial, geógrafos y algunos sectores campesinos, encabezan una movilización en las inmediaciones del Congreso en el marco del tratamiento del proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), mediante el cual se pretende fusionar Catastro y Registros Públicos.

“Lo que venimos a pedir es la postergación, si no son tenidos en cuenta nuestros reclamos, nosotros nos abocamos al rechazo de la ley”, expuso el escribano Fernando Báez en contacto con La Nación/Nación Media. El profesional lamentó que sus recomendaciones no hayan sido tenidas en cuenta debido a que consideran que como está planteada la ley, no se cumplirá el objetivo de abaratar costos y reducir plazos para la titulación de propiedades.

“Hay que dejar en claro que el proyecto, así como está del RUN, no vemos como una solución real porque nos estamos encontrando con dos instituciones que están totalmente recortadas presupuestariamente y eso se traduce en un resultado ineficiente de la gestión de cada una, vamos a fusionar dos instituciones que están con problemas”, afirmó.

Para Báez, aprobar la fusión de Catastro y Registros Públicos, tal y como lo establece el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, podría resultar en un proceso “traumático”. Añadió que un ejemplo similar a esto fue la creación del Registro del Automotor, el cual demoró alrededor de 24 años en llegar a un buen funcionamiento como el que tiene actualmente. “Lo que se busca es que sea lo menos traumático posible”, refirió.

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Los objetivos principales de esta iniciativa es la celeridad y la economía registral catastral, no obstante, la redacción del proyecto contempla un aumento en ciertos plazos procesales y costos de las tasas que se tienen actualmente, por lo que, consideran que de aprobarse de esta manera, no se estaría cumplimiento con la misión central que se expresa en la exposición de motivos a favor de esta ley.

“En cuanto a lo que tiene que ver con la celeridad de los trámites, actualmente un certificado de dominio tarda en salir en 10 días, la ley establece que debe ser en ese plazo, sin embargo, en el proyecto aumenta ese plazo y va a 15 días, las escrituras en lugar de 20 días ahora pasan a demorar 30 días con esta media sanción”, señaló.

Los escribanos ya tuvieron reuniones con legisladores donde pudieron exponerles estas situaciones, sin embargo, sus reclamos no fueron considerados ni se realizaron ajustes al proyecto, lo cual es una situación lamentable para el sector, puesto que son quienes operan en el sistema, mencionó Báez.

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“Estamos encontrando que en lugar de bregar por lo que ellos mismos pregonan en su exposición de motivos, que son la celeridad y economía, en este caso no se ve reflejado en el proyecto, entonces los que estamos en el tema encontramos esas situaciones presentes en este proyecto de ley”, sostuvo.

Los exrepresentantes de la agrupación política Frente Guasu niegan que hayan firmado un préstamo con la entidad bancaria ueno Bank. A través de un comunicado a la opinión pública, refieren que las firmas que aparecen en los pagarés no les corresponden. De acuerdo con los documentos, figuran como codeudores Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas.

El abogado Ricardo Preda, representante legal de ueno bank, la semana pasada había indicado que la deuda de la concertación Frente Guasu, es por valor de G. 2.021.219.253 correspondientes al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022. Esta deuda se había generado cuando la entidad bancaria era Financiera ueno S.A.E.C.A.

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“El 23 de junio de 2023, fuimos demandados por la entonces Financiera ueno, hoy ueno Bank, por una supuesta deuda de G. 2.021.219.253. Según la entidad, el monto resulta de la reestructuración de un crédito anterior con la firma Credicentro, absorbida por la primera. Aclaramos que no hemos tramitado con la entidad financiera ueno, hoy ueno Bank”, refiere el texto publicado.

Así mismo, se menciona en el comunicado que, las firmas en el pagaré no les corresponde, que la fecha de certificación de las firmas en el pagaré difiere de la fecha indicada en el mismo. Además, señalan que en la fecha de las supuestas firmas en la solicitud, el pagaré y la liquidación del crédito, Carlos Filizzola ya no ocupaba el cargo de presidente de la concertación Frente Guasu.

También piden a la entidad bancaria el mayor control al momento de otorgar este tipo de créditos. El comunicado está firmado por Carlos Filizzola, Aida Robles y Oscar Dario Rojas.

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El abogado Ricardo Preda, representante legal de ueno bank, explicó cuál es la situación de la deuda de la concertación Frente Guasu, por valor de G. 2.021.219.253 correspondientes al pagaré firmado el 22 de febrero de 2022. Esta deuda se había generado cuando la entidad bancaria era Financiera ueno S.A.E.C.A.

“Efectivamente hay una deuda de la concertación Frente Guasu y la codeudoría de tres personas físicas con ueno bank y en su momento, cuando aún tenía la denominación de Financiera ueno se había promovido una acción ejecutiva en junio del año 2023″, explicó Preda en entrevista a la 1020 AM.

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Refirió que “en esa acción ejecutiva, los demandados, las personas físicas son Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas”, sin embargo, estas tres personas se presentaron a plantear una “excepción de falsedad” y negaron que las firmas consignadas en un pagaré en febrero del 2022 les pertenezcan.

“Entonces, en función a eso yo recibí la instrucción del banco de formular una denuncia penal para que esto se esclarezca y se determine que efectivamente esas firmas son falsas o no. Si son falsas, buscaremos a los responsables de haber creado ese documento”, mencionó.

En contrapartida, el abogado resaltó que “la certificación de firma por una escribana pública no son documentos simplemente, sí certificación de firma, si eventualmente estas firmas no les corresponden a estas personas, también hay la intervención de una escribana pública”.

Esta denuncia está en el Ministerio Público para aclarar el caso de la negación de las firmas. “Lo cierto y lo concreto es que la deuda no ha sido negada por nadie, simplemente es la firma en el documento que, entiendo yo, se niega. Nosotros queremos que esto se esclarezca en función a la gravedad de sucesos de todo esto”, sentenció Preda.

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