La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal atraviesa un momento tenso, tras ser revocadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) las elecciones de autoridades llevadas a cabo el año pasado. En todo este conflicto estaría involucrado el diputado Roberto González, motivo por el cual solicitarán su pérdida de investidura.

Tras la decisión del TSJE, quienes quedaron en segundo lugar en aquellas elecciones serían los que deben asumir el control administrativo de la institución.

Esto generó una supuesta resistencia para abandonar el cargo por parte de los actuales dirigentes de la institución. Toda esta situación genera inestabilidad, menciona el señor Aldo Alvarenga, candidato de uno de los movimientos que fue beneficiado por la medida dispuesta por la Justicia Electoral.

Alvarenga comentó al canal C9N que “las elecciones de la caja jubilatoria municipal fueron recurridas ya durante el proceso electoral, pues los miembros del Tribunal Electoral Independiente fueron electos por los miembros del Consejo, quienes a su vez eran también candidatos”.

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"Luego de las elecciones aparecieron denuncias de fraude, resultados amañados y participación de municipalidades que no deberían haber participado. Por estas razones el TSJE resolvió mediante dos resoluciones, en las que quedan anuladas las candidaturas de los miembros del Consejo que fueron electos de manera ilegítima y también los deja inhábiles. Ellos deberían haber renunciado 90 días antes y además la ley dice que ellos solo pueden ser reelectos una sola vez y ya van entre tres a cuatro veces que están siendo reelectos”, explicó.

Turba

Tras esta decisión del TSJE, los segundos más votados son quienes deberían asumir el control, explica el candidato opositor.

“Fuimos a llevar la notificación para el cumplimiento de la ley y nos encontramos con una turba dirigida por los miembros actuales del Consejo", comentó.

“Detrás de esto lo tenemos por ejemplo al paladín de la injusticia, el diputado Roberto González, presidente del Consejo de la Magistratura y nos envían a un fiscal que nos dice que si no abandonamos el lugar, él personalmente nos llevaría preso”, denunció.

Finalmente, explicó que el interés del diputado radica en que es jubilado de la caja municipal, con solo dos años de aportes y un ingreso de G. 12 millones.

“Vamos a hacer la denuncia correspondiente por el desacato a la orden judicial y además pedirán la pérdida de investidura del mencionado diputado a través de los canales correspondientes”, afirmó Alvarenga.

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