El asesor jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), Darío Ortega, dio detalles de la denuncia presentada ante el Ministerio Público sobre el supuesto daño patrimonial que rondaría los G. 357.000 millones. En total la institución contralora realizó 7 denuncias en base a las irregularidades que fueron encontradas en la auditoría realizada en el 2019.
El daño corresponde al ejercicio fiscal desde el 2016 hasta el 2019, constatado en la auditoría que se ha concluido en febrero de este año y que corresponde a la gestión de Mario Ferreiro como intendente y Óscar Rodríguez como presidente de la Junta Municipal en ese período.
“El equipo auditor ha detectado estas irregularidades, aclarando que eso se hace en base a muestreos, lo que significa que el groso de irregularidades y el monto que pueda ser considerado como daño patrimonial puede aumentarse”, refirió Ortega.
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Citó puntualmente algunos de los errores constatados por el equipo auditor, como por ejemplo el caso de funcionarios que no debieron cumplir con horarios diferenciados o la no justificación de esos funcionarios con horarios diferenciados. “Para la Contraloría constituye evidentemente en un hecho irregular y consecuentemente eso se trasluce evidentemente en un daño patrimonial para la ciudadanía”, refirió sobre este hecho puntual.
Otras de las denuncias presentadas por la entidad contralora es el financiamiento de gastos por parte de la Junta Municipal con la emisión de bonos municipales y la municipalidad no dio un plan de inversión para justificar estas emisiones.
“Como primer punto los auditores cuestionaron que no existía un plan estratégico, primero para endeudarse y luego para la ejecución de estos bonos. Los bonos salían con anuencia o con resolución aprobada por parte de la Junta y luego eran emitidos, y la Contraloría detectó algunas irregularidades respecto a esto”, refirió el abogado.
Agregó que en varios casos esos bonos fueron utilizados para cubrir los gastos corrientes, que corresponde a pagos de salarios, como déficit temporal de caja que está totalmente prohibido por la Ley Orgánica Municipal. Explicó además que en estos casos el municipio debe realizar préstamos a corto plazo y no utilizar los bonos. Incluso se realizaba préstamos a corto plazo, pero se usaba los bonos para garantizar estos préstamos", indicó.
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