El diputado Ulises Quintana consiguió su libertad ambulatoria en el marco del proceso judicial que se lleva adelante por asociación criminal y lavado de dinero. La forma en que se trató su caso no fue el correcto, sostiene, por lo que esperaba que el presidente Mario Abdo actúe como un estadista.

Ante su salida, aseguró que estuvo en prisión por trasfondos políticos en los que se utilizó a la Fiscalía. Comparó la situación con otros casos que se dieron este tiempo y no corrieron su misma suerte, dijo. “No soy delincuente, hay muchas personas con hechos punibles que atentaron contra la salud pública y no entraron a prisión”, siendo que en su caso por una llamada telefónica en la que se le hace una consulta jurídica en calidad de abogado se lo mete preso, lamentó.

Lea más: Ordenan libertad del diputado colorado Ulises Quintana

Además de denunciar que se violaron garantías constitucionales, incluso dijo que no esperaba ayuda o que le cubra el presidente Mario Abdo, solamente pedía que se den las garantías constitucionales y hacer cumplir sus derechos. “El presidente debe ser un estadista, debe hacer cumplir el Estado de derecho”, añadió.

Antes de ir preso, el diputado había lanzado su candidatura para ser intendente de Ciudad del Este, lo que considera también fue el motivo por el cual la Fiscalía pidió su detención. “Hay gente que no quiere que sea intendente de CDE porque tengo aceptación de la ciudadanía”, aseguró.

Pese a las circunstancias judiciales que se dieron en su contra, a las cuales describió como obstáculos, aseguró que su compromiso fue redoblado para con los altoparanaenses. “Continúo más firme que antes. Estoy para superar uno y miles de obstáculos”, añadió.

Leé también: Riera pide convocar a elecciones juveniles y de mujeres de la ANR

El Tribunal de Alzada dispuso las medidas sustitutivas a la prisión como la obligación de comparecer ante el Juzgado de Garantías para proporcionar información que precise su domicilio y otros datos para facilitar su ubicación y citación para la comparecencia ante los estrados judiciales, la obligación de comparecer del 1 al 5 de cada mes para la firma del libro de comparecencia.

Así como la prohibición de cambiar de domicilio sin la autorización del juzgado, prohibición de entrar en contacto con los demás coimputados y una caución real de G. 300 millones son las medidas que se le impusieron al diputado Quintana.

La semana pasada, el presidente Mario Abdo era escrachado por un seguidor del diputado esteño, quien le recordó que llegó a la Presidencia gracias al apoyo del Alto Paraná, en especial colorados adherentes de Quintana. Sin embargo, la posición del mandatario fue la de minimizar las acusaciones, a las cuales respondió “no soy la justicia, hermano querido”.

Podés leer: Proponen suspender convención colorada a causa de la plataforma digital