La Contraloría General de la República (CGR), máximo órgano de control fiscal del Estado, publicó el día de ayer jueves su “Reporte de Indicios de Hechos Punibles al Patrimonio” en la Municipalidad de Concepción, al mando del intendente Alejandro “Tati” Urbieta de Partido Liberal. La Contraloría determina que el monto total del perjuicio patrimonial en concreto es de G. 6.457.091.160, específicamente es la gestión actual.

Incluso, habiéndose rechazado en la Cámara de Diputados el pedido de intervención, solicitado por la Junta Departamental de Concepción y tramitada por el Poder Ejecutivo, la Contraloría en el uso de sus atribuciones procedió a cumplir con el Plan General de Auditorías y realizó el análisis financiero a la gestión del intendente Urbieta. El resultado constata indicios de perjuicio al patrimonio de la intendencia.

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Conforme a las verificaciones realizadas por los auditores de Contraloría, se constató la existencia de indicios de perjuicio patrimonial por G. 6.457.091.160 a la municipalidad de Concepción, cuyo detalle se expone a continuación:

- Pagos realizados en el subgrupo 240-30-001 "Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones por el monto de G. 959.500.000, sin que la administración municipal haya cumplido con los procedimientos de contrataciones exigidas en la Ley 2051/03, en el ejercicio fiscal 2018.

- Pagos realizados en el subgrupo 360 “Combustibles y Lubricantes”, financiados con recursos genuinos por el monto de G. 657.851.160 durante el periodo del 2018, sin que se cuenten con reglamentación de utilización de combustible, nota de pedido sin fecha, ni supervisión y/o informe de destino de ubicación del combustible.

- Cheques sin respaldos documental Nro. 326287 y 2326409, por el monto total de G. 26.750.000.

- Transferencia entre cuentas (intercuentas) por el monto total G. 4.812.990.000, realizados desde la cuenta de origen de Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), cuya devolución no se puede constatar.

El “Reporte de Indicios de Hechos Punibles al Patrimonio” de la Contraloría General de la República concluye la existencia de tales indicios en la gestión del actual intendente Alejandro Urbieta, según lo estipulado el Código Penal, artículo 192, acerca de la lesión de confianza.

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