Los senadores que responden a una mayoría coyuntural se pronunciaron al respecto del tratamiento de los pedidos de pérdida de investidura que están pendientes de estudio, así anunciaron que no participarán de ninguna sesión sobre el tema hasta que se reglamente el artículo 201 de la Constitución Nacional.

Ante la sesión prevista para esta siesta, los senadores del Frente Guasu, algunos liberales y colorados firmaron el pedido que fue entregado al presidente del Senado, Óscar Salomón. La sesión extraordinaria se convocó, para las 14:00, para estudiar los casos de los senadores Rodolfo Friedmann y Javier Zacarías Irún.

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“En vista de la relevancia que supone contar con la regulación clara de un proceso de tanta importancia constitucional, no consideramos prudente tramitar denuncias de esta naturaleza hasta tanto se haya aprobado la ley en estudio y sean plenamente aplicables sus disposiciones para todos los procedimientos futuros”, expresa la nota.

Recalcan en el documento que la Cámara ha resuelto la necesidad de contar con este nuevo marco legal por una amplía mayoría, y que el tratamiento “implica una decisión de política legislativa en un tema que guarda relación con principios constitucionales esenciales, no solo relacionados a las garantías del debido proceso, sino que además se refieren al propio funcionamiento del Poder Legislativo y a la composición política y democrática del mismo”.

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Los senadores que firmaron fueron Sixto Pereira, Jorge Querey, Miguel Ángel Rodríguez, Fernando Lugo, Carlos Filizzola, Hugo Richer, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Pedro Santacruz, Amado Florentín, Eusebio Ramón Ayala, Víctor Ríos, Hermelinda Ortega, José Ledesma, Silvio Ovelar, Rodolfo Friedmann, Juan Afara, Javier Zacarías Irún, Lilian Samaniego, Mirta Gusinky, Luis Castiglioni, Derlis Osorio, entre otros.

El senador Rodolfo Friedmann, procesado por negociar en licitaciones públicas los almuerzos escolares, ya lo adelantó ayer martes, de forma confiada decía que la mayoría de los senadores no aprobaría estos pedidos por la forma en que se pretende tratarlos, aseguraba que no se respetaba lo estipulado en el artículo 201 de la Constitución Nacional.

El legislador habría montado un esquema presuntamente para adueñarse de las licitaciones de la gobernación del Guairá, para la provisión del almuerzo escolar mediante la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), que siempre era la adjudicada con los llamados, casualmente cuando el denunciado era gobernador y accionista de la firma donde aportó un capital operativo de G. 1.700 millones.

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