Los senadores de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural se reunieron con la representante legal y los propietarios de la estancia Pindó, del departamento de Canindenyú, invadida por un grupo de personas desde el 2012. En la oportunidad fueron proyectados algunos videos, así como mapas e imágenes relacionados con el ingreso ilegal de un grupo de personas al mencionado establecimiento agropecuario.

“Somos conscientes, como empresarios, que desde hace décadas en el Paraguay existe una gran desigualdad social, eso no podemos negarlo y además estamos conscientes que es necesaria una reforma agraria. Creemos que existen más de una manera de llevarla adelante.

También creemos que la culpa de todo esto la tienen los sucesivos gobiernos, ya desde décadas atrás”, comenzó exponiendo en primer término, Axel Bendlin, director del establecimiento.

Explicó que tanto el IBR (Instituto de Bienestar Rural) como su sucesor, el Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra), no solucionaron el problema de la repartición de tierras, generando concesiones muy en desacuerdo a lo que deberían haber sido estas instituciones. “No hay una voluntad política del gobierno y nunca hubo un buen trabajo del Indert, el Poder Judicial no ha estado nunca presente para solucionar las rencillas que se han generado entre campesinos y propietarios”, agregó Bendlin.

“Creemos que nuestro grupo empresarial, que hoy día da trabajo a casi mil personas, a quienes le tenemos muchísimo aprecio y los tratamos como colaboradores, deseando que puedan desarrollarse tanto en nuestros emprendimientos ganaderos como comerciales, respetando el derecho del trabajador a desarrollarse y a progresar como ser humano. Por eso creemos que se está cometiendo una gran injusticia con respecto a nuestra propiedad”, mencionó el director de la estancia Pindó.

Seguidamente habló la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Ganadera Pindó, realizó una cronología de lo sucedido en el lugar desde hace ocho años. “Nosotros tuvimos la primera noticia de esta invasión en febrero del 2012, cuando un grupo de supuestos madereros, invocando contratos de arrendamiento de tierras, ingresaron a nuestra propiedad con el objetivo de realizar extracción de madera comerciable”.

“Iniciamos los primeros trabajos con la Fiscalía y constatamos que los supuestos contratos y los títulos no correspondían a los títulos pertenecientes a esta estancia por lo que a partir de ese momento iniciamos el proceso para lograr la expulsión de estas personas, algo que se logró luego de un año”, explicó.

Sin embargo, la abogada Colmán recuerda que solo días después, un grupo más numeroso volvió a ingresar a la propiedad y esta vez ya no eran madereros, sino un grupo de aproximadamente 200 personas. A partir de esa segunda invasión comenzó la instalación de asentamientos de manera progresiva en tierras del establecimiento agropecuario Pindó.

Durante la exposición fueron mostrados algunos mapas satelitales del establecimiento, en diferentes años, donde se puede observar el proceso de deforestación progresivo al que ha sido sometido, los restos de lo que se considera el Bosque Atlántico, en esa región del país.

De las 3.000 hectáreas de bosques, a partir de los trabajos agropecuarios desarrollados en la estancia, todos con autorización de la entonces Secretaría del Media Ambiente (Seam), hoy convertido en Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), estos bosques se han reducido a un total de 2.786 hectáreas de montes vírgenes y bosques con árboles nativos.

Recordó que ya habían sido premiados por la protección que brindaban a estos restos del Bosque Atlántico, pero “exógenas personas habían ingresado al establecimiento con el único objetivo de extraer la madera comerciable que se encontraba en el interior de la estancia Pindó”, agregó Comán.

Un estudio realizado por la Fundación Moisés Bertoni estimó el valor de cada hectárea en madera comerciable en alrededor de G. 70 millones, lo que supondría un total de G. 210 mil millones, que convertido a moneda norteamericana, totalizaría alrededor de US$ 30 millones, al cambio actual.

“En esto consiste el tesoro de la estancia Pindó y que es apreciado y deseado por muchas personas, quienes buscan concretar ganancias totalmente espurias y al mismo tiempo realizan un tráfico y un comercio ilegal con todo lo que extraen de la propiedad de la Ganadera Pindó”, agregó.

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La abogada Margarita Colmán comentó que ante la negativa de la venta de las tierras, se iniciaron mesas de diálogo interinstitucionales, en las cuales participó en su momento la Organización de la Lucha por la Tierra (OLT), representante de la comisión Joajú, que era la organización campesina que los respaldaba, así como representantes del Ministerio Público, del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional".

Los campesinos habían reconocido que ocupaban de manera ilegal tierras que pertenecían a la Ganadera Pindó y solicitaron sesenta días para abandonar el lugar, todo esto documentado en actas firmadas por las partes, pidiendo al Indert ser reubicados en otro sitio y éste aceptó el pedido.

El pedido de traslado derivó en una licitación de compra de tierras para este grupo de personas, pero esta no se concretó y finalmente ni el Indert ni los campesinos dieron cumplimiento a lo acordado con los representantes de la Ganadera Pindó.

“Esta ocupación dejó de ser pacífica para convertirse en una de extrema violencia”, señaló la abogada. “La secuencia de actos violentos es una cronología de hechos que vamos sufriendo, a partir de la periferia de la estancia, a partir del año 2013, siendo atacados una y otra vez en los retiros que fueron quemados, los empleados sometidos por los atacantes, con mucha violencia, que incluso ha dejado secuelas en el personal del establecimiento hasta ahora”, agregó.

“En el 2015 esta situación se descontroló y llegaron hasta el casco central de la propiedad, siendo destruidos los tinglados y las maquinarias, los empleados fueron maniatados y rociados con combustibles. Nada queda de esas instalaciones, todo ha sido saqueado y en estos momentos son solo vestigios de unas ruinas”, refirió.

La reunión duró aproximadamente dos horas y, en ella, los afectados por estas invasiones expusieron la cronología de los hechos que llevan alrededor de 8 años desde la invasión en febrero del 2012, lapso en el cual las personas quienes ingresaron de manera ilegal y violenta al establecimiento agropecuario, han recibido en varias oportunidades visitas de legisladores, quienes les pedían que resistiesen en el lugar.

En videos publicados por el mismo grupo que ingresó a la propiedad, se observa a Pedro Santacruz, del Partido Democrático Progresista (PDP); Sixto Pereira y Hugo Richer, del Frente Guasu (FG), animando a resistir y prometiendo la expropiación de la estancia Pindó, ya desde el 2015.

Casualmente los dos primeramente mencionados hoy forman parte de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado y estuvieron presentes en la reunión virtual con los representantes de la propiedad invadida en el departamento de Canindeyú. En uno de los videos está presente el senador Sixto Pereira (FG) explicando que la estancia Pindó fue incluida de manera ilegal dentro de la reforma agraria y de ahí el origen ilegítimo de sus actuales propietarios.

Tanto la representante legal como los propietarios, durante la reunión realizada con los integrantes de la mencionada comisión permanente del Senado, explicaron que las 4.499 hectáreas fueron parte de una permuta por un avión en perfectas condiciones, con el Estado paraguayo en la década del 60, desmintiendo lo dicho por Sixto Pereira en una de las arengas filmadas presuntamente en el 2015.

El senador del Frente Guasu, Hugo Richer, calificó, durante una de sus visitas a los invasores, como “tierras malhabidas” al establecimiento ganadero, obtenidas gracias a un trueque por un avión que no funcionaba. Por estas expresiones, Richer fue intimado notarialmente por los representantes legales del establecimiento a ratificarse o rectificarse.

La próxima semana la misma comisión permanente recibirá a los representantes de las personas que se encuentran ocupando de manera ilegal el inmueble agropecuario en el departamento de Canindeyú.

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