El grado de inversión alcanzado es una valiosa semilla sembrada en arena, que puede acabar en fracaso si no se toman ciertas medidas para corregir el abuso que cometen los funcionarios públicos.
Un día clásico de afrenta ocurrió esta semana. A las 6:30, un grupo de pacientes esperaba en IPS, donde desde a las 7:00 debía comenzar a atender la funcionaria de blanco. Eran las 7:40 y la puerta seguía cerrada. Del otro lado se escuchaban las risas en un evidente alargado desayuno.
Arriba, en el laboratorio, una jovencita –también de blanco– se olvidaba de su responsabilidad y extasiada escuchaba las aventuras de una mujer que le cuenta cosas muy simpáticas. Miraban concentradas el celular. En esa actitud, el cronómetro contaba 37 minutos de jolgorio en horario de trabajo, sin importar quiénes esperaban la atención.
Estos son ejemplos que se ven todos los días, como la barrera ilegal montada hace unos días por “zorritos” que acabó en la muerte de dos personas. En lugar de dirigir el tránsito, se esconden en lugares oscuros y con prepotencia amenazan a los conductores para exigirles dinero para evitar multas. Otro ejemplo de acostumbrada corrupción impune a la vista de todos ocurrió también esta semana en la Municipalidad de Lambaré.
Tras dos años de dejar el volante, este mes un lambareño decidió volver a conducir y fue a ponerse al día con la habilitación vehicular y renovar la licencia de conducir.
En la caja le informan que debe ir hasta el tinglado, presentarse en una ventanilla. Por la habilitación se paga y es rápido el trámite, pero para renovar la licencia los funcionarios exigen un documento en el que debe constar que quien realiza el trámite vive en la ciudad. Para conseguirlo hay que llenar una solicitud, ir hasta la comisaría –fuera de la municipalidad– para que le otorguen de forma “gratuita” el certificado de vida y residencia, según argumentan es un requisito insalvable de la Opaci.
En lugar de tener que ir fuera del recinto, sería más rápido y práctico fijarse en el banco de datos de la municipalidad, donde debe figurar si el contribuyente tiene algún inmueble en la ciudad, pero no, lo obligan a ir hasta la comisaría.
Allí, una funcionaria le indica que, tras completar la solicitud, debe volver al día siguiente a retirar el documento. Eso implica más gastos de dinero y tiempo. ¿Por qué no puede entregar el informe en el momento y evitar esa burocracia innecesaria? Además, debe traer a dos testigos que aseguren que vive en la ciudad. Ella sabe que el solicitante está apurado, entonces como es “demasiado buena” insinúa que por G. 20.000 puede acortar todos esos trámites. Dos billetes de Rodríguez de Francia son buenos testigos en este caso y con presteza sella el documento.
De vuelta a la municipalidad, surge otro requisito: un curso con los bomberos. Cansado y humillado, el contribuyente ya no desea más atrasos y solo rumia sin discutir al enterarse que por ese “curso” debe pagar G. 35.000.
Se sienta en el puesto de los bomberos para recibir el curso. Una mujer le reitera el precio. Paga y espera con curiosidad para ver de qué trata el aprendizaje. Espera. La mujer le pasa un papel y le dice: “listo”.
En ese momento entiende de qué trataba el curso: otra forma de sacarle dinero, como en la comisaría. La enseñanza es humillante, se percata de cómo abusan de forma legal y descarada, sin otorgar nada a cambio, sentados como arañas esperando a la próxima mosca.
En todas las dependencias públicas se repite de una u otra manera la misma fórmula que obliga a las personas a pagar “legalmente” por servicios inexistentes que solo sirven para que los funcionarios llenen sus propios bolsillos.
En esta arena sin nutrientes está sembrado el grado de inversión. Ahora que vendrán extranjeros, no les va a caer muy bien que estos arácnidos sin ética les pidan dinero cuando lleguen con la intención de hacer negocios, a pesar de las garantías ofrecidas por el Gobierno. Veremos cuántos inversores huyen de estas arañas y los comentarios que harán a sus otros colegas inversionistas para que no vengan.