El ministro del Interior, Enrique Riera, habló sobre la instalación de un grupo de policías municipales en el distrito de Yaguarón, Paraguarí, que está generando reacciones encontradas. Riera explicó que la única fuerza pública habilitada constitucionalmente es la Policía Nacional.

Adelantó que convocarán al intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez, para conversar y aclarar en qué condiciones fue instalada la Policía Municipal, y también aclarar las limitaciones de la misma.

“Con este precedente, para que no se repita en todos los municipios, y para que no tengamos un conflicto innecesario, vamos a elaborar un dictamen sólido, que se está preparando. Vamos a convocar al intendente o, nos iremos a hablar con él allá y encontraremos la forma de resolver el problema y limitar sus funciones dentro del marco de la Constitución y las leyes, con mucho respeto”, dijo en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El dictamen que está siendo elaborado por el Ministerio del Interior será presentado a la propia intendencia, solicitando y explicando los límites que tienen las competencias municipales en relación al tema de la seguridad.

Sin embargo, si no se llega a un acuerdo con la intendencia, Riera adelantó que se podría recurrir a la justicia. “Esa es la última carta, yo creo que hay que agotar el diálogo y si finalmente no se entienden razones, recurrir a la justicia, porque no se puede hacer justicia con manos propias”, aseveró.

El ministro sostuvo que existe una sola policía nacional, y es la única que tiene el monopolio de las fuerzas públicas, y que tiene la aplicación y la posibilidad como auxiliar de la justicia de hacer desalojos, aprehensiones y detenciones. Mientras que la policía municipal tiene sus limitaciones.

“Las policías municipales tienen sus límites, tienen competencia en tránsito, tienen competencias muchas veces, pero a través de inspectores no de policías, de establecer cumplimiento de ordenanzas, pero de ahí a que estén armados, con cara cubierta y cumpliendo funciones propias hay una superposición con la función de la Policía Nacional”, aclaró.

Por otra parte, Riera indicó que probablemente la decisión del intendente fue en buena fe, sin embargo, existen otras alternativas para que la intendencia pueda coadyuvar en el ámbito de la seguridad ciudadana.

“En el caso de la intendencia hay un trabajo en otros casos de mucha colaboración, porque seguridad en su amplio espectro es muchas veces, iluminar una plaza, generar actividades culturales, deportivas, generar actividades lúdicas, encontrar la fórmula de construir para apoyar a la Policía casetas, instalación de cámaras. Hay muchas cosas que podamos hacer conjuntamente”, sentenció.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

La Secretaría de Políticas Lingüísticas, encabezada por el ministro Javier Viveros, junto con el equipo técnico de la institución, lleva adelante un proceso de diálogo con referentes comunitarios y el relevamiento de datos para el diagnóstico sociolingüístico de los pueblos originarios. El objetivo es delinear estrategias conjuntas para la documentación y revitalización de las lenguas nativas sobre todo aquellas que están en peligro de desaparecer.

En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, el ministro Viveros señaló que actualmente son 19 las lenguas indígenas que se hablan en Paraguay; de las cuales, 6 se encuentran en grave peligro de desaparecer y citó: manjui, guaná, sanapaná, angaité, tomárãho y ava guaraní, ya que son contados los indígenas abuelitos que conocen estos idiomas nativos.

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Mencionó que entre estos 6, hay uno que corre más peligro de desaparecer ya que solo quedan en el planeta tres abuelitas que conocen el idioma vana peema, los demás miembros del pueblo guaná hablan el guaraní paraguayo en sustitución de la lengua propia. Indicó que según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), esta comunidad cuenta con 556 personas; y solo las tres abuelitas son las que conocen y hablan el idioma vana peema.

“El pueblo guaná, cuya lengua pertenece a la familia lingüística maskoy, está asentado en la comunidad Río Apa, en aproximadamente 45 familias. Desde 2013 la SPL ha venido trabajando con dicho pueblo en el rescate y revitalización de la lengua propia. Como fruto del trabajo conjunto de la comunidad, el Estado y los especialistas, se cuenta ya con un diccionario trilingüe Guaná-Castellano-Guaraní, materiales audiovisuales y libros trabajados con las abuelas, últimas portadoras de esta ancestral lengua indoamericana”, precisó.

Agregó que el caso de los Ava Guaraní es distinto. El pueblo en sí suma 22.694 personas, pero es muy bajo el porcentaje de quienes utilizan la lengua autóctona. No obstante, resaltó que las demás lenguas nativas merecen igualmente atención para la promoción y mantenimiento.

Por ello, indicó que junto con el equipo técnico llevan adelante un proceso de consulta previa, libre e informada, a fin de delinear estrategias de documentación y revitalización de la lengua originaria.

“La SPL, a través de la Dirección General de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas, encabezada por la Mgtr. Rossana Bogado, trabaja en tres principales líneas de acción: documentación, revitalización y promoción. El trabajo de rescate suele pasar por estas etapas. Se realizan visitas exploratorias a las comunidades, siempre con el contacto previo y la aprobación del líder”, indicó.

Indicó que las estrategias de trabajo son elaboradas conjuntamente con los miembros de las comunidades que conforman el pueblo, que puede ser una sola comunidad o a veces varias. “El primer paso es siempre la realización de un diagnóstico sociolingüístico que nos permite ver el estado de la lengua, su nivel de vitalidad en diferentes ámbitos de uso. Una vez que tenemos ese instrumento podemos diseñar las estrategias a seguir para la documentación, promoción y revitalización de la lengua”, explicó.

Indicó que la documentación incluye la grabación de materiales audiovisuales para el registro de sus bailes ancestrales y ceremonias, donde la lengua propia es siempre protagonista. Precisó que muchos de los trabajos entre la SPL y las comunidades hablantes, además de diccionarios digitales y gramáticas, pueden encontrarse en el sitio web: www.spl.gov.py.

El ministro Viveros destacó que en menos de un año que lleva en el cargo, pudo ya visitar 17 de los 19 pueblos indígenas y espera en este mes de noviembre visitar las dos comunidades que le faltan. “El objetivo es que podamos tener de las 19 lenguas la mayor cantidad posible de documentación escrita y audiovisual; también que podamos contar con el alfabeto, la gramática y un diccionario de todas esas lenguas indoamericanas, todas ellas verdaderas gemas del riquísimo acervo lingüístico de nuestro país”, resaltó.

Destacó que durante las visitas ha notado que cada comunidad nativa es consciente de que su lengua no debe apagarse, que debe mantenerse, fortalecerse y pasar a las nuevas generaciones. Sin eso, todo trabajo de documentación y rescate se torna imposible.

“Hasta hoy no nos hemos encontrado con pueblos o comunidades que quieran renunciar a su lengua propia, sino todo lo contrario. Reconocen que su lengua es su señal identitaria más fuerte, que su cultura es su forma de ser en el mundo”, comento.

Asimismo, resaltó la labor que lleva adelante su equipo técnico. “Un trabajo silencioso, alejado del ruido mediático, pero importante y vertebral, porque se trata del rescate de estas lenguas que forman parte de la riqueza inmaterial de nuestro país, de su patrimonio intangible más valioso”, precisó.

Finalmente, señaló que Paraguay es valorado principalmente porque una lengua de origen indígena, el guaraní, alcanzó el estatus de lengua oficial y a la vez cuenta con 19 lenguas indígenas. “Si bien, hay otros países americanos que tienen lenguas indígenas declaradas como oficiales, el caso paraguayo es singular porque esa lengua cooficial, que es el guaraní, es hablado por la mayoría de la población no indígena. El guaraní sigue siendo la lengua de comunicación mayoritaria de los paraguayos”, concluyó.

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A más de 24 horas del secuestro del colono Silvio Fiedler y luego de que se cumpliera el horario puesto por los captores para la entrega del monto que exigen, los intervinientes continúan desplegados en la colonia Gleba 2, distrito de Mbaracayú, departamento de Alto Paraná, en medio de trabajos de investigación y asesoramiento a los familiares.

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó este miércoles que debido a las investigaciones y lo delicado del caso, no se pueden revelar mayores detalles de los trabajos que se están realizando, pero garantizó que el objetivo principal de todo el operativo es poder volver a reunir a Silvio Fiedler con sus familiares.

“Se declaró prioridad uno, se desplazó nuestro mejor equipo en el terreno. Lamentablemente y por razones obvias del caso no puedo dar mucha información, solo puedo decir que tenemos más elementos que cuando se produjo el hecho”, expresó el secretario de Estado en conversación con la 1080 AM.

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Respecto al plazo de entrega del dinero, el cual se cumplió ayer martes a las 18:00, indicó que se solicitó la prueba de vida a los captores para avanzar con las negociaciones, pero la misma aún no fue recibida por la familia ni se han dado otras comunicaciones.

“Se está usando la máxima tecnología disponible y estamos mejor que cuando sucedió el hecho. Mientras el Estado hace su trabajo, los familiares entran en una lucha que es imposible de relatar”, expresó el ministro del Interior remarcando que la familia está recibiendo el acompañamiento y contención por parte de las autoridades.

Hay que destacar que según las declaraciones de las víctimas, durante el robo que terminó con el secuestro de Silvio Fiedler, los sujetos, que actuaron con suma violencia, estaban fuertemente armados y tenían acento brasileño.

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El excanciller nacional Eucli­des Acevedo, el analista político Mario Paz Castaing, el abogado constitucionalista Marcelo Duarte, y el comunicador Ignacio Martínez debatieron en el programa “12/8″ por GEN/Nación Media sobre la reforma constitucional, coincidiendo en que la misma no apunta a intro­ducir la reelección presidencial.

“Lamentablemente la gente habla de lo que no sabe. La gente se olvida de que una constitución es un nuevo con­trato, esto supone consenso y esto supone convocatoria al diálogo, lo que significa pacto; la constituyente debe­ría ser la liturgia que legitime ese acuerdo político”, señaló Acevedo.

Puntualizó que actualmente no hay suficiente conocimiento jurídico, conexión con la temperatura social, así como solvencia jurídica y polí­tica para abordar como tal la reforma, pero apeló a la impor­tancia de mantener las conver­saciones al respecto. “Lo peor que se puede hacer es no deba­tir, con el cuento del miedo a la reelección”, indicó.

Paz Castaing puntualizó que, con sus luces y sus sombras, la Constitución de 1992 ha logrado resguardar de manera más amplificada los derechos. Todo esto, a través de un pacto social consensuado con acto­res políticos de primer nivel y miembros de la sociedad civil.

“Coincido con que no es el momento (de la reforma) y, además, esta Constitución ha permitido sobrevivir 36 años de vigencia de libertades públicas y resistencia política. No excluyo la posibilidad del debate y creo que están abier­tas las posibilidades a futuro”, puntualizó el analista político.