El colorado Ramón Retamozo, extitular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), salpicado por hechos de corrupción durante su gestión y fiel seguidor del diputado Miguel Cuevas, quien está imputado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, se encuentra a un paso de asumir una banca en el Senado.
Su ingreso en el estamento se daría en caso de concretarse la salida, el próximo miércoles, del dirigente esteño Javier Zacarías Irún y del cuestionado Rodolfo Friedmann, salpicado por varias denuncias de corrupción en su época de gobernador del departamento del Guairá; o en el caso de que Luis Alberto Castiglioni sea designado como nuevo ministro de Industria y Comercio (MIC).
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El pasado 13 de agosto, Retamozo había renunciado al cargo en la ANNP, argumentando que no quería ser motivo de inestabilidad en la administración del mandatario Mario Abdo Benítez, incluso durante su despedida agradeció a sus correligionarios del “glorioso departamento de Paraguarí”, entre ellos Miguel Cuevas, quien guarda prisión domiciliaria.
Incluso, Retamozo está siendo investigado por la Fiscalía, a raíz de los millonarios montos que se gastaban en viáticos de funcionarios bajo el concepto de G. 1.200 millones en sus tres primeros meses de gestión, nepotismo, contratación irregular de 300 funcionarios, entre ellos familiares, la posible falsificación de facturas, sobrefacturaciones, así como los gastos injustificados, entre otros.
Otros antecedentes
El senador por el Partido Democrático Progresista Pedro Santa Cruz había presentado una denuncia penal contra Retamozo, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, hecho punible contra la prueba documental y, finalmente, por enriquecimiento ilícito.
Entre los antecedentes mencionados también por el senador como base de la denuncia se encuentran supuestas irregularidades en un convenio firmado entre la ANNP, el Centro de Aduaneros del Paraguay y la Firma Sif América, para la implementación de un sistema integrado de gestión aduanera. Esta tercerización irregular de las recaudaciones habría generado un desvío de fondos públicos, según la denuncia.