El senador liberal Fernando Silva Facetti anunció que no acompañará la propuesta del Poder Ejecutivo para la construcción de viviendas a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismos, hasta que la Contraloría General de la República (CGR) aclare las denuncias de sobrefacturación y mal manejo administrativo.
Espera que la Contraloría aclare que todo fue estudiado y quedó totalmente despejada sobre la supuestamente sobrefacturacion y mala gestión. “Ahí podríamos esperar para dar el dinero”, añadió.
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Dentro del plan de reactivación económica se plantea un préstamo para la construcción de viviendas sociales dentro del programa Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis) se daría a través de la aprobación de préstamos de US$ 47 millones que irían al ministerio.
“El Ministerio de Vivienda que pide US$ 45 millones como si nada hubiera pasado, como si no existiese un informe de 150 páginas de la Contraloría donde dice que hay sobrefacturacion y mala gestión, lenta gestión”, expresó el senador. Recordó que de los fondos que se le entregó al ministerio solo usaron el 60%. “Y vienen a pedir más”, añadió.
Considera que “cuando menos tendríamos que esperar más”. Por otra parte recordó sobre la facultad de discrecionalidad otorgada en la ley que crea al ministerio, para que el dinero se entregado a pequeñas empresas constructoras, pero “hay pequeños grupos que se llevan todo”, dijo.
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Blanqueo a Bataglia: fiscal alega desconocimiento de nueva auditoría en curso al IPS
La desestimación de la denuncia por desfalco de G. 1 billón al Instituto de Previsión Social (IPS) por parte de su expresidente, Vicente Bataglia, generó la reacción de la Contraloría y de la propia previsional, las cuales manifestaron su sospecha ante los fuertes indicios de hechos punibles. A pesar de esto, los fiscales intervinientes se defendieron y aseguraron que se agotó la investigación.
“Yo desconozco a qué auditoría se están refiriendo, la auditoría que hace a la investigación que hicimos fue con base a las auditorías de Contraloría, esos reportes hemos argumentado fundamento por fundamento a partir de informes técnicos porque si nosotros vamos a someternos a un proceso, debemos tener elementos”, expresó el fiscal Luis Piñánez.
En contacto con “12/8″, emitido por GEN/Nación Media, el agente afirmó que desconocía que existía una nueva auditoría en curso por parte de la Contraloría a la previsional, la que también incluye a la administración de Bataglia e indicó que todos los elementos remitidos por el órgano contralor, fueron analizados durante la investigación.
“Agotamos una investigación, tomamos una conclusión y eso va a estar bajo el análisis del órgano jurisdiccional”, añadió el fiscal y aseveró que la labor del Ministerio Público no es “refrendar” lo que dicta un órgano administrativo, esto respondiendo a los cuestionamientos tanto de la Contraloría como del IPS por desestimar la denuncia.
“Esto es el resultado de los elementos en los que el Ministerio Público determinó que no existen elementos suficientes para establecer que existe una conducta punible de lesión de confianza. El juez de Garantía va a tomar la decisión, si a él le parece o no o si le da algún tipo de trámite”, sostuvo. De acuerdo a la Contraloría, durante la gestión de Bataglia se habría ocasionado un perjuicio al IPS por G. 1.630.414.082.023.
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Persiste en el Senado tendencia para el rechazo de la pensión para personas con discapacidad
En la mañana de este lunes miembros de la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad se aglutinaron frente al Congreso Nacional con el fin de exigir la sanción del proyecto que plantea otorgarles una pensión equivalente a 25 % del salario mínimo, que representaría actualmente la suma de G. 699. 557.
La iniciativa va dirigida exclusivamente para los adultos mayores que posean discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, congénita o adquirida que se vean impedidas de desarrollar una actividad digna y remunerada. Pese a los reclamos, el documento presentado en noviembre del 2023, que ya cuenta con la media sanción de Diputados, no figura en el orden del día para su estudio en la sesión ordinaria del Senado prevista para este miércoles.
No obstante, el senador Natalicio Chase sostuvo que cualquiera de sus colegas posee la atribución de solicitar el tratamiento del proyecto en el estadio de sobre tablas. No obstante, el legislador indicó que persiste la tendencia al rechazo.
“La postura inicial del Senado fue el rechazo, seguramente será la misma y se requerirá de 30 votos. Al principio no hay un cambio, teniendo en cuenta las manifestaciones desde el Ministerio de Economía y Finanzas que refiere que es insostenible la aplicación de este proyecto de ley porque no está estudiado a cabalidad”, mencionó tras finalizar la reunión de la mesa directiva de la cámara.
Chase explicó a la vez que la citada cartera estatal no participó en la elaboración y discusión de la iniciativa legislativa. Agregó que de concretarse este paso, se podría impulsar un nuevo proyecto con mejores estudios técnicos para luego aprobarlo.
Ante esta situación, los manifestantes alegaron que permanecerán en las inmediaciones del Congreso de manera indefinida como medida de fuerza hasta lograr la sanción del proyecto. A la vez no descartan tomar medidas de fuerza más duras, como una huelga de hambre en caso de que sus reclamos no sean atendidos.
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CGR confirma blanqueo a Bataglia: “Hay hechos de relevancia penal que no fueron investigados”
Desde la Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Dario Ortega, sostienen que el Ministerio Público evadió profundizar sobre los reportes de indicios de hechos punibles que fueron detectados en la gestión del expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia. El caso judicial guarda relación con el supuesto daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.
“El panorama no está completo. Hay hechos de relevancia penal que no fueron investigados por la Fiscalía, entonces como consecuencia no se puede concluir en la desestimación de la causa. Existe un montón de circunstancias que pueden derivar a otros hechos punibles que no solamente sea un daño patrimonial”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Ortega surgen tras cuestionar el pedido de desestimación de la denuncia contra Bataglia y sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina investigados por lesión de confianza y estafa.
El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez.
Ortega indicó que la conclusión final del Ministerio Público se limita solo en las investigaciones sobre el préstamo relacionado a los fondos obtenidos por la Ley 7037 que establece el financiamiento del programa de enfermedad y maternidad del IPS.
“Varias de las observaciones de la Contraloría versaban sobre lo que se obtuvo como préstamo en virtud de la ley 7037, pero nuestra auditoría financiera y cumplimiento no se basó solo en estos fondos, sino que era más general. Hago esta aclaración porque cuando concluyen los fiscales pareciera ser que ellos pensaron que esta auditoría solo se refería a los fondos obtenidos en virtud a esta ley consistente para cubrir los gastos del programa de maternidad y enfermedad, es decir, para pagar a los proveedores”, mencionó.
El director jurídico de la Contraloría detalló además que si se toma por concluida la investigación, los fiscales solo se limitaron a indagar sobre un préstamo de G. 350.000 millones.
“Si asumimos como completo el trabajo de la Fiscalía en esta conclusión de desestimación, entonces quiere decir que solamente los fiscales pudieron verificar los pagos realizados por 350.000 millones, sin embargo, la deuda según el propio IPS era de 1 billón. La Fiscalía dejó de averiguar más o menos alrededor de USD 80 a 90 millones sin tener documentación a quién, por qué, cuánto se le debe. Esto representa no solo un riesgo, sino un peligro eminente de un daño que se le puede causar al ente”, lamentó.
Ortega acotó: “Ya hemos escuchado las declaraciones de los representantes de la Fiscalía que no le dan la relevancia e importancia al trabajo de la Contraloría. Los fiscales dejaron de averiguar exactamente por qué el Instituto de Previsión Social no tenía a la fecha que la Contraloría le requirió los documentos respaldatorios de esta deuda”.
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Plazo límite: sugerencias de cambios al Servicio Civil serán aceptadas hasta la próxima semana
Los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública del Senado socializaron juntos a autoridades del Poder Ejecutivo la iniciativa de reforma del Servicio Civil. El documento fue presentado por el gobierno de Santiago Peña el pasado 16 de setiembre, tras un diálogo abierto con diversos sectores de la sociedad.
Su tratamiento en el pleno se prevé en la quincena del mes de noviembre, iniciativa incluye puntos relacionados con el nepotismo, la estabilidad laboral, mecanismo de ingreso a la Función Pública, entre otros aspectos. “Esta es una ley que necesitamos para ordenar la función pública, para dar garantías al funcionario público, no se trata de sacarle sus derechos adquiridos”, comentó Zacarías.
Asimismo, el parlamentario acotó: “Esta iniciativa servirá para que el ciudadano pueda hacer una carrera pública conforme a sus méritos, sus actitudes, capacidades”. Participaron del encuentro Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanza, Mónica Recalde, ministra del Trabajo, Marco Aurelio González Maldonado, procurador general de la República y Andrea Mercedes Picaso, viceministra de Capital Humano.
También fue convocado al debate Luis María Benítez Riera, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por otra parte, Zacarías indicó que hasta la próxima semana la comisión que encabeza estará recibiendo las sugerencias de modificaciones al proyecto ejecutivo que puedan ser planteadas por los gremios, asociaciones, sindicatos, estamentos públicos, senadores y diputados.
“Queremos sacar un proyecto de ley que otorgue seguridad jurídica para todos, tanto a quienes quieran ser funcionarios públicos y a los que son funcionarios públicos. Esto es muy necesario para la república del Paraguay”, refirió.
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