Un joven con discapacidad física denunció que fue víctima de discriminación al intentar utilizar una unidad del transporte público. Acreditó su condición con la presentación de su carné que le habilita a viajar gratuitamente, pero fue agredido por el chófer que le negó el acceso y, además, se burló de él.

Eduardo Juan José Páez Cuenca relató a los medios de prensa el episodio que afrontó cuando fue obligado a descender del colectivo e incluso estuvo a punto de ser golpeado físicamente, conforme expresó.

“Yo tengo el certificado de discapacidad que es para pasaje gratis. Salí de mi facultad y quise tomar la Línea 5, exactamente la unidad 25. Me quise subir, le mostré el certificado y me dijo que no me iba a aceptar. Yo le pregunté por qué si hay una ley”, señaló.

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El denunciante grabó un vídeo para avalar sus acusaciones contra el conductor del ómnibus, quien respondió con sorna al reclamo del usuario del transporte público. “Anda, denúnciame. Si no querés pagar el pasaje, comprá para tu bici o para tu caballo”, dijo el chofer al joven universitario que le avisó que lo denunciaría.

La víctima contó que aparte de improperios casi fue agredido físicamente. “Empezó a agredirme verbalmente. Me dijo pelotudo y todas esas cosas. Y después cuando ya me estaba por bajar, él quiso bajar del colectivo para agredirme físicamente. Yo vine directo a denunciar”, manifestó.

Juan José afirmó que no es la primera vez que sufre esta discriminación. “La verdad es que desde que tengo todos estos beneficios sería la tercera vez que me está pasando. Y ahora me animo a denunciar porque ya pasó el límite y muchos choferes suelen ser así, que no te aceptan. Y yo quisiera alzar mi voz para que no ocurra más eso más adelante”, subrayó.

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A medida que pasan las horas van surgiendo más datos sobre el atraco a la entidad bancaria en Naranjal, departamento de Alto Paraná, como por ejemplo una alerta por parte del Departamento de Inteligencia sobre una sospecha de robo y también la denuncia de vecinos que reportaron que unos desconocidos vestidos de barrenderos estaban recorriendo la zona días antes.

En redes sociales se viralizó un video que fue captado por un vecino, a quien le pareció sospechosa la actitud de estas personas que días antes estaban recorriendo la zona vestidos de barrenderos. Estos iban en una camioneta y hacían como que recogían basura, pero no eran funcionarios municipales.

Según el reporte, los pobladores denunciaron el caso a la comisaría local, por lo que tomaron intervención e incluso lograron detener a los sujetos, pero luego de hacerles unas preguntas los volvieron a liberar. Los vecinos indicaron que la respuesta de los intervinientes fue: “No pasa nada”.

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A todo esto se suma que tres horas antes del asalto, desde el servicio de Inteligencia dieron aviso de que había sospechas de un posible robo al banco e incluso emitieron un comunicado interno, pero atendiendo a que son solo seis uniformados en la comisaría local no pudieron dar cobertura.

Se presume que un total de 15 personas participaron de este atraco en el redujeron a los guardias y luego usaron dinamita en gel para volar las entradas. De la bóveda lograron llevar G. 2.800 millones y dejaron esparcidos G. 700 millones. Tras el hecho abandonaron los automóviles en los que huyeron.

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Cuarenta trabajadores de una conocida empresa de servicios exequiales fueron despedidos en forma injustificada, hace un mes, según una denuncia de los afectados, quienes realizaban las tareas de asesoría de ventas.

En contacto con el diario La Nación/Nación Media, Norma Domínguez y Lilian Gisselle Ortiz denunciaron que fueron convocados por la oficina de Recursos Humanos de la empresa para informarles sobre la desvinculación laboral sin motivo alguno.

Una de las afectadas, Norma Domínguez, refirió que solamente le querían abonar una indemnización equivalente a 9 millones de guaraníes, a ser efectivizada en tres cuotas y con cheque diferido, cuando en realidad le correspondía 17.400.000 guaraníes, según los años de trabajo en la empresa y la correspondiente indemnización legal verificada por el Ministerio de Trabajo.

“La firma exequial nos quiere pagar muchísimo menos de lo que corresponde de acuerdo a la ley. Aparte, nos hacían trabajar 8 horas diarias cuando nos pagaban por 4 horas y esas horas declaraban a IPS”, dijo una de las asesoras de ventas.

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Norma junto a otras compañeras, como Lilian Ortiz, Katherine Fleitas, Beatriz Gaona, Andrea Bordón, y Hernán Benítez, realizaron la denuncia formal ante la dependencia ministerial, que realizó las correctas verificaciones correspondientes al resarcimiento legal.

Ante esta situación, el Departamento de Mediación de conflictos individuales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificó a la empresa de servicio exequial, a raíz de esta denuncia. En la primera convocatoria, los representantes de la firma no acudieron a la audiencia. Nuevamente, se fijó una nueva audiencia para este viernes 22 de noviembre.

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Desde el inicio de su instalación el pasado 26 de agosto, desde la Comisión Antilavado indicaron que algunas organizaciones sin fines de lucro (ONG) se resistieron a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.

Ante esta situación, el senador Gustavo Leite manifestó que aguardan la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de recurrir al auxilio de la Justicia para intimar a las mismas que remitan las documentaciones requeridas desde el ámbito legislativo.

“Muchas organizaciones se negaron a darnos datos. Ahora hay un marco legal y estimo que vamos a tener que recurrir lastimosamente a la Justicia. Las comisiones bicamerales de investigación de todos los congresos del mundo tienen poderes constitucionales que les permite requerir informes hasta a particulares, vamos a seguir insistiendo”, sostuvo a la 1020 AM.

Asimismo, el parlamentario acotó que no se quiere entrar y secuestrar los documentos. “Esto se hace por las buenas, aquí la ciudadanía tiene que saber en qué se gasta la plata, no es para perseguir a nadie. Yo no creo que los allanamientos sean necesarios porque la Justicia puede denegar o puede ordenar que las organizaciones traigan sus documentos”, aseguró.

Leite detalló que la comisión bicameral de investigación encontró hechos llamativos en las oenegés que recibieron financiamiento de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Unión Europea (UE).

“El que trabaja con el Estado paraguayo tiene que estar en condiciones de rendir cuentas. Nunca estuvo en nuestro espíritu ni allanar, garrotear ni perseguir. Hay personas, medios de comunicación, periodistas que no desean que sus nombres se revelen y se resistieron hasta ahora, pero vamos a seguir insistiendo por las buenas”, mencionó.

El congresista agregó: “Jamás vamos a pedir que se secuestre o se allanen a las oenegés, esto solo es para los delincuentes, no creemos que las oenegés estén metidos en temas delictivos, pero sí creemos que esconden información”.