El cobro indebido de honorarios es una de las imputaciones que pesa sobre el presidente del Indert, Mario Vega, porque pese a no tener autorización para acceder a la remuneración en concepto de bonificación, la percibió hasta el mes de abril de este año. También está procesado por el pedido de coima para que la Fundación Cerro Lambaré reciba su segundo desembolso.

“Mario Vega no estaba autorizado para acceder a una remuneración en concepto de bonificación o gratificación, lo viene percibiendo desde que asumió en octubre del 2019 hasta abril del 2020”, informó el fiscal Luis Said, en contacto con Universo 970 AM.

Explicó que existe un dictamen de la Comisión Presupuesto sobre la imposibilidad de recibir esa remuneración en ese concepto, “con ese dictamen de por medio autoriza en febrero para seguir percibiendo esa remuneración”, sostuvo el fiscal. El titular del Indert indicó que percibe como salario G. 16 millones.

Lea más: Mario Vega anuncia que se pondrá a disposición de la Fiscalía y niega pedidos de coimas

Mario Vega y su exdirector de administración y finanzas, Diego de los Ríos, habrían solicitado la suma US$ 25 mil a los representantes de la Fundación Cerro Lambaré para hacer efectivo el segundo desembolso vinculado a un convenio para la construcción de pozos artesianos en Canindeyú y Caaguazú. El segundo desembolso sería de G. 439 millones.

La imputación por lesión de confianza se da porque existen dictámenes vinculantes de la junta asesora del Indert, en la que negaban el segundo desembolso. A pesar de eso, con el dictamen del asesor jurídico Aldo León, dieron trámite, violando así la disposición de la junta asesora, según Said.

“Entonces se produce un daño en el perjuicio del Indert, porque no estaba autorizado, como derivación se da el pedido de US$ 25 mil para lograr el desembolso al cual accedieron los representantes de la fundación”, agregó.

Lea más: Presidente del Indert, imputado y prófugo por pedidos de coimas

La imputación recae por seis personas, por varios hechos punibles presentado en el Juzgado de Garantías, tres de ellas son funcionarios: Mario Vega Mereles, presidente del Indert, José Luis Clerch, jefe de gabinete, Aldo León, asesor jurídico, mientras que Diego de los Ríos se desempeñó como director de administración y finanzas hasta febrero. También dos funcionarios de la fundación, por aceptar el soborno.

Las imputaciones se dieron por lesión de confianza, cohecho pasivo agravado, cobro indebido de honorarios y asociación criminal. Estos tipos penales pueden llegar a un marco penal de 6 meses a 15 años máximo de pena privativa, expresó.

Lea también: Ante denuncias a la gestión de Durand, buscarán injerencia de Contrataciones Públicas