El Congreso no puede intervenir en desalojos, reitera Silva Facetti
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El senador Fernando Silva Facetti (PLRA) manifestó este lunes que es preocupante el acuerdo firmado por el presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón, con los sectores campesinos y advirtió que los labriegos están nuevamente amenazando con invasiones de tierra.
“Me preocupa la iniciativa que tuvo el senador Óscar Salomón con algunos otros colegas, que en nombre del Congreso, ambas cámaras, firmaron un acuerdo con dirigentes de pueblos originarios que estuvieron en Asunción toda la semana”, señaló Silva Facetti a los medios de comunicación.
Sostuvo que uno de los puntos del acuerdo firmado establece la devolución de unos US$ 25 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), destinado a la asistencia a los campesinos, siendo que la Cámara de Diputados y el Senado deberían de aprobar el documento.
Mencionó que otro de los puntos establecidos es la de crear mesas de trabajo para intervenir en los desalojos, ya que el Congreso no tiene atribuciones para intervenir en los procedimientos de este tipo porque es una cuestión judicial, iniciada por el propietario, previa demostración de los títulos de propiedad ocupada.
“La Fiscalía y el juez ordenan los desalojos o las detenciones y en ningún lado de nuestra legislación se establece que una mesa de trabajo del Poder Legislativo puede parar el derecho soberano que tiene el propietario, eso es una barbaridad. El Poder Judicial es independiente”, agregó el senador.
La firma del acuerdo con campesinos por parte del presidente del Senado, Óscar “Cachito” Salomón, sigue siendo cuestionada por los senadores que reclaman la falta de participación en esa decisión. Los labriegos llegaron a Asunción, donde realizaron marchas exigiendo al Gobierno la condonación de deudas, la reactivación productiva y tierras para la reforma agraria.
Entre las comisiones que aconsejan aceptar el rechazo del Ejecutivo figuran la de Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Salud Pública y Legislación y Codificación. Foto: Gentileza
Diputados tratarán el veto y comisiones aconsejan aprobación
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El veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley del agente penitenciario será analizado por la Cámara de Diputados el martes 26 de noviembre. El documento figura en el punto 17 del orden del día de la sesión ordinaria.
Varias son las comisiones de la Cámara Baja que aconsejan a la plenaria aceptar el rechazo, entre ellas se encuentran la de Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Salud Pública y Legislación y Codificación. La iniciativa sancionada en agosto pasado tiene como finalidad la profesionalización del agente penitenciario, a la par de establecer una estructura orgánica con derechos, deberes, prohibiciones y garantías para el desempeño de las laborales de los agentes dentro de las penitenciarías.
Entre estas atribuciones se habla del retiro, la formación profesional, los sueldos y los beneficios laborales, entre otras consideraciones. No obstante, desde el Ejecutivo dicen que la iniciativa aunque bien intencionada, no cumple con las normas legales ni administrativas necesarias.
En el rechazo total se menciona el parecer técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, explicando que dicha cartera estatal desaconsejó su promulgación debido a la necesidad de racionalización de los gastos del Estado paraguayo.
“La iniciativa presenta riesgos en cuanto a su viabilidad práctica y financiera, comprometiéndose así no solo la efectividad de las soluciones, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, sin perjuicio de las objeciones misionales fundamentales que presenta el proyecto, todo lo cual justifica la objeción total de la misma”, sostiene.
La propuesta presentada en la Cámara de Diputados estipula un régimen especial de transferencia anual de compensación a ser gestionado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Foto: Archivo
Buscan que Asunción reciba compensación económica por ser la capital del Paraguay
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En Diputados tuvo entrada oficial la propuesta de compensación anual por capitalidad que tiene como fin dotar a la ciudad de Asunción de recursos legales y financieros que permitan atender las crecientes demandas de infraestructura, servicios y desarrollo urbano, derivados de su condición única de sede de los poderes del Estado y centro neurálgico del país.
El documento estipula un régimen especial de transferencia anual de compensación a ser gestionado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Este mecanismo incluirá una asignación presupuestaria anual en el Presupuesto General de la Nación para la Municipalidad de Asunción; además de un uso exclusivo de los fondos en obras viales, promoción de lugares turísticos y de entretenimiento, conservación de espacios públicos y desarrollo urbano integral.
La iniciativa que deberá ser girada a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Baja para sus dictámenes y posterior tratamiento en la plenaria afirma que la capital con una población de 462.241 habitantes, según el último censo, recibe diariamente a cerca de 1.800.000 personas que no residen ni tributan en la ciudad, pero utilizan sus espacios públicos, infraestructura vial, servicios y generan una mayor producción de residuos.
Señala además que esta situación genera una presión significativa sobre los recursos municipales, convirtiéndose en un desafío constante para la gestión de la ciudad. El proyecto de ley deja a las comisiones asesoras de Diputados la definición del monto máximo de la compensación en base a los requerimientos de la municipalidad capitalina.
El documento fue presentado por el legislador Daniel Centurión, quien menciona que de lograrse la aprobación por parte de ambas cámaras del Congreso y la promulgación del Ejecutivo se contribuirá con el desarrollo sostenible de Asunción, además de mejorar la calidad de vida tanto de sus habitantes como de las personas que diariamente utilizan la ciudad como centro laboral y de servicios.
Entre las comisiones que aconsejan aceptar el rechazo del Ejecutivo figuran la de Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Salud Pública y Legislación y Codificación. Foto: Gentileza
Agente penitenciario: diputados tratarán veto y comisiones aconsejan su aprobación
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El veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley del agente penitenciario será analizado por la Cámara de Diputados el martes 26 de noviembre. El documento figura en el punto 17 del orden del día de la sesión ordinaria.
Varias son las comisiones de la Cámara Baja que aconsejan a la plenaria aceptar el rechazo, entre ellas se encuentran la de Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Salud Pública y Legislación y Codificación. La iniciativa sancionada en agosto pasado tiene como finalidad la profesionalización del agente penitenciario, a la par de establecer una estructura orgánica con derechos, deberes, prohibiciones y garantías para el desempeño de las laborales de los agentes dentro de las penitenciarías.
Entre estas atribuciones se habla del retiro, la formación profesional, los sueldos y los beneficios laborales, entre otras consideraciones. No obstante desde el Ejecutivo dicen que la iniciativa aunque bien intencionada, no cumple con las normas legales ni administrativas necesarias.
En el rechazo total se menciona el parecer técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, explicando que dicha cartera estatal desaconsejó su promulgación debido a la necesidad de racionalización de los gastos del Estado paraguayo.
“La iniciativa presenta riesgos en cuanto a su viabilidad práctica y financiera, comprometiéndose así no solo la efectividad de las soluciones, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, sin perjuicio de las objeciones misionales fundamentales que presenta el proyecto, todo lo cual justifica la objeción total de la misma”, sostiene.
Agrega además que el proyecto no fue canalizado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que “no se cuenta con los informes técnicos de las dependencias competentes respecto a la razonabilidad, sustentabilidad y sostenibilidad de los ingresos y de los gastos que justifiquen la asignación de nuevos recursos con la fuente de financiamiento 10 (recursos del Tesoro)”.
Indica a la vez que “diversas provisiones normativas contenidas en el proyecto de ley supondrán un incremento en el egreso público, sin que su viabilidad, necesidad, razonabilidad u optimización hayan sido debidamente analizadas o ponderadas por los entes públicos con la competencia normativa y de instancia técnica”.
Carlos Liseras, titular de Conajzar, explicó los alcances de la nueva propuesta de modificación de la Ley N° 1016/1997, que permitirá a la institución un mayor y mejor combate a los juegos clandestinos en todo el país. Foto: Archivo
La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria el proyecto de ley que modifica y amplía la Ley N° 1016/1997, ‘Que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar’”, conocida como Ley Conajzar. Uno de los planteamientos principales, tiene que ver con la integración de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Para conocer mejor la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo, el Diario La Nación/Nación Media conversó con el presidente de la Conajzar, Carlos Liseras; quien explicó que si bien en el Congreso existen algunas propuestas de modificación de la Ley Conajzar, tanto en el Senado como en Diputados, la que se incluyó con moción de tratamiento de urgencia en la sesión ordinaria de la Cámara Baja es la que remitió hace 15 días el Poder Ejecutivo y que se remitió a Diputados.
Líderes señaló que en la actualidad la Ley de Conajzar está un poco desfasada en el tiempo, teniendo en cuenta que con el tiempo y las nuevas tecnologías, que no contempla la ley actual, se está regulando los juegos de azar en la actualidad por medio de decretos y resoluciones, por ejemplo los juegos en línea, que la Ley N° 1016/1997 no contempla.
Liseras explicó que el planteamiento de modificar la ley es ante la preocupación del aumento de personas ludópatas, de los cuales muchos son menores de edad. Foto: Archivo
“El mundo va cambiando constantemente, y necesitamos ajustar esta normativa y tener la fortaleza suficiente como ente regulador para cumplir con el papel que nos corresponde y nos compete, y que la Ley nos obliga. Por ejemplo, hay mucha explotación clandestina de juegos de azar, lo cual preocupa enormemente, porque está poniendo en riesgo la salud de los menores de edad”, mencionó.
Aumento de ludópatas
El titular de Conazar explicó que la preocupación radica en el aumento de personas ludópatas, muchas de las cuales son menores de edad, a causa de los inescrupulosos a quienes no les interesa la salud de los menores de edad y permiten que jueguen, por ejemplo, con las máquinas tragamonedas que a diario se observan en la vía pública en cualquier local comercial.
Aseguró que con las modificaciones que se plantean a la legislación, se podrá combatir de manera más firme este flagelo, ya que la Conajzar podrá contar con la fortaleza suficiente para poder luchar contra la explotación clandestina.
Explicó que actualmente la Conajzar es dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y de sancionarse la Ley pasará a depender del DNIT, que cuenta con el personal técnico y la estructura necesaria para combatir este problema.
“Es una novedad bastante importante y permitirá que el ente regulador cuente con la infraestructura y el personal necesarios para cumplir con su rol. Uno de sus objetivos principales es proteger la salud y la vida de los menores de edad ante la influencia de la explotación clandestina de los juegos de azar. Además, permitirá que el ente regulador pueda recaudar mucho más, y el dinero que la Conajzar recauda en concepto de canon fiscal se utiliza para sectores vulnerables de nuestro país”, explicó.
Aclaró que una vez que la Conajzar dependa de la DNIT, los funcionarios en forma conjunta podrán salir a las calles a sancionar y clausurar locales que estén explotando de manera ilegal los juegos de azar, sea cual sea el medio o el rubro. Indicó que podrán cubrir mejor todo el país.
Desmonopolización de los juegos
El presidente Liseras señaló que otro punto importante que se plantea entre las modificaciones es la desmonopolización de los juegos en todo el país, en lo que respecta a las apuestas deportivas y la Quiniela, ya podrá haber más de una empresa adjudicada en estas modalidades de juegos.
“Esto permitirá dinamizar la economía; también permitirá que la competencia haga que mejoren, porque competirán entre sí. Además, generará fuentes de empleo y permitirá aumentar la recaudación del canon de Conajzar. Estos recursos que recaudamos solventan el presupuesto de la Diben; además, se transfieren recursos a Fonares (Fondo Nacional de Recursos Solidarios) para intervenciones de alta complejidad y alto costo. También se transfieren fondos al Ministerio de Deportes, gobernaciones y municipios”, precisó.
Remarcó que de ahí su importancia de su aprobación y el tratamiento de urgencia, para que pueda tener la sanción respectiva de ser posible este año.
“Nececeistamos que la Conajzar goce de buena salud, por que el año que viene ya se tiene que llamar a licitación para el juego de modalidad de Quiniela y de aprobarse esta modificación permitirá a más de una empresa acceder a la licencia. De hecho, la Conajzar está recaudando mucho mas con el nuevo gobierno, pero necesitamos recaudar mucho mas, que permitirá estas modificaciones”, concluyó.