El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, se reunió con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión; el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y el equipo técnico del viceministerio, donde fue punto de debate el proyecto de ley de reforma del transporte público.

El titular legislativo informó tras la reunión que la ministra de Obras le adelantó cuándo se estaría presentando este proyecto. “Después de la Semana Santa van a estar presentando al Congreso. Fines de abril, primeros días de mayo va ser presentado”, expresó el senador en conversación con los medios de comunicación.

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Núñez mencionó que una vez presentado el proyecto será analizado y debatido por los integrantes de la Cámara Alta y se dará la mayor celeridad posible para su tratamiento, a fin de que pueda salir del Congreso y posteriormente ya quede en manos del Poder Ejecutivo.

“Queremos darle la mayor celeridad en el Senado, pero también debatiendo lo que va ser una ley de transporte, que esperemos que mejore la situación, principalmente de los que vivimos en el Área Metropolitana, el calvario que pasan los pasajeros”, sostuvo el legislador.

Esta reforma consta de tres ejes, la primera sobre la nueva reforma en la prestación del servicio y normativas que se establecerán para las empresas de transporte y que brindan el servicio a la ciudadanía.

En segundo punto, se establecerá la renovación de la flota de los buses, lo que incluye también a los buses eléctricos donados por Taiwán. El tercer eje de esta iniciativa se enmarca en las reformas de infraestructura para la circulación de los ómnibus de transporte público.

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La Cámara de Diputados tiene previsto analizar como primeros puntos del orden del día en su próxima sesión ordinaria, dos proyectos de ley que plantean la exoneración de pagos de las tasas de peajes en todo el país, por un lado y por otro, la exoneración de la misma tasa en los peajes del departamento de Itapúa.

Durante la última reunión de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, establecieron el orden del día para la plenaria ordinaria del próximo martes 1 de abril. Como primer punto incluyeron el proyecto de ley “Que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración del pago de la tasa de peajes en todo el país”.

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Esta propuesta busca que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenga una herramienta legal a la hora de exonerar el pago de la tasa de peaje a los ciudadanos. El documento expone que la iniciativa surge en respuesta a las constantes manifestaciones de pobladores de diversos distritos, que se oponen al pago de la tasa de peaje y solicitan su exoneración en los puestos habilitados dentro de sus municipios.

El proyecto establece, además la exoneración total del pago del peaje a los habitantes de los distritos donde se encuentran los puestos de cobro. “Este beneficio aplicaría para un máximo de dos veces al día (ida y vuelta) y solo en los peajes ubicados dentro del municipio de residencia del beneficiario. Además, se propone una reducción del 50% en la tarifa para los residentes de distritos aledaños dentro del mismo departamento”, explica el documento.

Asimismo, la iniciativa que se encuentra en su primer trámite constitucional contempla la exoneración total del pago de peajes para ambulancias, unidades de emergencia médica, vehículos oficiales de las Fuerzas Públicas y cuerpos de bomberos, con el fin de garantizar la operatividad de estos servicios esenciales sin costos adicionales.

Por otra parte, se incluyó además una segunda propuesta similar, pero en este caso, se solicita la exoneración del pago de peaje dentro del Departamento de Itapúa. Plantea la exoneración de las tasas al tránsito automotor en la estación ‘Portal de Itapúa’, ubicada en el kilómetro 281 de la Ruta PY01, distrito de General Delgado del Departamento de Itapúa, a los vehículos de ciudadanos de la comunidad de San Ramón del distrito de Santiago (Misiones) y Gral. Delgado (Itapúa)”.

Según la exposición de motivos, la iniciativa tiene como objetivo aliviar la carga económica de los habitantes de la región, los que deben desplazarse diariamente por dicho tramo para cumplir con sus obligaciones laborales, comerciales, educativas y de salud.

Añade que la iniciativa surge en respuesta al Decreto Nº 3.420, emitido el 28 de febrero de 2025 por el Poder Ejecutivo, que ordenó el traslado del peaje del distrito de Coronel Bogado al distrito de General Delgado.

“Esta reubicación, que entró en vigencia el 4 de marzo del presente año, ha generado un fuerte rechazo por parte de los ciudadanos afectados, los que han manifestado su descontento y exigen alternativas que mitiguen el impacto económico de la medida”, expresa parte del documento de fundamentación del proyecto.

El proyecto de ley, que también se encuentra en su primer trámite constitucional, establece la exoneración del 100% del pago de peaje para los ciudadanos de San Ramón y General Delgado, siempre que presenten documentos que acrediten su residencia en dichas localidades.

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La Cámara de Senadores se vio obligada a levantar su sesión ordinaria, en la tarde de este miércoles, debido a la falta de quórum, ya que se constató que en la sala solo había 20 legisladores. El plenario estaba comenzando a tratar el 4° punto del orden del día sobre el proyecto de Lley que buscaba ampliar el presupuesto al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con el fin de construir baños sexados al 100 % de las instituciones educativas públicas.

El proyecto en cuestión es una iniciativa planteada desde el Poder Ejecutivo, promovida por el senador colorado Silvio Ovelar, y busca ampliar el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por Ley N° 7408 del 30 de diciembre de 2024, Ministerio de Educación y Ciencias. El proyecto de Ley es conocido como “Letrina Cero en las Escuelas”.

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Al momento de la presentación, el legislador Ovelar explicó que, con tener nuevos pupitres en las escuelas, y ejecutar con éxito el programa “Hambre Cero”, no está cerrando el círculo, ya que es inadmisible que en pleno siglo XXI, año 2025 en el Paraguay siga habiendo escuelas con letrinas, en un promedio de 350 escuelas sobre todo en zonas vulnerables. Pese a la exposición de motivos, y debido a la falta de quórum, este estudio quedó postergado.

Al término de la sesión, el senador cuestionó a sus colegas la falta de coherencia al tratarse de un tema tan delicado y dirigido a comunidades vulnerables y que hayan dejado sin quórum la sesión.

“Me pareció suspicaz la ausencia de algunos colegas, cuando comenzamos a tratar este proyecto dirigido a los sectores más vulnerables. Tenemos Hambre Cero, tenemos pupitres nuevos, entonces seguir teniendo letrinas en zonas más vulnerables es un contrasentido. Con esto se cierra el circuito y otorga dignidad a los niños y niñas, además de ser parte de salud y educación”, expresó.

No obstante, reconoció que no vio necesidad de hablar previamente con las diferentes bancadas, porque consideró que el proyecto en sí era necesario y beneficiaría a los sectores vulnerables de manera inmediata, por lo que pensó que podría estar acompañado por todos sus colegas.

“Respeto los criterios que pudieran tener los colegas, pero cuando se trata de programas como este, en el que el beneficiado no voy a ser yo, sino que está pensado y dirigido a los sectores más vulnerables. Esto es un programa del Gobierno, imagínense que en el año 2026, el ministro de Educación confirme que durante el gobierno de Santiago Peña se logró erradicar definitivamente las letrinas en las escuelas públicas, va a ser un logro importante. Entonces, dejar sin quórum, porque no hablé con los colegas me parece un contrasentido”, concluyó.

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El director ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta, resaltó que la media sanción lograda para la modificación de la Ley de Patentes que el pasado martes aprobó la Cámara de Diputados es producto de un trabajo conjunto que llevaron adelante la organización, la Agencia Nacional de Transporte, legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

En comunicación con La Nación/Nació Media, resaltó que desde el inicio del diálogo en la búsqueda de la modificación de la Ley que entró en vigencia en diciembre pasado han mantenido constantes reuniones y diálogos tanto con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, como con diputados y senadores. Incluso, destacó que ya se conversó con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus asesores, a fin de dar celeridad a su tratamiento, aprobación y finalmente promulgación.

“Esperamos que el Senado pueda tratarla esta semana y de ser posible aprobarla, de tal modo que antes del 31 de marzo el presidente de la República pueda promulgar la nueva Ley modificada. Esto, teniendo en cuenta que hay municipios en los que este 31 de marzo ya vencen las patentes. Entonces, con los nuevos precios los ciudadanos podrán acercarse a pagar”, precisó.

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Nelson Peralta resaltó que desde la organización están conformes con lo resuelto por la Cámara de Diputados, que aprobó esta semana las modificaciones que habían planteado a la legislación que entró en vigencia en diciembre del año pasado. Indicó que desde la Opaci han trabajado en la elaboración de las modificaciones.

“Nosotros habíamos elaborado una propuesta que decía que el costo más bajo no podría ser inferior al 0,4% del jornal mínimo,y que el porcentaje máximo no debería superar el salario mínimo vigente. Esto fue lo que finalmente ellos sacaron de lo que nosotros presentamos”, explicó.

Remarcó que con el equipo técnico de la Opaci, junto al equipo técnico de la Agencia Nacional de Transporte, se reunieron con los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, además del vicepresidente primero Marcelo Salinas y los miembros de los consejos departamentales de intendentes municipales, para acordar los puntos que fueron tratados y modificados por el plenario en la sesión ordinaria del martes pasado.

Peralta destacó que en la nueva ley que está siendo estudiada por el Congreso se establece, en uno de sus artículos, la instalación de un ente de control que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que es la Agencia Nacional de Tránsito.

“Anteriormente no existía una institución que controlara a los intendentes para el cumplimiento de la Ley. Ahora es la Agencia la que estará a cargo de los controles, y esa ley con media sanción, si es que no la modifica el Senado, dice que el intendente que expida incorrectamente una habilitación o una patente será multado con un jornal mínimo diario por cada habilitación mal concedida”, precisó.

Respecto a la Agencia Nacional de Transporte, señaló que es la que está integrada con la presidencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, que delega en el director general, rango de viceministro de Transporte. Cuenta con una junta o consejo nacional que integran además de la titular del MOPC; sus pares, los ministros del Interior, Salud Pública, Educación, los intendentes de Asunción y Guarambaré, el titular de Opaci.

El director Ejecutivo de la Opaci resaltó que con estas modificaciones que se están introduciendo, los costos de las patentes van a bajar, ya que al principio se establecía el 0,5 % sobre el valor imponible y ahora se estableció el 0,3 % sobre el valor imponible.

“En algunos municipios se les fue verdaderamente de las manos, llegando a cobrar G. 50.000 por la patente de un auto 2015 o 2020, eso no correspondía, pero lo hicieron. Ahora deberán cobrar conforme al valor imponible”, precisó.

Finalmente, indicó que una vez promulgada esta Ley con sus modificaciones, desde la Opaci ya cuentan con un programa que les permitirá a los municipios hacer los correspondientes cálculos de acuerdo al vehículo que solicite su habilitación. Precisó que a los 264 municipios del país se les entregará el programa que tiene cargado todas las marcas de los vehículos, modelos, años, procedencia; además si tiene 4 puertas, 2 puertas, es naftero, diésel, eléctrico o híbrido.

“Cada vehículo tiene un costo diferenciado y nosotros desde la Opaci vamos a entregar este programa a cada municipio, donde al introducir los datos de la cédula verde, ya le estará diciendo cuánto es su impuesto a la patente. Nosotros ya tenemos todo preparado, estamos esperando que se apruebe. A partir de ahí, queda a cargo de cada intendente cobrar el monto que se le indica. La Agencia Nacional de Transporte se encargará de controlar el cumplimiento de la Ley”, concluyó.

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