El magistrado de Garantías, Rodrigo Estigarribia, resolvió rechazar todos los incidentes promovidos por la defensa de Hugo Javier González Alegre y elevó la causa a juicio oral para el exgobernador de Central, durante la audiencia preliminar realizada este jueves. También el exdirector de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas, será juzgado en la causa por el presunto desvío de G. 18.300 millones en perjuicio de la Gobernación, entre los años 2019 y 2020.

En otra carpeta fiscal, el exgobernador González también está acusado, junto a otros cinco funcionarios, por el supuesto desvío de G. 5.105.000.000 de los fondos covid, en el año 2020, en un juicio oral y público que inició en junio pasado. En esta segunda causa, el agente fiscal Leonardi Guerrero sostiene una acusación contra el exgobernante y conocido exanimador de televisión por lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.

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La segunda acusación del Ministerio Público manifiesta que el extitular de la Gobernación Central y otros funcionarios armaron un esquema para realizar las millonarias transferencias para la supuesta ejecución de 51 proyectos que fueron a parar al Consejo Regional de Salud del departamento de Central, la Asociación Integral de Apoyo Profesional, la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro. Nacional de Organizaciones Populares y la Asociación Ecodesarrollo.

Estas transferencias indebidas se hicieron entre marzo del 2019 y diciembre de 2020, y todo se desarrolló en contra de las disposiciones dictadas por ley. Según la Fiscalía, de los G. 24.424.032.733 desembolsados, el envío del dinero de la Gobernación de Central asciende a G. 18.384.427.005. En la primera causa elevada a juicio intervinieron los fiscales Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, mientras que el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Karina Cáceres tomó ese proceso.

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Con el apoyo de la primera Dama, Leticia Ocampos, se llevó a cabo este martes 20 de agosto el lanzamiento de la Red Mbareté, un espacio de coordinación creado para fortalecer el ecosistema de programas y servicios dirigidos a emprendedores, con un enfoque en la accesibilidad e inclusión.

De acuerdo al informe oficial, la Red Mbareté es impulsada por la Fundación Saraki en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Tiene como objetivo principal empoderar a los emprendedores con discapacidad y aquellos en situación de subsistencia.

La finalidad igualmente es promover la inclusión económica de personas vulnerables, especialmente aquellas con discapacidad y sus familias.

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Durante la presentación del espacio, se contó con la presencia de la primera Dama Leticia Ocampos, la directora de la Fundación Saraki, María José Cabezudo, así como de Mark Kerr, representante de USAID en Paraguay. Asistieron igualmente ministros del Poder Ejecutivo y representantes de organizaciones comprometidas con el fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

Destacan además, que todos los participantes disfrutaron de una experiencia inspiradora, donde testimonios de superación y resiliencia reflejaron el impacto positivo de estas iniciativas. Se celebraron los logros alcanzados y se reforzó el compromiso colectivo de construir una sociedad inclusiva, en la que todos tengan la oportunidad de desarrollar su máximo potencial.

El evento culminó con un renovado compromiso hacia la inclusión y el apoyo a los emprendedores con discapacidad y en situación de subsistencia. La Red Mbarete, co-creada con la valiosa participación de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, se estableció como un pilar esencial en la promoción de la igualdad de oportunidades y en la superación de barreras para las personas con discapacidad.

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Ricardo Torres, auditor y fundador de la Asociación Civil de Mariano Roque Alonso (ACMRA), señaló a nuestro diario que oenegés como el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que se venden como dioses de la transparencia y los derechos ciudadanos, restan credibilidad a las luchas ciudadanas porque el interés primordial es sacar rédito, además de estar aliados con políticos que persiguen a un solo sector del Partido Colorado en plena campaña electoral. Esto en el marco de un convenio de USD 50 millones entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionamedia.com

Un convenio firmado el 10 de setiem­bre de 2020 (tiem­pos duros de la pandemia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de repre­sentantes de la sociedad civil organizada. La figura para activar, financiar estos grupos de políticos aliados contra un sector bien defi­nido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la admi­nistración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones. El proyecto con­tiene 4 indicadores funda­mentales que es el Forta­lecimiento del Estado de Derecho, Avance de Opor­tunidades Económicas For­males, Mejora del Control Ciudadano.

El último componente refiere que Usaid “apo­yará a organizaciones de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, el sector privado y la aca­demia, a medida que estos controlan y exigen una mayor eficiencia, transpa­rencia y rendición de cuen­tas por parte del Gobierno. Usaid también apoyará a las redes anticorrupción que abogan por reformas, así como programas de vigilancia de tribunales, observatorios y sistemas de seguimiento para casos de corrupción”. Aquí surgie­ron las persecuciones y los escraches anticorrupción selectivos, así como publi­caciones bien direcciona­das a un sector del Partido Colorado pero, para sal­var formas, incluyeron en agenda algunos esporádi­cos casos de corrupción de antigua data.

No hay escraches por las comisarías “de oro” de Filizzola, la mala admi­nistración de Efraín Ale­gre en el Partido Libe­ral, las multimillonarias ganancias de Abdo con el asfalto y las deudas con­traídas para apurar obras, etc. Es lógico que el foco de los anticorrupción no esté en personajes como los mencionados ya que operadores políticos de sus respectivos grupos políticos son quienes se agruparon como organi­zaciones de la sociedad civil, consultores, confe­rencistas, en el marco del referido convenio.

La operación estaba y sigue prácticamente a cargo del Centro de Información y Recursos para el Desa­rrollo (CIRD), ONG endio­sada como de la transpa­rencia; sin embargo, aliada con Abdo. Recordemos que rendiciones de cuentas que obran en la Contraloría General de la República (CGR) muestran convenios entre la citada ONG y el gobierno de Abdo durante la pandemia (2021) para repartir sueldos a operado­res políticos del equipo del expresidente que se encon­traban en campaña elec­toral. Agustín Carrizosa, presidente de la organiza­ción, también hizo un fes­tín con su clan familiar con dinero proveniente del bol­sillo de los contribuyentes.

Aliados del CIRD en la Coalición por la Legali­dad del programa Más Ciu­dadanía, Menos Corrup­ción, como la Federación de Entidades Vecinalis­tas del Paraguay (Fedem), cuyos referentes hacían campaña por la exministra del Trabajo, excandi­data a senadora, también fueron parte del banquete.

“Cumplo en informar que, por orden superior, pro­cedí a sacarte de los gru­pos que nos unían”, fue la respuesta que recibió vía WhatsApp Ricardo Torres, auditor y fundador de la Asociación Civil de la ciu­dad de Mariano Roque Alonso (ACMRA), por parte de funcionario del CIRD en su momento. Esto luego de que el mismo obje­tara un gasto de “secreta­ría del proyecto” que fue incluido arbitrariamente en la iniciativa “Control Ciudadano”, en el marco de Más Ciudadanía, Menos Corrupción.

“Con conocimiento de causa y en mi calidad de ciudadano comprome­tido verdaderamente con la lucha social y el con­trol ciudadano; además de ser miembro funda­dor y exauditor ciuda­dano dentro de una aso­ciación civil en la ciudad donde resido (MRA), puedo decir que es una verdadera vergüenza el manejo poco serio y profe­sional que tienen oenegés como la Fundación CIRD, cuyas caras visibles son los Sres. Agustín Carrizosa y Francisco Alcaraz; en lo relacionado a la adminis­tración de estos fondos millonarios que reciben de Usaid. Firmamos un convenio de Iniciativa de Control Ciudadano” den­tro de su proyecto deno­minado Más ciudadanía, Menos Corrupción que, al momento de poner marcha al mismo y luego de haber comprometido recursos económicos de nuestros miembros, esta gente de una forma unilateral deja sin efecto el acuerdo, por el simple hecho de haberle reclamado unos fondos que supuesta­mente nos darían de G. 6.600.000, pero que iban a ser destinados a un grupo de consultores de su grupo, bajo el con­cepto Secretaría del pro­yecto”, explicó Torres.

Subrayó que, por lo men­cionado, “muchos ciu­dadanos de bien hemos perdido la confianza y credibilidad en este tipo de organizaciones civiles u oenegés, que a leguas se nota que lo único que les interesa es sacar rédito de este tipo de trabajos, donde somos los ciudada­nos los que trabajamos y ellos se sientan a recibir, a administrar a su gusto y paladar estas sumas millonarias”.

Torres quedó sorprendido con los millonarios recur­sos comprometidos en el convenio mencionado más arriba y con el gran esquema capitaneado en su mayoría por operado­res políticos de la oposi­ción que contaminaron un valioso proyecto cuya ban­dera es la transparencia y la lucha contra la corrup­ción y la impunidad. Pre­cisamente esa transpa­rencia de la que hablan y que reclamó Torres ter­minó por excluirlo de uno de los componentes más sensibles del convenio de USD 50 millones que es el de Control Ciudadano.

El ministro de la Corte Gustavo Santander integrará la sala penal de la máxima instancia judicial junto a César Diesel y Manuel Ramírez Candia para estudiar la recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Jesús Riera y Arnaldo Fleitas en el marco del proceso penal que enfrenta el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su gavilla por la filtración de información de Seprelad.

Santander aceptó entender en el presente caso luego de la llamativa inhibición del ministro Luis María Benítez Riera, quien se dio cuenta casi 100 días después de tener el expediente en su poder que tenía causal de inhibición del abogado Felino Amarilla defensor del imputado Carlos Arregui. Ahora se deberá realizar el sorteo para saber quién será el preopinante del presente caso para resolver la recusación que pesa sobre los integrantes del tribunal de apelación.

El Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional atenderá a partir de hoy durante las 24 horas de lunes a viernes para la expedición de cédulas y pasaportes. Se busca agilizar los trámites de modo tal que el documento personal se obtenga en el mismo día de la tramitación.

“A partir del día de la fecha estamos lanzando por disposición de la superioridad y teniendo en cuenta la cantidad de afluencia en el Departamento de Identificaciones en el horario de oficina, 24 horas de atención”, señaló el comisario León Almirón al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Destacó que con esta medida se quiere ayudar a la gente “que tiene muchas actividades en el horario de oficina por motivos laborales”.

Mañanas frí­as y tardes frescas a cálidas, al menos hasta mediados de la semana, es lo que pronostica la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH). El amanecer de hoy, lunes 12 de agosto, se presenta con un ambiente frío y vientos provenientes del sur.

A medida que avance el día, se tornaría fresco en gran parte del país, con temperaturas cálidas, especialmente en el Chaco. Las temperaturas máximas oscilarán entre 15 y 23 °C. Para mañana, martes 13 y el miércoles 14 de agosto, se estiman temperaturas mínimas que oscilarán entre 3 y 7 °C, y con máximas entre 18 y 23 °C en la región Oriental.

El 10 de setiembre de 2020, en plena pandemia, el gobierno de Mario Abdo Benítez firmaba un convenio de asistencia con Usaid de USD 50 millones, de los cuales USD 5 millones son de contrapartida local, que sugiere su blindaje ante tantas irregularidades que sacudieron su administración, así como las multimillonarias facturaciones de sus empresas de asfalto de manera extraordinaria durante su mandato.

Si se lee el convenio que el gobierno de Mario Abdo Benítez firmó a través de la Cancillería con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y considerando específicamente uno de los objetivos y las acciones que se direccionaron en ese marco, fácilmente se puede deducir que el exmandatario colorado ayudó a financiar políticos de la oposición.

El senador Antonio Barrios se refirió a la reaparición pública del expresidente Mario Abdo Benítez tras permanecer en silencio por un año. El legislador sostuvo que no es un hecho llamativo que el líder de Fuerza Republicana apunte a reflotar su figura política con el apoyo de los sectores de la oposición, teniendo en cuenta su historial de traición.

“Esto confirma lo que nosotros sabíamos y lo denunciamos, el operó en contra del Partido Colorado. Para nosotros no es una novedad que Abdo vuelva a la política como aglutinador de la oposición, pero nos satisface tremendamente que el mismo ya lo reconozca”, manifestó al programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal.