Los integrantes de la Unidad Campesina, Indígena y Popular, integrada por la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP), no lograron el propósito de conseguir la condonación de sus deudas ante la crisis económica generada por el COVID-19. Sin embargo, concretaron importantes acuerdos con el Poder Ejecutivo tras días de manifestaciones.

Con la presencia del titular del Congreso Nacional, el colorado Óscar “Cachito” Salomón; el ministro del Interior, Euclides Acevedo y la viceministra de Agricultura, Bettina Rosmary Aguilera, se llegó a la conclusión de instalar una mesa de trabajo para la verificación del cumplimiento de los 10 puntos acordados, cada 15 días.

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El punto 1 del acuerdo establece que por parte del Poder Ejecutivo se reasignarán, para el financiamiento de la reactivación de la agricultura familiar campesina e indígena, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los recursos previstos en el marco de las leyes presentadas por el Poder Ejecutivo para la recuperación económica, en particular los previstos para el MOPC, de US$ 25.000.000, con el compromiso del Congreso Nacional de reponer dicho monto en el presente ejercicio fiscal o en el PGN 2021 de manera adicional a lo previsto en el mismo.

Mientras que el punto 2, por parte del Ejecutivo, a ejecutar los US$ 25.000.000 más los US$ 5.000.000 que ya se encuentran presupuestados en el MAG para ese fin, totalizando US$ 30.000.000, de acuerdo a los planes de producción elaborados conjuntamente entre el MAG y las organizaciones campesinas e indígenas firmantes, a ser ejecutado en el presente año 2020.

El punto 3, a través del MAG, establece coordinar con los sectores afectados proyectos productivos de apoyo a la agricultura familiar campesina. Mientras que el punto 4, a través del Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación, establece habilitar créditos para el fomento y desarrollo de forma accesible, a largo plazo y baja tasa de interés.

Por otra parte, el acuerdo 5 establece que a través del Banco Central del Paraguay se emitirá una resolución que regule el funcionamiento de las agencias de cobranzas y se trabajará sobre el reordenamiento de deudas de la agricultura familiar campesina e indígena, tanto el capital como los intereses y demás cargas financieras.

Mientras que el punto 6, por parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, a través del Indert e Indi, dispone hacer una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos, evitando su ejecución en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en una acción civil y estudiando caso por caso.

En el punto número 7, por parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a través del Indert e Indi, se establece la apertura de una mesa de trabajo con organizaciones para trabajar el acceso, legalización y recuperación de tierras para la reforma agraria.

Mientras que el punto 8, a través del Indert, contempla efectivizar la entrega de las tierras recuperadas del crimen organizado e inscriptas a nombre del Estado paraguayo para ser destinadas para la reforma agraria.

El punto número 9, por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, incluye debatir, estudiar y plantear conjuntamente el presupuesto social y las viviendas sociales con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

Mientras que en el punto 10, por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, se prevé la conformación con las organizaciones firmantes de un equipo de seguimiento de este acuerdo, que se reunirá como mínimo cada 15 días.

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