El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.

La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.

Te puede interesar: Vecinos reducen a ladrón tras asalto a una joven en parada de colectivos

En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.

Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.

Podes leer: Unas 47 mujeres se incorporarán a las filas del Grupo Lince

La senadora abdista Lilian Samaniego, erigida desde hace unos meses como la rescatista de los heridos y relegados que en el pasado fuera una modesta química farmacéutica del Instituto de Previsión Social (IPS), involucrada en caso de robo de medicamentos, está lejos de la triste realidad que pinta para reivindicarse como salvadora y arrastrar adherentes. Gracias a la política, la ex humilde funcionaria de la previsional, quien inició con un sueldo de G. 558 mil en la función pública, experimentó una extraordinaria prosperidad, que se ve reflejada principalmente en sus millonarias inversiones inmobiliarias. Es así que la hoy parlamentaria se pega el lujo de comprar media docena de departamentos en cotizados edificios, con cuotas mensuales que llegan hasta los USD 10.000, monto que supera incluso su sueldo en el Senado.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Seis departamentos que valuó en unos G. 5.181 millones adqui­ridos en un plazo de un año y medio aparecen en la última declaración jurada de bienes de la senadora abdista Lilian Samaniego.

La legisladora critica la realidad actual, habla de dolor y desesperanza, pero vive una realidad muy dis­tinta a quienes busca arras­trar con sus discursos.

Samaniego, quien en el pasado fue una modesta quí­mica farmacéutica del Ins­tituto de Previsión Social (IPS) que ingresó con un sueldo de G. 558.700, regis­tró exponenciales escaladas en sus finanzas.

En los documentos publica­dos por Contraloría figuran que entre agosto del 2018 a febrero del 2020, es decir, un año y medio, la sena­dora Samaniego compró 6 departamentos que valuó por total en G. 5.181 millo­nes. Estos inmuebles están ubicados en cotizados edi­ficios y complejos de depar­tamentos cuyos precios de mercado pueden ser aun más altos que los consig­nados. Si bien consignó compras en cuotas y con­tratos de reserva en algu­nos casos, los pagos contra entrega están por arriba de los USD 200.000 y las cuo­tas llegan hasta USD 10.000, compromisos que superan incluso su sueldo de parla­mentaria.

Llamativamente, en el caso de la compra con contrato de reserva que hacen a 4 departamentos a la firma Victoria Desa­rrollos Inmobiliarios SA declaró un importe de G. 1.320.887.460, sin embargo, el precio total asciende a G. 3.086 millones, monto que trasladó a deudas y con eso lógicamente reduce en un 57 % el valor de los inmue­bles.

Además de los seis depar­tamentos adquiridos entre 2018 y febrero de 2020, en la última declaración jurada de Samaniego aparecen otros dos departamentos en Fernando de la Mora, que fueron vendidos en 2019. A esto se suma otro departa­mento con cochera en el edi­ficio Habitalis de Asunción, adquirido en junio de 2017, valuado en G. 521 millones en cuotas se USD 6.600.

Solo en bienes inmobilia­rios consignados en 2023, en los haberes de la sena­dora aparecen 8 depar­tamentos de entre USD 100.000 y USD 200.000, 5 viviendas, casa de verano en San Bernardino y una decena de lotes en zonas consideradas top en las inmediaciones de Asun­ción, que suman G. 6.925 millones, pero en reali­dad ascienden a un total de 8.691 millones consi­derando que no registró el valor total de los 4 departa­mentos como se muestra en la infografía.

El salto económico, princi­palmente en inversiones de bienes raíces de la senadora Samaniego ha sido cons­tante en todos sus años en la función pública y cargos electivos. La fortuna que amasó tiene sus bases en los tiempos que estuvo en el IPS, al menos así indican sus declaraciones, como los documentos de Catas­tro, que registran compras a partir de 1992; es decir, después de su ingreso a la previsional.

Como se puede ver en la infografía que acompaña este artículo, (salvo una rectificación presentada en 2020), la cantidad de inmuebles aumentaron de manera importante en cada manifestación de bienes y el comporta­miento de los crecimien­tos patrimoniales inmobi­liarios se mantienen por arriba del 100 %. Esto pese a que Samaniego percibía un sueldo de G. 4 millones hasta fines de 2004 en la previsional, mientras que en el Congreso sus ingre­sos entre dieta y gastos de representación llegaban a G. 15 millones hasta 2014, precisamente periodo en que disparó sus inversio­nes en bienes raíces.

Cabe subrayar que la Con­traloría no cuenta con la declaración jurada de Samaniego al ingresar a la función pública, tampoco la que debió presentar al momento de asumir su pri­mer periodo parlamenta­rio y al pasar de suplente a titular. Sin embargo, las liquidaciones salariales obtenidas desde el IPS y el Ministerio de Economía, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública indican que los modestos sueldos en sus inicios como funcionaria farmacéutica hicieron maravillas en sus finanzas para ir acumu­lando inmuebles que luego permitieron ingresos en concepto de alquileres.

En los antecedentes de la senadora abdista se regis­tra un sumario y una impu­tación en 1998, debido a que se detectó un millona­rio robo de medicamentos en el IPS.

De acuerdo con los fisca­les intervinientes, el robo de medicamentos era una constante en la previsio­nal en ese entonces. Sama­niego se desempeñaba como jefa del Parque Sani­tario cuando ocurrieron los hechos. El relato señala que la misma no realizó denun­cia alguna.

Según la versión fiscal que obra en los documentos existieron indicios sufi­cientes que justificaron la imputación de Samaniego en el escandaloso caso de robo de medicamentos que sacudió a la previsional en tiempos que esta era jefa del parque sanitario. Uno de los elementos más contun­dentes es que el camión en el que fueron encontrados los fármacos era propiedad de la ahora senadora. En la previsional no se había pro­fundizado el sumario a la exjefa de farmacias del IPS y en la Justicia, Samaniego supo sortear su suerte.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la reelección del diputado Raúl Latorre para presidir la instancia legislativa por un tercer periodo. La moción fue presentada por el diputado Miguel Del Puerto de llevar la primera sesión ordinaria a un cuarto intermedio y realizar la sesión preparatoria para la elección de la nueva mesa directiva para el siguiente periodo, que iniciará el 1 de julio del 2025 e irá hasta el 3 de julio del 2026.

El legislador argumentó que el reglamento interno de la Cámara Baja, en el artículo 7, establece que la sesión preparatoria para la elección de autoridades se puede realizar entre el 2 de marzo al 30 de junio de cada año legislativo. Por su parte la diputada Rocío Abed, líder de la bancada A de Honor Colorado, sostuvo la propuesta de llevar adelante la reelección del actual presidente Latorre para el siguiente periodo.

“Quiero proponer a un amigo, a una gran persona, antes de hablar de los méritos académicos, trayectoria política, lo que más adorna esta persona, al doctor Raúl Latorre, son sus cualidades humanas, un compañero solidario, una persona que siempre está para tender la mano sin importar el color, sin importar la religión”, argumentó la diputada.

Leé también: Repudian amenaza de diputado contra periodista

“Recién un compañero habló de copamiento, ridícula acotación porque justamente en su persona (de Latorre) se nota que hay una apertura a todos los compañeros de todos los partidos, por eso es que nuestra confianza es depositada en el doctor Raúl Latorre para que vuelva a presidir la Cámara de Diputados”, afirmó Abed.

Latorre fue reelecto con un total de 74 votos, de los 80 diputados, mientras que como vicepresidente primero fue electo Hugo Meza de la bancada B del Partido Colorado, y como vicepresidente segundo fue votado el diputado Jorge Ávalos Mariño del sector liberal. La Cámara de Diputados retomó sus actividades este martes tras el receso parlamentario, con una sesión ordinaria que tenía previsto doce puntos en el orden del día.

Te puede interesar: Coima de narco: comenzó juicio contra Arnaldo Giuzzio tras rechazo de nueva chicana

Las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) nunca profundizaron el sumario abierto en su momento a la hoy senadora Lilian Samaniego, quien se desempeñaba como funcionaria de la previsional. Mientras ocupaba el cargo de jefa del parque sanitario, el robo de medicamentos era una constante y la misma nunca realizó las denuncias correspondientes.

• Unidad de Investigación Nación Media

La senadora Lilian Samaniego decidió abrir el paraguas y ponerse a la defensiva hace unos días. Esto luego de que el IPS reviera su postura de negar información pública y finalmente entregara –aun­que parcialmente– los docu­mentos que forman parte del legajo de servicio de Sama­niego, quien ocupaba cargos en la previsional antes de lle­gar al Senado.

Samaniego inició como una modesta funcionaria de la farmacia del Hospital Cen­tral del IPS y de ahí tuvo millonarios crecimientos. La senadora dijo estar tran­quila porque fue sobreseída en su momento de las causas administrativas y judicia­les abiertas en su contra. Sin embargo, tal tranquilidad no se notaba puesto que ella fue quien convocó a una confe­rencia de prensa antes de que se publicara nada.

La senadora abdista fue sumaria e imputada en 1998, debido a que se detectó un millonario robo de medica­mentos. El proceso tuvo ori­gen en julio de 1998 cuando la ciudadana boliviana Villalba Acosta fue detenida con un importante lote de medica­mentos con la inscripción ‘’Uso exclusivo del IPS’', que pensaba llevar a Bolivia para su comercialización.

La extranjera relató que los medicamentos fueron pro­veídos por Martha Barúa de Arnold, quien fue dete­nida por la Policía. La mujer mencionó que normalmente adquiría estos medicamen­tos en las inmediaciones del Mercado 4, según se puede extraer de los archivos. Pos­teriormente se comprobó que el esposo de esta, Teo­doro Arnold, también estaba implicado en la venta ilegal de los fármacos.

La investigación policial per­mitió la detención de Franco López, propietario de un camión en cuya carrocería fueron encontradas cajas con fármacos del IPS. El procedi­miento se llevó a cabo en una vivienda situada en el barrio San Vicente, vecina a la casa de la hoy senadora.

De acuerdo con los fiscales intervinientes, el robo de medicamentos era una cons­tante en la previsional en ese entonces. Samaniego se des­empeñaba como jefa del par­que sanitario cuando ocu­rrieron los hechos. El relato señala que la misma no rea­lizó denuncia alguna.

Según la versión fiscal que obra en los documentos, exis­tieron indicios suficientes que justificaron la imputación de Samaniego en el escandaloso caso de robo de medicamen­tos que sacudió a la previsio­nal en tiempos que esta era jefa del parque sanitario. Uno de los indicios más contun­dentes es que el camión en el que fueron encontrados los fármacos era propiedad de la ahora senadora.

La previsional tiene pen­diente aún la entrega de los documentos completos del sumario abierto a Samaniego en ese entonces. Sin embargo, una parte del considerando de la resolución del Consejo de Administración de noviem­bre de 1998 por la que fue absuelta la entonces funcio­naria revela que la institución ni siquiera ahondó en el caso.

La citada resolución del Consejo entregado a nuestro medio, señala que los repre­sentantes de la previsional reconocieron que “no se ago­taron los trámites sumaria­les”, bajo el argumento de que dejaban en manos de la Jus­ticia la investigación sobre Samaniego. Curiosamente, el Poder Judicial decidió sobre­seer a la entonces funciona­ria, quien fue repuesta en el cargo.

De acuerdo con los documen­tos publicados por el IPS, una joven Lilian Samaniego ingresó a la institución en julio de 1992. El Consejo de Administración de la insti­tución la nombró para cum­plir funciones en la farmacia del Hospital Central del IPS.

En ese entonces, ingresó con un sueldo de G. 558.700. Los documentos –aún incomple­tos– revelan que en 2001 fue promovida a asesora química de la Presidencia del IPS. Para ese entonces, su sueldo supe­raba los G. 3.343.200, siempre de acuerdo con lo que se des­prende del legajo incompleto. En junio de 2003, Samaniego solicitó permiso de seis meses tras ser electa como senadora: permiso que le fue renovado en noviembre de 2004, por el término de un año. La previ­sional no adjuntó documento alguno que demuestre si la senadora fue dada de baja por completo o si el permiso vol­vió a ser renovado.