El Centro de Estudios Económicos (CEE) de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) analizó las causas de una serie de problemas o desafíos estructurales, que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) impiden el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, a los cuales denominó la “triple trampa”.

Estas trampas o desafíos, serían el bajo crecimiento económico, la alta desigualdad y las deficiencias en la gobernanza e institucionalidad, y la idea del CEE es comprenderlas de modo a proponer soluciones prácticas para Paraguay, entre las cuales se destaca la industrialización.

Lo que el CEE dice es que la industrialización acelerada podría ser un factor determinante para superar los obstáculos del desarrollo que enumera la Cepal. “Al potenciar la industria en su economía, el país no solo puede aspirar a un crecimiento sostenido, sino también a la generación de empleos de calidad que eleven la productividad y activen un ciclo positivo de inversión y progreso”, indica.

Lea también: Exportaciones vía maquila cerraron octubre con USD 114 millones en ingresos

Es lo que mencionó el jefe senior del CEE, Julio Fernández, con relación al impacto de la industrialización para superar la triple trampa, y aunque Paraguay esté en varios aspectos mejor que el promedio latinoamericano, aún tiene mucho que mejorar para un mayor bienestar tanto económico como social.

El referente explica además que más allá de los beneficios económicos, la industrialización tiene el potencial de transformar profundamente la cohesión social de Paraguay, reduciendo las desigualdades y ampliando el acceso a trabajos formales que mejoren el bienestar de la población, a más de fortalecer la movilidad social.

Aclaró igualmente que el impulso hacia un desarrollo industrial requerirá de regulaciones eficaces y una gobernanza sólida, generando un ambiente que promueva la transparencia y fomente la confianza de la institucionalidad. Esto contribuirá no solo para ser atractivos a la inversión extranjera, sino que también consolidará la estabilidad necesaria para un crecimiento inclusivo y sostenible.

Con relación a las trampas señaladas por la Cepal, Fernández indicó que la primera que tiene que ver con el bajo crecimiento, es la falta de dinamismo económico. En cuanto a la segunda trampa de una alta desigualdad, baja movilidad y cohesión social, explicó que la concentración del ingreso generó un movimiento social muy limitado, que impidió que las personas de sectores más desfavorecidos pudieran mejorar su calidad de vida.

Por último, la trampa de baja capacidad institucional y gobernanza poco efectiva, compartió que en el caso de Paraguay, el Índice de Estado de Derecho (IED) es el tercer más bajo de la región, lo que refleja las debilidades estructurales en la gobernanza y el Estado de derecho en el país. Además de que el 60 % de las instituciones públicas se encuentra en situación deficiente, según la Evaluación de Efectividad de Control Interno del sector público, realizada por la Contraloría General de la República.

Puede interesarle: Industrias aceiteras cerrarán el año con procesamiento del 25 % de la producción

Miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Blas Antonio Dubrez, explicó que previo a la presentación del proyecto de ley de la “Función Pública y la Carrera del Servicio Civil” ante el Congreso han participado de todos los espacios de análisis dando un profundo estudio del documento y participado de todas las audiencias públicas que han convocado los senadores durante su estudio en las respectivas comisiones.

En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, mencionó que este estudio también se llevó a cabo con los diferentes gremios y sindicatos de la función pública, con quienes analizaron los puntos que generaban mayor preocupación. Todos esos puntos fueron presentados a los parlamentarios, asegurando que todo lo planteado se ajusta a las leyes vigentes y convenios internacionales.

Le puede interesar: Senado quedó sin cuórum por “desorden” de legisladores

“Hay que entender que dentro de un análisis en toda la extensión de la Ley en sí, es beneficiosa; por ello, no es que haya muchas dudas al respecto. Porque enfoca dos aspectos fundamentales: la función pública por un lado, y la carrera del servicio civil por otro. Están muy bien marcadas, como se diría, la cancha en lo que hace a las promociones o el ingreso. Incluso se ha peleado por el tema de concursos para que se hagan de manera transparente, controlada y con participación de los sindicatos para que acompañen el proceso”, explicó.

Mencionó, además, que el proyecto de ley contempla lo relativo a la idoneidad de la persona desde el punto de vista profesional, que es lo que se busca: que el funcionario público se profesionalice. Esta ley permitirá jerarquizar y profesionalizar a los funcionarios públicos del Paraguay.

Cabe recordar que el pasado 17 de septiembre, el Poder Ejecutivo, mediante el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentó el proyecto de Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, que establece el mecanismo de ingreso a la función pública, la estabilidad laboral, las designaciones y la búsqueda de mayor eficiencia.

Tras su análisis en las respectivas comisiones asesoras, de las cuales también participaron los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la ANR, este miércoles la Cámara de Senadores tiene previsto analizarlo durante la sesión extraordinaria que se lleva a cabo esta tarde.

Al respecto, Dubrez dijo que este proyecto de ley tuvo un amplio análisis incluso antes de que se presentara finalmente el proyecto al Congreso.

“No se puede poner en tela de juicio la discusión, el análisis y los llamados que se hicieron a los distintos gremios sindicales y gremiales. En eso, creo que no hay duda de que hubo una gran apertura por parte del Gobierno nacional, que estuvo abierto a escuchar a todos. Más aún en las audiencias públicas, donde fueron escuchados todos los puntos cuestionados”, indicó.

Finalmente, señaló que espera que en la brevedad sea aprobada la ley, ya que esto va a fortalecer al Estado paraguayo.

“Lo que se pretende con esta ley es jerarquizar la función pública, profesionalizar a los compañeros y, por sobre todo, que las largas postergaciones que siempre existieron en la función pública acaben de una vez. Sería iluso decir que esta ley va a terminar con todos los problemas, pero sí será un instrumento normativo que podrá colaborar para que esto vaya subsanando las lagunas que antes había en la Ley 1626, que ya lleva 24 años de vigencia. Por eso, creemos que será satisfactorio para el país”, concluyó.

Siga informado con: Proyecto RUN y extensión de mandato para la CBI, entre los puntos claves en Diputados

La Corte Suprema de Justicia (CJS) otorgó la admisibilidad del estudio de la inconstitucionalidad planteada por un grupo de 26 navegantes que apuntan a percibir a una jubilación que está por encima de lo que contempla la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS). Desde la previsional, aclararon que esto no significa que los extrabajadores marítimos ya vayan a percibir los haberes solicitados.

“Lo llamativo es que un grupo de 5 navegantes planteó la acción de inconstitucionalidad y la Corte le rechazó, lo mismo con otros dos navegantes, sin embargo, con los mismos argumentos de la misma resolución, a 26 navegantes sí le concedió la admisibilidad. Estamos estudiando cuál fue el criterio para que la Corte le diga que no a dos grupos, pero le diga que sí los 26″, expuso Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS.

El IPS está elaborando una estrategia que apunta a plantear un recurso de reposición para dejar sin efecto la admisibilidad y rechazar in límine la resolución que data del 2016, la cual fue favorable para los navegantes. Lo que busca el instituto según explicaron, es que se anule dicha sentencia y que se vuelva a juzgar, dado que la previsional no fue parte del debate y no pudo argumentar ante la Corte el porqué no correspondía el pago solicitado por los trabajadores marítimos.

Lea también: Anexo C: Paraguay y Brasil establecen cronograma de reuniones para seguir con las negociaciones

La Carta Orgánica del IPS contempla que no se pueden pagar haberes por encima de los 10 salarios mínimos, lo que equivale actualmente a G. 29 millones. La pretensión de los navegantes es cobrar sus haberes por el monto que aportaron, lo que superaría ampliamente este tope reglamentado en la previsional.

“No es cierto que está habilitado para que ellos cobren, no es cierto que acá esto favorable para ellos y perjudicial para el IPS, es un simple trámite. Por el momento están cobrando de acuerdo a la Carta Orgánica”, dejó en claro Cubas ante la 1080 AM.

Le puede interesar: Tobilleras electrónicas: implementación gradual iniciaría a finales de noviembre

En el 2013, 129 trabajadores marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Carta Orgánica que hablan sobre el tope máximo para el pago de haberes. Los navegantes argumentaron que ellos abonaron mucho más y querían jubilarse de acuerdo al salario que aportaron.

Tres años más tarde, en el 2016, se dictó una sentencia en contra del IPS y favorable para los demandantes y recién en el 2020 la previsional solicitó la nulidad de esta resolución. En el 2023 se dictó la caducidad en la acción de nulidad promovida por el IPS, la cual fue apelada y la Cámara dio la razón a la previsional.

Se emitió una resolución donde se establecía la prohibición de innovación, es decir, dispuso que no se le iba a otorgar una jubilación por encima de los valores establecidos en el marco legal, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Contra esa resolución los navegantes marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad, pero lo hicieron en tres grupos, a dos de estos les fue rechazado por parte de la Corte, sin embargo, tuvo la admisión de estudio para un grupo de 26 personas, lo cual es sorpresivo para la previsional.

La Cámara de Diputados sesionará de manera extraordinaria el próximo lunes 11 de noviembre, a las 14:00, con el objetivo de analizar el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, remitido por el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso nacional el pasado 30 de agosto.

El plan de gastos asciende a un total de G. 132,9 billones (equivalente a USD 17.557 millones), lo que representa un aumento del 14 % comparado con el presupuesto vigente. Su estudio en el citado estamento se dará tras su previo análisis en la comisión bicameral del Congreso nacional, que fue encabezado por la diputada Cristina Villalba.

Durante su presentación al Legislativo, el titular de la cartera de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, había destacado que el presupuesto es equilibrado y que se cuentan con los recursos requeridos para financiarlo gracias al buen comportamiento de las recaudaciones. Además, consideró que es uno de los planes de gastos más importantes en la historia del país ya que es el primero desde que Paraguay obtuvo el grado de inversión.

Lea también: Mauro Vieira visitará Paraguay para evaluar extender el plazo de revisión del Anexo C

Ante la comisión bicameral acudieron los ministros y secretarios con el fin de defender sus planes de gastos, exponer sus prioridades, proyectos y requerimientos. “La dinámica de la bicameral fue no salir del tope marcado por el Ejecutivo, sino trabajar en el direccionamiento de varios recursos. Seguro que esto se pondrá a consideración de los colegas”, manifestó el diputado Hugo Meza, en una entrevista con los medios de comunicación.

Los diputados tendrán la posibilidad de aceptar las modificaciones introducidas por la bicameral al presupuesto del Ejecutivo o realizar las propias. Luego, el documento deberá ser remitido al Senado para su tratamiento. Los parlamentarios tienen tiempo hasta diciembre para remitir el documento al Ejecutivo para su promulgación o veto.

Entre los puntos cuestionados por la ciudadanía durante el análisis del PGN 2025 en la comisión bicameral de presupuesto, fue que sus miembros resolvieron que a cada uno de los 45 senadores y 80 diputados se les otorgará G. 1.100.000 para el seguro médico y además G. 5.000.000 como disponibilidad para carga de combustible, mensualmente.

Te puede interesar: Sin apoyo de Fleitas, oficialistas invalidan convención liberal ante el Tribunal Electoral