Ciudad del Este. Agencia Regional.

“El alcance de nuestro trabajo es la ejecución presupuestaria, ingresos y gastos, del ejercicio fiscal 2019 y el primer cuatrimestre de este año. Hoy iniciamos el trabajo y estaríamos hasta el viernes, se trata de uno de los procedimientos que realizaremos seguramente más adelante”, es lo que explicó el licenciado Gustavo Arana, supervisor del equipo de auditores de la Contraloría General de la República, quien se presentó hoy a la Municipalidad de Minga Guazú para la revisión de la gestión del intendente Digno Caballero.

Se trata de la nota CGR Nº 3.965 “De fiscalización especial inmediata a la Municipalidad de Minga Guazú”, según el supervisor Arana. Consultado por La Nación sobre si tiene que ver con las denuncias de un grupo de concejales municipales, dijo: “También, tenemos conocimiento, nos acercaron denuncias que entraron vía expediente a la Contraloría”.

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Un grupo de cuatro concejales colorados había presentado denuncias ante la institución contralora el 11 de junio de este año y el pasado 7 de octubre sobre supuestos hechos irregulares en la administración municipal de Minga Guazú.

“Un faltante de más de 1.200 millones de guaraníes con relación a los ingresos y los depósitos; según la ley, debe estar depositada íntegramente la recaudación de la municipalidad. Sin embargo, al cotejar entre ingresos y egresos, encontramos de enero a agosto del 2019 una diferencia de 1.208 millones de guaraníes”, explicó el concejal Édgar Franco como uno de los puntos denunciados. Agregó que la ejecución presupuestaria de 2019 es la base de la denuncia.

“Otro punto que encontramos es que la declaración jurada de la diputada Blanca Vargas de Caballero dice que tres empresas son de ella: Kuarahy Rese, Dimafre SA y T&F, que es una estación de servicio. Basados en esa declaración jurada, le acercamos a la Contraloría y a la Fiscalía que se trata de la prueba de que son dueños o accionistas de empresas proveedoras de la municipalidad por 5.200 millones de guaraníes, en solo dos de las empresas”, sostuvo el edil Franco. Blanca Vargas es esposa del intendente municipal.

El intendente Digno Caballero también tiene una imputación del fiscal Alcides Giménez Zorrilla, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente Nº 2 de Alto Paraná, sobre los supuestos hechos punibles de procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de medidas de mitigación. Es con relación a la autorización para el funcionamiento de un vertedero sin contar con las condiciones adecuadas en respeto al ambiente.

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“Están haciendo una revisión de los documentos. Fueron 4 concejales los que presentaron las denuncias. Y está muy bien que la Contraloría se haga presente en la municipalidad, y no es la primera vez que están viniendo. Habiendo o no denuncia, es el trabajo de la institución, que controle nuestra administración. Así únicamente se van a aclarar las dudas a los concejales o ciudadanos quienes no confían en mi gestión”, es lo que manifestó a La Nación el intendente Digno Caballero.