El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, arremetió contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y lo calificó como el peor presidente de la era democrática. El mismo sostuvo que su gobierno fue responsable de la mayor deuda del país en todas las administraciones de colorados.

“Yo fui y soy detractor del gobierno de Mario Abdo Benítez, para mí es el peor gobierno colorado en su momento, es el gobierno que duplicó nuestra deuda externa de prácticamente tres presidentes, y siempre critiqué”, dijo en una entrevista para la 1020 AM.

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Agregó que, incurrió en varios hechos irregulares durante su periodo de mandato. “Creo que en la era democrática fue el peor. Es de mi partido, por más que siga activando en la política hay que ver los números, que se violó la ley de responsabilidad fiscal, la cantidad de funcionarios que entró, y de las obras que dejó”, apuntó.

Núñez también aseguró que se debió llevar adelante el juicio político en contra de Mario Abdo en su momento, y refirió que el error con ese primer intento de juicio político fue anunciar la postura de la bancada de Honor Colorado de apoyo a esta iniciativa.

“El error fue anunciar un día antes, ahí se le dio tiempo de reacciones y a la noche se compran voluntades, se alquilan voluntades, se tuercen voluntades y eso pasó. Nosotros le dimos esa ventaja de toda la noche y ahí ellos reaccionaron. En aquel entonces yo estaba convencido de que se tenía que hacerle ese juicio político”, aseguró.

Por otra parte, sostuvo que a pesar de que Mario Abdo sea del Partido Colorado, se mantiene firme en su postura de crítica y que de eso la ciudadanía debe tener conocimiento. “Creo también que nosotros, independientemente que sea colorado o no, no callarnos, si Juan Pérez fue presidente de la República y tuvo un mal gobierno, entonces yo tengo que criticar, y el ciudadano ya sabe que igual si es del partido va a ser criticado por su correligionario, y eso no aprendieron los colegas de la oposición”, sentenció.

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El proyecto de ley para reducir la carga horaria en el sector privado, de 48 a 40 horas semanales, ya fue presentado por el senador José Oviedo ante la Cámara de Senadores. Existen varias posturas dispares al respecto, unas en contra y otras a favor, como la senadora Esperanza Martínez.

La legisladora sostuvo que ya es el momento de analizar la situación del sistema de trabajo en el país, y adelantó que conversará con su colega, el senador Oviedo para plantear incluir algunos puntos.

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“Hay que reconocer que esta es una tendencia en todas partes, hay varias experiencias que se están haciendo, y como idea comparto con el senador Oviedo, es más, yo quería conversar con él porque hay algunos temas, con otras leyes que tienen que ser tenidas en cuenta para la aplicación posterior”, indicó en entrevista para los medios de comunicación.

Agregó que se debe implementar una mesa de trabajo para el debate de esta propuesta en el que estén involucrados todos los sectores, desde los empleadores hasta los sectores de trabajadores, para establecer acuerdos previos al tratamiento de la propuesta en el Senado.

“Creo que hay que hacer una mesa de trabajo, tanto con el sector empleador como con los trabajadores y ver las modalidades de aplicación y la factibilidad de aplicación, pero de que estas medidas son efectivas en todas partes del mundo y más todavía en este momento en que la calidad de trabajo en Paraguay es mala y necesitamos mejorar las condiciones de los trabajadores”, apuntó.

Agregó que es necesaria la revisión del sistema de trabajo, teniendo en cuenta que actualmente existe dificultades en el pago del salario mínimo, la seguridad social, la informalidad, y principalmente en la distancia entre el empleo y la residencia de los trabajadores.

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Los uruguayos acuden el domingo a las urnas para elegir entre el continuismo del gobierno de centroderecha o el cambio a la izquierda del expresidente José Mujica, en una segunda vuelta que los analistas anticipan muy reñida.

El opositor Yamandú Orsi, un profesor de historia de 57 años, y el oficialista Álvaro Delgado, un veterinario de 55, aspiran a gobernar este país de 3,4 millones de habitantes, considerado la democracia más sólida de América Latina, con un ingreso per cápita comparativamente alto y bajos niveles de pobreza.

Uno de ellos sucederá en marzo al presidente Luis Lacalle Pou, que tiene un alto índice de aprobación, pero está impedido por la Constitución de buscar un segundo mandato consecutivo. Con Orsi, el Frente Amplio apuesta a recuperar el sillón presidencial que perdió en 2020 tras 15 años de gobierno.

Silvia Martínez, una empleada doméstica de 60 años, quiere que gane Orsi porque con el Frente Amplio le fue mejor “en todo” y con la coalición, “en nada”. “Los que estamos abajo somos los que sufrimos más”, dijo a la AFP tras escuchar a Mujica en un club. El exmandatario (2010-2015) tuvo un rol protagónico en la campaña de Orsi como “estratega principal”, según el politólogo Alejandro Guedes.

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A sus 89 años y a pesar de estar recuperándose de un cáncer de esófago, el exguerrillero salió al ruedo para captar nuevas adhesiones. En recorridas y en entrevistas, hizo gala de su estilo de vida austero, que le valió en el pasado el mote de “presidente más pobre del mundo” y criticó a los políticos a quienes “les gusta mucho la plata”.

El delfín de Mujica fue el más votado el 27 de octubre, con el 43,9 % de los sufragios, insuficientes sin embargo para evitar una segunda vuelta. Delgado, exsecretario de la Presidencia de Lacalle Pou, cosechó solo el 26,7 % como candidato del Partido Nacional, pero ahora cuenta con el respaldo de todos los socios de la coalición gobernante, que juntos recogieron el 47,7 %.

“Apoyo a Álvaro Delgado porque considero que es la continuidad de este gobierno, que para mí fue positivo”, señaló a la AFP Manuel Cigliuti, un auxiliar administrativo de 24 años que resaltó el manejo de la economía, la seguridad y la pandemia. “Además, la oposición no está a la altura”, apuntó.

Los últimos sondeos muestran una leve ventaja de Orsi frente a Delgado. Pero los encuestadores advierten que la diferencia está dentro de los márgenes de error y hablan de un “empate técnico”. “Si bien Orsi ha estado arriba en todas las mediciones, la brecha con Delgado se ha acortado. Es un escenario muy competitivo”, señaló a la AFP el sociólogo Eduardo Bottinelli, director de la consultora Factum.

“El país está dividido en dos mitades” y es “razonable” estimar que la elección se defina por menos de 50.000 votos, indicó. En 2019 se saldó por apenas 37.000. “Pero aunque el triunfo sea por márgenes estrechos no se prevén cuestionamientos al resultado”, aclaró Bottinelli. “Quien pierda lo aceptará pacíficamente y se abrirá una etapa de negociación necesaria entre los dos bloques”.

El diálogo parece inevitable porque ni Orsi ni Delgado tienen mayorías parlamentarias. Tras los comicios de octubre, 16 de los 30 escaños del Senado fueron para el Frente Amplio y 49 de las 99 bancas de la Cámara de Diputados, para la coalición gobernante.

“Tenemos al Senado pronto para salir a la cancha”, prometió Orsi al cerrar su campaña, asegurando tener “gobernabilidad” para impulsar “las transformaciones que el país necesita”. “Vamos a abrir los brazos para llegar a los acuerdos necesarios”, dijo de su lado Delgado, confiado en que “una mayoría silenciosa” le dará la victoria, porque “ni los más opositores” pueden desconocer que hoy el país está “mejor” que en 2019.

Analistas no esperan cambios significativos en la política económica cualquiera sea el vencedor, aunque puede haber diferencias en el comercio, con Orsi más volcado a la región y Delgado buscando mayor apertura al mundo. Ambos candidatos quieren impulsar el crecimiento, en recuperación tras la desaceleración por la pandemia y una histórica sequía. También apuestan a reducir el déficit fiscal.

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En el único debate de la campaña, Orsi y Delgado se comprometieron a no aumentar la carga impositiva y a combatir la delincuencia y el narcotráfico. La seguridad pública es la mayor preocupación de los votantes según las encuestas.

En Uruguay, el sufragio es secreto y obligatorio y no existe el voto consular. Para ganar el balotaje no es necesario superar el 50 % de los sufragios, como se requiere en la primera vuelta, sino que basta una mayoría simple.

Fuente: AFP

El pasado 11 de noviem­bre fue remitido a la Cámara Alta el pedido de desafuero en el marco de la causa caratu­lada: “Rafael Augusto Filiz­zola Serra y Otros s/Lesión de Confianza”.

El proceso judicial es por la compra irregular de cuatro helicópteros y el supuesto daño de más de 50.000 millo­nes de guaraníes cuando se desempeñaba como minis­tro del Interior, en la era del expresidente Fernando Lugo.

Tras la lectura del oficio por parte del presidente del Senado, Basilio Núñez, el senador Filizzola pidió a sus colegas a constituirse en Comisión y dictaminar a favor del pedido judicial. Y adelantó que solicitará la extinción de la causa.”Este es un caso que se refiere a mi administración al frente del Ministerio del Interior. Lo que solicito es que los cole­gas permitan que el pleito se convierta en Comisión para poder dar las explicaciones correspondientes”, indicó Filizzola.

El legislador sostiene que el “caso helicópteros” nació como un ataque político de los colorados para manchar su entonces candidatura a la Vicepresidencia de la Repú­blica. Afirmó que la Fiscalía lo acusó con una mentira y cometió numerosas irregu­laridades.

Filizzola agregó que ya se habían presentado varias acciones de inconstitucio­nalidad sobre el caso. “Yo había planteado una acción de inconstitucionalidad, se habían presentado varias acciones de inconstitucio­nalidad contra las actuacio­nes en este proceso y la Corte resolvió en forma unánime declarar inconstitucionales y nulas todas las acciones, incluyendo la acusación”, manifestó Filizzola.

De acuerdo a las investigacio­nes, también se habría produ­cido un perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción.

El exministro del Interior había aprobado la licita­ción para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.

El parlamentario es recordado principalmente por las cau­sas penales que boicoteó durante años mediante chicanas por casos como la compra de los helicópteros y las comisarías “de oro” que supuestamente implicaron en conjunto un perjui­cio de G. 51.200 millones al Estado.

En la causa por la compra de helicópteros para la Policía Nacional a precios “de oro”, su defensa querelló a los testigos de la Fiscalía por supuestamente haber mentido en sus declaraciones y también denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los fiscales que lle­varon adelante las investigaciones.

Según el Ministerio Público, la empresa Proibérica fue adjudicada para proveer al ministerio, en noviembre de 2010, 4 helicópteros a pesar de no reunir los requisitos del pliego de bases y condiciones de la licitación.