Este sábado 16 de noviembre se cumplen 23 años del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien fue tomada en el interior del parque Ñu Guasu y su liberación se registró 64 días después. En aquel año la palabra secuestro marcaba la agenda del país y las autoridades del Gobierno de entonces no pensaron que este hecho marcaría el comienzo del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

María Edith, quien para sus amigas era Nika, iba normalmente a realizar caminata en horas de la mañana en el parque Ñu Guasu y ese día no fue la excepción. En su recorrido diario pasó a buscar a su amiga Elizabeth Gunther de Niedhammer. Ambas no se imaginaban que la camioneta en la que estaban circulando era seguida por un grupo de delincuentes que perpetrarían el secuestro.

Luego de realizar la caminata correspondiente por el parque, María Edith y su amiga iban con normalidad hasta el estacionamiento, eran las 9:15 aproximadamente cuando de forma repentina y abrupta fueron sorprendidas por tres personas fuertemente armadas que de forma muy violenta hicieron subir a María Edith a su propia camioneta, mientras que la amiga fue separada de ella y los secuestradores se dieron a la fuga.

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Ante lo sucedido Elizabeth Gunther, amiga de María Edith, llamó de inmediato al esposo de la secuestrada, el ingeniero Antonio Debernardi, a comunicarle lo sucedido. El esposo de María Edith denunció el hecho y las autoridades iniciaron la investigación correspondiente.

Pasaron horas del secuestro y la fiscal de Luque Rosa Noguera realizó 20 allanamientos y la Policía Nacional realizaba sobrevuelos en helicóptero en las inmediaciones de Ñu Guasu. A las 11:00 del mismo día la Policía Nacional halló la camioneta de la víctima en cercanías del Club Internacional de Tenis, pero nada se sabía de la misma y sus secuestradores.

Pasaron 64 días y los secuestradores habían entregado las pruebas de vida a la familia que fueron dos fotos. Tras ese hecho se llevó a cabo el primer pago de USD 400.000 que se realizó el 14 de enero de 2002, mientras que el segundo para completar el dinero solicitado fue el 18 de enero del mismo año. El 19 de enero de 2002 Antonio Debernardi recibió la llamada esperada donde se le comunicaba que su esposa sería liberada.

Los secuestradores de María Edith hicieron que la mujer se vista con ropas de hombre. Le taparon los oídos con algodón y los ojos con curitas, le pusieron un kepis, lentes oscuros y la alzaron a un vehículo en marcha.

Posteriormente los secuestradores dejaron a la víctima sobre las calles Coronel Cabrera y Santa Teresa de Asunción, donde se encontró con su familia. María Edith pudo reconocer a Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes del EPP, como los responsables del secuestro. Igualmente saltaron otros nombres que fueron procesados por el mismo hecho.

José Tomás Rosa, su esposa Nidia Espínola y De los Santos Saldívar fueron los primeros condenados por el caso. Rosa fue asesinado en enero del 2011. Por su parte, Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Meza Martínez fueron condenados a 18 años de prisión. Sin embargo, siguen prófugos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes actualmente están refugiados en Finlandia.

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Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.

En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.

El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.

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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.

De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.

Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.

Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.

Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.

“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.

Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.

Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.

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“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.

En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.

Fuente: AFP

Este jueves fue publicado el informe oficial de la prueba de nitrito y nitrato en el caso del fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, ocurrido durante el allanamiento en su domicilio el 19 de agosto pasado en el marco del operativo Pavo Real II. El resultado de la prueba dio negativo.

Tras darse a conocer el documento el ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que la postura tanto de la institución a su cargo como de la Policía Nacional es aguardar la conclusión de la Fiscalía con todo el conjunto de pruebas recabadas en el marco de este hecho. Afirmó que el informe “no es concluyente”.

“Lo más prudente y la posición oficial del Ministerio y de la Policía es, esperemos con paciencia y con fe a que la Fiscalía, con el conjunto de las pruebas hagan la valoración y tomen su propia conclusión”, expresó el secretario de Estado al programa “Dos en la ciudad” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El ministro ratificó la versión inicial de la Policía, de que el arma que pertenecía a Gomes se disparó, y que la prueba de parafina no es el único elemento con que se cuenta en este proceso de investigación. “Hay otras formas en las que se prueban estos hechos. La Policía sostiene que además de la extracción de parafina se hace también el hisopado y el hisopado habría dado positivo, y también hay un montón de elementos que van a conformar y confirmar la versión que se tuvo desde el día uno”, apuntó.

Indicó que todo el procedimiento y cómo se dieron los hechos está escrito y publicado, y en este caso, aguardan los resultados finales de la investigación de la Fiscalía General del Estado con todos los elementos. Afirmó que este informe no es concluyente a la investigación.

“Sí es (de la Fiscalía), pero no es concluyente. No siempre la falta de muestra de parafina, de nitritos en la mano del tirador es definitiva y no es la única tampoco, porque hay algunas preguntas que la Fiscalía va quitar a la luz de otros hechos probatorios. ¿Quién disparó la pistola? Y si la pistola está disparada ya tiene que explicarse por lo menos quién disparó”, sentenció.

El informe técnico balístico del Ministerio Público cita todos los elementos que fueron recolectados de la escena del hecho, como muestras ambas manos, puños de ambas manos, antebrazos y heridas, entre otros. Los estudios realizados son de investigación de plomo, investigación de bario, investigación de nitrito.

La conclusión de estos estudios técnicos señala que “no se detecta la presencia de nitritos, plomo y bario, bajo el criterio de investigar la presencia de residuos de disparo de arma de fuego”. Así también indica que “en la muestra M1 (rotulada como emitorax lado izquierdo) se detecta la presencia de plomo y bario, bajo el criterio de investigar la presencia de residuos de disparo de arma de fuego, en la muestra M1 no se detecta la detecta la presencia de nitrato”.

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El exministro Euclides Ace­vedo opinó sobre los cuestio­namientos que se hacen al Congreso, y en este sentido, dejó en claro que toda crítica es válida, pero no así apelar a la eliminación o supresión del Poder Legislativo, puesto que este permite sostener la demo­cracia y evitar el autoritarismo.

“No podemos reprochar a la institución Parlamento, podemos criticar algunos arrebatos de ignorancia, pero no podemos cuestionarlo porque el día en que el Par­lamento desaparezca, allí sí habrá dictadura, entonces si uno no quiere que eso suceda y que no haya autoritarismo, no se puede reprochar al Par­lamento”, manifestó.

A esto añadió, “creo que la crítica es saludable, pero el ataque despiadado a una ins­titución del Estado nada más y nada menos que a mi juicio, dentro la teoría de la Cons­titución, la institución más importante desde el punto de vista del equilibrio repu­blicano es el Parlamento”, sostuvo ante la 650 AM.

Para Acevedo no es cierto que exista una “crisis de represen­tación”, y afirmó que el Con­greso actual es el reflejo de una sociedad que está degra­dada y el mayor signo de esto es que existan referentes de la ciudadanía alegando que no todos deberían tener derecho a votar, queriendo suprimir la igualdad de sufragio que es un fundamento republicano.