El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, destacó la decisión del gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, en evaluar y levantar las sanciones por supuestos hechos de corrupción que fueron aplicadas a varios líderes políticos por el Departamento del Tesoro durante la gestión de Joe Biden.

“Es muy alentador ver que las cosas que se hicieron mal se revisen y se rectifiquen, que no exista ese corporativismo de dejar las cosas como están para no afectar la institución. Que ellos puedan verificar, auditar, revisar y revocar una sanción mal dada”, sostuvo este miércoles a la 1020 AM.

Las afirmaciones de Ovelar surgieron tras informarse que Trump levantó las sanciones aplicadas contra Antal Rogán, jefe de gabinete del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El abogado aguarda que lo sucedido sea replicado a favor de su cliente.

“Estamos en directa comunicación y por sobretodo dejando que los abogados de la ciudad de Washington tomen las medidas administrativas, jurídicas para que esto sea revisado. Esto lo hacemos con mucha paciencia y con buena letra, sin atropellar o saltar procesos. Todo se hace en los Estados Unidos”, remarcó.

Detalló que la realización de un lobby político dependerá de las instrucciones que sean impartidas por los abogados que ejercen la defensa legal de Cartes en el país norteamericano. “Las sanciones contra Cartes finalmente fueron motivadas políticamente por el Departamento de Estado, pero ellos requieren antes de una fundamentación y análisis jurídico, de esto dependemos”, dijo.

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Asimismo indicó: “Desde el principio nosotros hemos sostenido que estas sanciones se trataban de una cuestión política. Abogados de Estados Unidos con trayectoria y experiencias importantes, nos dijeron que se encuentran sorprendidos por el manejo discrecional y sin criterio que se tomó hasta el último día del gobierno de Biden”.

Por otra parte, Ovelar manifestó que el gobierno de Trump debe impulsar una investigación sobre el esquema de persecución política contra Cartes, que fue desplegado por el exmandatario Mario Abdo Benítez y el exembajador norteamericano Marc Ostfield.

“Había una cercanía y connivencia tremenda entre ambos. El Departamento de Justicia debe investigar la conducta de Ostfield y de su cómplice en el Paraguay. Desde nuestro país se motivaron todas las acciones que terminaron con la sanción. Las sanciones no vieron desde Estados Unidos naturalmente, fueron provocadas, auspiciada desde Paraguay”, refirió.

El requerimiento de Ovelar se da tras la filtración de un documento interno enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre del año 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez.

Además Ostfield ejerció una inexplicable defensa hacia Abdo Benítez, a quien calificaba como un “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19.

“A partir de esto que se hizo público, amerita que Paraguay proteste por el nivel de injerencia política que hubo y más todavía cuando escuchamos al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, contar algo gravísimo. Cuando ellos eran candidatos en la embajada de Estados Unidos en Paraguay, les indicaron que no debían temer a la alternancia. Quienes son ellos para estar por encima del soberano que es el pueblo paraguayo, quien en mayoría debe decidir quien estará al frente de un gobierno”, puntualizó.

Ovelar siguió argumentando que “¿Por qué debe existir la alternancia? Dónde en la Constitución Nacional se determina que esto debe existir. En ninguna parte dice la alternancia es una obligación o algo que debe ocurrir sí o sí”.

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“El objetivo de algunos medios y la oposición es la fractura entre la conducción nacional y el Partido Colorado, pero esto no existe”, dijo el senador Silvio “Beto” Ovelar, sobre la campaña de sabotaje que enfrenta el presidente de la República, Santiago Peña. Los ataques no se limitan contra el gobierno del economista, sino que también alcanza a su base de sustento político, la agrupación tradicional y su titular, Horacio Cartes.

“El presidente Peña se ha convertido en un stand de tiros especialmente por parte del grupo Abc. El Comando del movimiento Honor Colorado le sigue dando total respaldo a Peña”, manifestó en una entrevista con los medios de comunicación.

Los ataques sistemáticos son desplegados principalmente por el medio perteneciente a la familia Zuccolillo y Última Hora, según las denuncias realizadas por el entorno político del mandatario, quienes constantemente alegan que no ejercen el papel de una prensa crítica, que señala problemas e impulsan el debate sobre posibles soluciones, sino que falsean con alevosía los hechos de la realidad y permanentemente buscan crear un clima de inestabilidad.

“Mientras Peña responda al cartismo será objeto de todo tipo de ataques, esta es una confrontación abierta. Siempre habrán excusas para que estos medios disparen contra el presidente y esto no lo vamos a poder evitar ya que es una guerra desatada, que no tiene tregua”, comentó.

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Entre las campañas colosales de manipulación de la información lanzada por ambos medios días atrás en forma coordinada guarda relación con un supuesto conflicto de intereses cometido por el jefe de Estado, en su anterior vínculo empresa­rial con ueno Holding.

Esta artimaña es acompañada fuertemente por los parlamentarios de la oposición y del abdismo, quienes plantean someter a Peña a un juicio político. “Las denuncias contra el presidente forman parte de un esquema bien armado”, sentenció Ovelar.

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Sobre las calles Segunda Proyectada y Tacuary del barrio General Díaz de la ciudad de Asunción se reportó un accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil. En la colisión perdió la vida el conductor del biciclo y su acompañante se encuentra en grave estado.

El fallecido fue identificado como Nelson Marín, de 22 años, vicesargento del comando de comunicaciones de las Fuerzas Armadas. El militar se encontraba en compañía del vicesargento primero Sebastián Obregón, de 28 años, quien resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado al Hopsital Militar.

Por su parte, al mando del vehículo involucrado se encontraba un hombre de 44 años identificado como Marcos Ariel Croskey Cañete, quien fue sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado negativo.

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En imágenes de circuito cerrado se puede observar que el biciclo era conducido a gran velocidad, por lo que no se descarta sea esta la causa del accidente; sin embargo, aún se aguarda que el ocupante sobreviviente del biciclo brinde su declaración cuando se encuentre fuera de peligro.

Con las imágenes de circuito cerrado como base, desde el Ministerio Público realizarán una pericia accidentológica para poder determinar las responsabilidades del hecho. El agente fiscal a cargo es Hernán Galeano. Tanto el automóvil como el biciclo y los demás elementos de la escena del accidente fueron recogidos por agentes del Departamento de Criminalística y derivados a la comisaría jurisdiccional.

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El abogado Claudio Lovera se refirió al urgimiento realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), consistente en impulsar la causa judicial abierta por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

“Desde la Conmebol entendemos que este tipo de investigaciones financieras tienen sus niveles de complejidad. Para que pueda ser desarrollado se requiere de las sospechas de un hecho punible en concreto, hay ciertos pasos procesales que no se pueden realizar si no existe esto”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Lovera indicó: “En este proceso penal en el año 2021 la Fiscalía allanó la sede del banco Atlas. Un allanamiento implica que existe la sospecha de un hecho punible, incluso esa sospecha está avalada por un juez que otorga el allanamiento. La Fiscalía ya exteriorizó que existe la sospecha de un hecho punible”.

A la organización deportiva le preocupa de sobremanera que ocurra la prescripción de la causa judicial, atendiendo al largo período transcurrido y los pocos avances obtenidos en la pesquisa realizada en Paraguay.

El banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

“La Fiscalía también allanó la Superintendencia de Bancos y esto también implica que se sostenga las sospechas de un hecho punible. Luego la Fiscalía pidió cooperación al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para tratar de obtener la información que estos dispongan respecto a ciertas operaciones financieras, lo cual en Paraguay, también implica la existencia de sospechas de un hecho punible”, sostuvo.

El abogado siguió sosteniendo que “ninguno de estos pasos procesales se pudieron realizar sin que existan sospechas, esto implica que la denuncia de la Conmebol es fundada porque a veces se escucha que esta denuncia no tiene fundamentos. Estos tres pasos procesales claramente denotan que un órgano de persecución estatal entendió que existen sospechas”.

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En junio del 2017 fue presentada la primera denuncia penal ante el Ministerio Público del Paraguay, con base en la información recopilada y disponible hasta ese momento. La segunda denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero fue presentada el 4 de febrero del 2021.

“Lo que señalamos es que ante estos pasos y ya las informaciones recopiladas, la Fiscalía está en condiciones de pronunciarse sobre el fondo del asunto para poder impulsar la persecución penal. Sería lamentable que una causa de esta envergadura no se resuelva sobre la base del fondo del asunto, sino por el mero transcurso del tiempo”, dijo Lovera.

La confederación ya consiguió recuperar más de USD 130 millones en el extranjero, sin embargo, esto no ocurre en Paraguay a causa de la inacción de las autoridades competentes. Los agentes fiscales del caso son Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdez.

“La Conmebol seguirá impulsando con fuerza la sanción de los responsables y la privación de las ganancias ilegítimas a través de estas operaciones. La Fiscalía es la única jurisdicción que en el transcurso de todos estos años no tuvo un pronunciamiento de fondo, pese a que las operaciones principales de perjuicio patrimonial de la Conmebol ocurrieron en Paraguay, y la Conmebol tiene su sede en el país. Esto sorprende a cualquier observador objetivo, Paraguay no puede dejar de pronunciarse sobre este hecho”, sentenció.

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