La Gobernación de Paraguarí inició hoy el montaje de su primera unidad de terapia intensiva para el hospital regional del departamento. Así lo dio a conocer el Ing. Juan Carlos Baruja, gobernador del departamento, quien ha desplegado una serie de acciones ya a inicios de la pandemia.
Se trata una estructura modular que tendrá la capacidad para 8 camas, es un proyecto de G. 1.336.634.173 de costo y un plazo de ejecución de 60 días, iniciado en setiembre. El gobernador destacó que el 100% de los fondos son del propio departamento y resaltó que sea la primera unidad de terapia intensiva de toda la gobernación.
“Es una deuda pendiente que teníamos en el departamento y que creo que estamos con muchas posibilidades de saldar en este momento”, expresó.
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La terapia intensiva es la atención médica para personas que tienen lesiones y enfermedades que pueden ser mortales. Suele proveerse en una unidad de cuidados intensivos o terapia intensiva. Un equipo de proveedores de atención médica especialmente capacitado brinda esta atención requerida.
“Hay muy poca posibilidad de que la gente de nuestro departamento pueda abonar 15 millones diarios para camas de terapias y esta obra no es solamente para el COVID, esto ya quedaría para cualquier tipo de paciente que necesite de este costoso servicio", dijo el gobernador Baruja.
“En el sector privado el costo de una cama por día tiene un costo estimativo de G. 15 millones. El hospital regional de Paraguarí tendrá 8 camas, lo que significaría un ahorro al Estado de G. 120 millones por día, y el costo de nuestra inversión es de G. 1.336.634.173, en menos de 12 días utilizando estás 8 camas estaríamos recuperando ya el costo de la inversión", concluyó.
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San Pedro: Muvh entregó llaves de la casa propia a 67 familias
El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh) entregó la llave de la casa propia a 67 familias de diferentes comunidades en el departamento de San Pedro. Las viviendas fueron entregadas en el marco de los programas del Muvh para otorgar viviendas dignas a las familias paraguayas, uno de los principales proyectos del Gobierno, encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña.
Los beneficiarios recibieron sus viviendas de la mano del ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, en un acto del que participaron autoridades locales y miembros de la comunidad, de acuerdo al informe institucional.
Son varias las familias que fueron beneficiadas de varias comunidades: 31 familias de la Comisión de Fomento Base N.° 3 y 17 familias de la Comisión Pro Vivienda de la Comunidad 8 de Septiembre y San Miguel, en el distrito de Yrybucuá; además de 19 familias de la Colonia Ara Pyahu, situada en el distrito de Capiibary.
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La construcción de estas casas tuvo una inversión total de 7.230.543.213, provenientes del Fondo Nacional para la Vivienda Social (Fonavis), ejecutados por el Ministerio de Urbanismo. Además de beneficiar a estas familias, con este proyecto de viviendas también se generó oportunidades de empleo para los pobladores de la zona, y el dinamismo de la economía con el uso de materiales cerámicos de producción nacional.
“El gobierno del presidente Santiago Peña ha tomado como uno de sus ejes centrales garantizar acceso a la vivienda a las familias paraguayas. En este afán, ya ha concretado la entrega de 14.684 de las 25.566 soluciones habitacionales que impulsa en todo el país”, señala el informe del Muvh.
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Proveedoras desnudan montaje de Miguel Prieto sobre pupitres
Las empresas cotizantes con las que la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, confeccionó los precios referenciales para la adquisición de 10.500 muebles escolares chinos, reconocieron haber presentado erróneamente sus presupuestos. Esta situación desborda el falso montaje impulsado por el dirigente opositor contra Itaipú.
Esto, según la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) N 874/25 de fecha 27 de marzo. La DNCP había iniciado una investigación de oficio por inconsistencias en los documentos y datos proporcionados sobre los precios referenciales, cuyo resultado confirmó “la existencia de irregularidad”.
De acuerdo al documento, hubo irregularidad “desde la solicitud de precios de potenciales oferentes y la falta de fundamentación en la combinación de fuentes para el establecimiento de los precios de referencia, lo que induce y vicia el presente procedimiento de contratación desde su planificación”.
Por tanto, la DNCP sostiene que corresponde anular el procedimiento de contratación y ordena la reformulación de los precios de referencia del llamado. “Esta Dirección Nacional constata la existencia de una irregularidad sustancial que vicia el procedimiento de contratación desde su fase de planificación, al comprometer la legalidad, transparencia, objetividad y eficiencia del proceso”, indica el documento.
La resolución de la institución agrega que “en consecuencia, corresponde anular sin perjuicio a que pueda ser subsanado. Por tanto, se ordena la reformulación de los precios de referencia del llamado con lD N 460394 “Adquisición de Mobiliarios”. La presente investigación de oficio se da por concluida en los términos expuestos, sin perjuicio de que, en caso de surgir nuevos elementos relevantes, esta Dirección Nacional actúe dentro del ámbito de su competencia”.
Falacia de Prieto
Las firmas que desnudaron las falacias del intendente Prieto son Fiorella Muebles, de Alfredo Aniano González; Intelfly S.A, de Nimio Villalba Gauto, el Grupo L&J de Marcos Antonio López, así como la Distribuidora Paula de Gerardo Rolando Arévalos. Esto, en el marco de la investigación de oficio de la DNCP, encabezada por Agustín Encina.
En la resolución emitida por la DNCP, se detalla que las empresas Fiorella Muebles e Intelfly S.A manifestaron haber recibido un documento en blanco en lugar de las especificaciones técnicas requeridas, motivo por el cual formularon consultas a la municipalidad esteña sin obtener respuesta alguna. Agrega que ante la falta de información oficial, ambas firmas mencionan que basaron sus presupuestos en las especificaciones técnicas estándar del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
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Mientras que la Distribuidora Paula indicó a la DNCP haber recibido las especificaciones técnicas por parte de la convocante, aunque no consta en la documentación que permita verificar el contenido recibido. Asimismo, la propia firma reconoció que su cotización fue realizada con base en precios referenciales disponibles en la plataforma Alibaba.
“Esto evidencia la debilidad técnica y la falta de rigurosidad del procedimiento seguido por la Convocante, considerando que tales plataformas electrónicas de comercio internacional no ofrecen parámetros confiables para establecer precios de referencia válidos en el contexto de la contratación pública, ya que no reflejan condiciones reales del mercado local, ni garantizan especificaciones técnicas verificables, términos de entrega aplicables, ni tributos o costos logísticos asociados”, expresa la DNCP.
En el caso de la firma Grupo L&J, la institución refiere que se constató la convocante le remitió un detalle de especificaciones técnicas distintas a las establecidas en las bases del procedimiento, solicitando cotización con base en requerimientos que no coinciden con los publicados oficialmente, lo que refuerza el trato desigual otorgado entre oferentes y la falta de uniformidad en la información transmitida.
“En consecuencia, los presupuestos utilizados para la elaboración del precio de referencia fueron construidos sobre parámetros diversos, erróneos o genéricos, ajenos a las especificaciones técnicas finalmente a probadas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Esta situación genera una distorsión sustancial en la conformación del precio de referencia, viciando la etapa de planificación del procedimiento y contraviniendo el principio de transparencia y de igualdad de condiciones entre potenciales oferentes”, sentencia la DNCP.
Campaña de desprestigio
Prieto apuntó a instalar sospechas de supuesto tráfico de influencias en el proceso de adjudicación que impulsó la entidad binacional Itaipú para la compra de 330.000 muebles escolares de la empresa local Kamamya SA, que ya están siendo distribuidos por el Gobierno en un total de 22 distritos vulnerables.
La campaña de desprestigio contra la Itaipú, sin fundamentos ni argumentos sólidos, es impulsada por el líder del movimiento Yo Creo con el apoyo de medios de comunicación aliados, legisladores opositores y disidentes colorados.
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MUVH apunta a trabajadores
El titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, se refirió a la postulación para adquirir 12 departamentos en Luque, comentando que principalmente se apunta a la clase trabajadora ya que hoy el Gobierno no solo se enfoca en las viviendas para los más desfavorecidos, sino también en la clase media.
“Las personas interesadas pueden postularse y traer aquí mismo van a recibir todos los requisitos (en el edificio) y nosotros los acercamos al Banco Nacional de Fomento, también pueden llevarlos a la casa central”, dijo Baruja en contacto con el programa “Arriba hoy”, emitido por GEN/Nación Media.
SEGUNDA PROPUESTA
Aquellas personas que viven de alquiler o en casas de familiares tendrán la posibilidad de contar con departamento propio para que puedan desarrollarse. “Esta es la segunda propuesta, ya hemos tenido la primera en Mariano Roque Alonso con 4 duplex que se vendieron en 1 semana”, dijo.
Por otra parte, mencionó que están trabajando en nuevas opciones donde priorizarán la ubicación. “Ese es un tema central para nosotros, la ubicación de los proyectos habitacionales”, manifestó y expuso que el MUVH dispone de terrenos en diferentes puntos del país, y lo que se hace es identificar los mejores lotes para edificar en ellos.
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Lesión de confianza y asociación criminal: juez fija audiencia preliminar para Miguel Prieto
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.
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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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