La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que “establece permisos para trabajadoras en estado de gestación” y la iniciativa fue remitida para su promulgación o veto al Poder Ejecutivo. Los legisladores a favor de esta iniciativa manifestaron la importancia de ofrecer mejores condiciones para la protección a la maternidad, sobre todo en periodos de gestación.

“Ratificamos nuestro compromiso con la protección y la defensa de la vida desde su concepción y de las madres gestantes. Aprobamos el proyecto de ley que plantea mejorar las condiciones laborales y el soporte que reciben las mujeres gestantes en el Paraguay”, expresó el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, a través de su cuenta de X.

Durante la sesión ordinaria, el legislador expuso la necesidad de fortalecer los derechos laborales de las madres y la necesidad de que el Estado haga su mayor esfuerzo para que los embarazos sean transitados dentro de las mejores condiciones sanitarias posibles y que no existan limitantes para que las mujeres puedan acudir a sus controles sin que su trabajo sea un impedimento.

“El Estado paraguayo debe hacer su mayor esfuerzo para que nuestras madres tengan las mejores condiciones posibles para traer a esta nueva vida al mundo”, expuso Latorre. A la par, felicitó a su colega la diputada Carmen Giménez, quien explicó que lo que se busca a través de esta normativa es que las mujeres no se vean afectadas por descuentos o sanciones por acudir a sus controles prenatales.

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De acuerdo a esta iniciativa que ya fue aprobada por ambas Cámaras, las mujeres en periodo de gestación tienen derecho a ausentarse de su lugar de trabajo, ya sea el sector público o privado para consultas de control o estudios hasta por cuatro horas, con la posibilidad de que este tiempo se extienda de acuerdo al criterio del médico tratante y debiendo expedirse en una constancia o certificado.

Esas ausencias serán computadas como horas trabajadas a los efectos de que no sufran de descuentos en sus salarios. Además, en caso de incumplimientos por parte de la patronal, se podrán establecer multas que serán destinadas al programa materno infantil del Ministerio de Salud.

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“La Secretaría de la Función Pública en el sector público y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el privado, deberán diseñar y aplicar estrategias de control para el efectivo cumplimiento de la presente ley”, sostiene la legislación en uno de sus artículos.

En la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, se analizó la iniciativa sobre el uso y la tenencia de armas de fuego. Se trata del proyecto de ley “de armas de fuego, sus componentes, municiones y sus componentes, accesorios controlados, explosivos, accesorios explosivos, precursores químicos de explosivos, afines de explosivos y artículos pirotécnicos”, que ya cuenta con la media sanción del Senado.

La comisión asesora, bajo la presidencia del diputado Pedro Ortiz, se reunió con el titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), Melanio Servín, con quien se analizó la propuesta y los alcances de una posible nueva reglamentación para el uso y tenencia de armas de fuego.

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La propuesta que pretende una modificación total de la ley 4036/2010, “que regula las armas de fuego, sus componentes, municiones y explosivos”, cuenta con 289 artículos. Uno de los principales puntos de este proyecto es la creación de un Registro Nacional de Portación de Armas de Fuego, que dependerá de la Policía Nacional, manteniendo su rol actual como autoridad competente para inscribir a las personas que cumplan con los requisitos legales para portar armas.

También establece la disposición de materiales incautados a favor de los órganos de seguridad y se fortalece el organismo de aplicación, la Dimabel, que pasará a denominarse Dirección General de Material Bélico (Digemabel)

Para un mayor estudio y debate, la comisión asesora convoca a una audiencia pública que se desarrollará el próximo lunes 11 de noviembre, a partir de las 08:00, en el Salón Comuneros de la Cámara Baja, en la que fueron invitadas diversas entidades del Estado, además del sector privado y el sector civil, refiere el informe de la Cámara Baja.

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Una primera etapa vibrante con agua, barro, el segundo rulo suspendido y mucho vértigo marcó la jornada sabatina por los caminos de Caaguazú, que recibieron la séptima fecha del Campeo­nato Nacional de Rally.

El piloto Gustavo Saba tuvo un manejo extraordinario para quedarse con el primer lugar tras la primera etapa en su clase, la RC2A y la clasifica­ción general, que se presentó bastante compleja, por la cali­dad de los competidores como por el piso, que hicieron más espectacular a la prueba.

Saba lideraba la general antes de la suspensión del segundo rulo de la Primera Etapa por las condiciones de los tramos por la lluvia caída, para pre­servar la integridad de los competidores y los vehícu­los de competición.

Mientras que el mundialista Alejandro Galanti (RC2A) se quedó en el segundo peldaño, el campeón sudamericano y mundialista igualmente Fabrizio Zaldívar completó el podio de los mejores en la clase principal y la general.

Mientras que la mejor en trac­ción sencilla y la RC4A es la dupla Thiago Llano-Pedro Sosa, lo escolta Diego Cruz-Ra­miro Ayala y quedó tercera Omar Benítez-Fabián Herrera.

Una segunda parte emocio­nante espera a los corredores hoy por los veloces caminos, en donde el promedio de velo­cidad será alto y las tripulacio­nes deberán estar concentra­das para no salirse del camino.

El primer auto partirá desde las 9:33 desde Yacarei, en donde buscarán cerrar el día con la victoria.Todo el show de la competencia se podrá vivir hoy desde las 12:00 por el canal GEN de Nación Media, con todos los detalles, entre­vistas, las anécdotas y expe­riencias de las tripulaciones.

La viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía, Andrea Picasso, manifestó que la ley del Servicio Civil abarcará a cada uno de los funcionarios del Estado. Dicha aclaración se debe a la idea de que el proyecto de ley no se aplicará para funcionarios del Legislativo o incluso judiciales.

“La ley se aplica a todas las instituciones públicas. La única exclusión se da con las sociedades anónimas de participación mayoritaria del Estado. En el respeto de las atribuciones constitucionales, se define que los órganos son la autoridad de aplicación”, explicó ante los medios de prensa en el Senado.

Al respecto, Picasso subrayó que se apela a que los diferentes poderes u órganos constitucionales elaboren sus propios reglamentos, en el marco de los criterios que define la propuesta de ley. Además, recalcó que los trabajadores del Legislativo y del Poder Judicial serán parte de la normativa.

“Por supuesto que se respetarán las carreras que tengan su propia ley especial. La reglamentación es una ley general, pero se respeta la autonomía institucional y las diferentes leyes de carreras que tienen los servidores públicos”, expresó la viceministra.

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Picasso recordó que con el plan se pretenden resolver todas las dificultades encontradas con la ley 1.626. La misma ha sufrido varias acciones de inconstitucionalidad, volviéndola no aplicable en varios órganos o poderes del Estado, por lo cual se apunta a una reorganización.

“Ya desde el punto de partida, con la versión que presentó este gobierno, se pretende salvar las dificultades en la implementación en los diferentes órganos constitucionales. El principio ha sido respetar la autonomía constitucional, dividiendo la ley en dos partes”, remarcó la viceministra.

La autoridad señaló que la ley define lo referente a la función pública, así como la carrera civil. Esta afecta a todos los funcionarios administrativos, con desempeño transversal en el Estado, pero no así a aquellas carreras con leyes especiales, reconocidas también en la Constitución Nacional.

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