La directora general de Registros Públicos, Lourdes González, salió en defensa de la media sanción del proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), asegurando que el documento remitido por los poderes Ejecutivo y Judicial cuenta con todas las observaciones planteadas desde los gremios de escribanos, notarios y representantes campesinos.

“No podemos pretender en una suerte de egoísmo y capricho de que para mí gremio, para mi sector se atiendan todas las observaciones, esto yo creo que no es posible, por lo menos si vamos a ser democráticos. Entonces yo también me pondría en una situación de caprichosa. Se han tomado un alto números de observaciones de todos los gremios para incorporarla al proyecto de ley”, indicó al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El documento que deberá ser remitido a Diputados para su estudio establece la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro, y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. Desde el sector de los escribanos ya anunciaron que realizarán lobby en la citada cámara para conseguir el rechazo del proyecto.

“Aún falta que el proyecto sea tratado en Diputados, hay tiempo, esto no está cerrado. Todavía podemos sentarnos a hablar, trabajar. La idea es que esto satisfaga a todo el mundo sin que necesariamente signifique que se te pueda dar el gusto solo a vos. Seguramente yo como técnica y como institución tendré que renunciar a unas tantas cuestiones que quisiera que la ley tuviera, pero es así en democracia tenemos que manejarnos en estos estándares”, comentó.

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De acuerdo a la exposición de motivos, el RUN se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables. Entre sus principales objetivos se encuentran la simplificación de los trámites, identificación de inmuebles superpuestos, la reducción de plazos para transferencias, la introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica para quienes adquieran bienes en Paraguay, establecimiento de una cartografía única para el país y reducción de costos para el Estado.

“Esto no es una solución mágica, tomará su tiempo. No podemos esperar que después de tantos años, con la vigencia de la ley esto sea maravilloso, que fluya, que se apreté un botón y salga toda la información. Esto llevará por lo menos de 3 a 5 años (para su correcto funcionamiento), es lo que yo como técnica puedo estimar, pero ojalá que sea menor tiempo. Hay que dar el primer paso, este gobierno se animó a hacer lo que otros no se animaron”, indicó.

Por otra parte, González consideró necesario otorgar un presupuesto adecuado a la iniciativa con la finalidad de asegurar su correcto funcionamiento. “Cuando me tocó hablar con el presidente de la República y los ministros de la Corte Suprema de Justicia que esto verdaderamente si no está de la mano de un presupuesto que permita el financiamiento no funcionará tampoco”, dijo.

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El senador Derlis Maidana, titular de la comisión de Legislación, destacó como un día histórico para el Paraguay, la jornada de la Cámara de Senadores, que luego de un largo análisis dio media sanción al proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), que fusiona la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catas­tro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia para trabajar juntos en un solo registro.

En comunicación con el programa Cuenta Final, de la radio Universo 970Am/Nación Media, destacó que fue una jornada legislativa exitosa, porque concluyó con el estudio de los 217 artículos con lo que quedó constituido el proyecto de ley, luego de que fuera aprobado con modificaciones con 31 votos a favor.

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El legislador explicó que luego de que se aprobara en general, se le dio tratamiento de código, y esto permitió que se le otorgara un tiempo a los senadores para que presentaran sus objeciones, lo que permitió que 95 artículos no fueran objetados, por tanto fue aprobado inmediatamente y solo los restantes fueron discutidos, artículo por artículo, durante la sesión. Mencionó que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su consideración.

Como puntos resaltantes de la propuesta de ley es la unificación de las tres instituciones que están involucradas en el tema de titulación de tierras. En lo que respecta a la mensura, se introduce esta figura de Mensura Administrativa a pedido del Colegio de Escribanos, ya que anteriormente solo se tenía la mensura judicial.

Asimismo, destacó que el RUN será una dependencia que estará a cargo del Poder Judicial, va contar con un gerente, que será nombrado previo concurso público de oposición y durará en su mandato 5 años.

En cuanto a los plazos, explicó que antes se establecían 20 días corridos, pero ahora pasan a 30 días hábiles. “Porque antes era letra muerta, porque a un trámite se daba mesa de entrada y se iba a meses y años su proceso. Ahora se establecieron los plazos para cada uno de los trámites”, acotó.

Agregó que incluso en el artículo 78 se especifica que hay un urgimiento y responsabilidad de los funcionarios públicos y sanciones por casos de incumplimiento.

Maidana destacó además que se introdujo todo un capítulo para el régimen de tierra para los indígenas, a petición de la senadora Yolanda Paredes. Señaló que los artículos 134 al 137 se dedica todo lo relacionado a la propiedad de los pueblos indígenas, conforme al artículo 64 de la Constitución Nacional.

“En cuanto a las tasas, también se establece un sistema de tasas proporcionales en el sentido de que el volumen de las operaciones, y a la dimensión de la tierra uno va a pagar más o pagar menos. En líneas generales, se mantiene el régimen de las tasas”, precisó.

Señaló que se trata de una nueva institución, en el caso de que reciba la sanción por parte de la Cámara de Diputados, y están seguros de que eso pasará ya que cuentan con la mayoría a favor; y el presidente de la República está dispuesto a promulgarla. Indicó que la intención de todo esto es ayudar a que todo lo relativo a la escritura y tenencia de tierra mejore y se brinde transparencia a esto.

“Con esta nueva institución vamos a transparentar todo lo relativo a la tenencia de la tierras, principalmente a lo que hace a las escrituras, a los títulos, y por supuesto habrá mayor control. Además, permitirá que el ciudadano tenga una sola ventanilla a la que recurra y no que tenga que andar mendigando en Catastro, en Geodesia, luego tenga que ir a Registros Públicos”, expresó.

El senador Maidana, indicó que al igual como ocurrió con la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas, para la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), será de aplicación inmediata una vez sancionada, y todos los funcionarios de las instituciones afectadas al pasar al RUN mantendrán su antigüedad, beneficios laborales, pasarán a trabajar igual en esta nueva institución.

Asimismo, indicó que en un 85 % de los requerimientos de Colegios de Escribanos se han contemplado en el proyecto de ley que fue sancionado. “No decimos que tiene el 100 % de las manifestaciones del Colegio de Escribanos, pero básicamente en un 85 % se ha cumplido. Por ejemplo, se estableció una modificación que hicimos en el artículo 144, en el que se habla de la habilitación y competencia para realizar los servicios de mensura que el proyecto original no incluía”, precisó.

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La Cámara de Diputa­dos tenía previsto estu­diar el proyecto para dero­gar la Resolución n.° 1336, mediante la cual se creó la Comisión Bicameral de Investigación; no obstante, esto no pudo ser analizado por los legisladores debido a que la sesión quedó sin el cuórum necesario para abordar esta iniciativa impulsada por diputados de la oposición.

Este proyecto fue presen­tado por Johanna Ortega y Raúl Benítez, quienes en la presentación de argumentos a favor de la aprobación de la iniciativa manifestaron que la comisión no cumple con las finalidades determina­das en la Constitución y es un instrumento de persecu­ción a opositores y disiden­tes del Gobierno.

Asimismo, aseveran que “las diligencias realizadas por la comisión atentan con­tra derechos reconocidos y garantizados por la Cons­titución Nacional, así como configura tipos penales que requieren de manera inme­diata la apertura de una investigación del Ministe­rio Público”.

El proyecto no solo apunta a eliminar la comisión, sino también a dejar sin efecto las diligencias realizadas por ella hasta la fecha.

El presidente de la Cámara de Diputa­dos, Raúl Latorre, dijo ayer que comparte la postura del presidente San­tiago Peña de defender las inversiones bancarias rea­lizadas por el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Los cuestionamientos, el escrutinio fortalecen la democracia y quienes ejer­cemos los roles de poder en los espacios públicos, los que fuimos electos por la ciuda­danía, debemos ser cuestio­nados. Y yo asumo esa con­dición”, indicó Latorre.

Manifestó que en primer lugar se debe aclarar que el presidente Peña no es accio­nista de la entidad finan­ciera en cuestión y que se encuentra en el foco de aten­ción a raíz de las transac­ciones realizadas con el IPS.

Peña es atacado por los diri­gentes de la oposición y por el Grupo Zuccolillo, propie­tario del diario Abc. A raíz de los cuestionamientos, la entidad financiera aclaró que el jefe de Estado no es accionista del banco. Ante estos ataques y en declara­ción a la prensa, el presi­dente de la República res­pondió al cronista de Abc de que el citado medio de comunicación está min­tiendo y que el Grupo Zuc­colillo siempre se benefició del dinero de los jubilados del IPS.

Al analizar la reacción del jefe de Estado, el presidente de Diputados dijo que los medios de comunicación también pueden ser cues­tionados.

“Las declaraciones que hacen los ciudadanos y las declaraciones que hacen los medios también deben ser cuestionados, y eso es parte del proceso de la democracia. Las con­frontaciones enriquecen el proceso democrático”, indicó Latorre. Agregó que considera que el pre­sidente Santiago Peña solo busca poner el debate sobre la mesa.

Sin realizar ninguna con­sulta a los medios loca­les, basados solamente en la opinión sesgada de algunos comunicadores encuestados, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rebajó a Paraguay a la categoría “En restricción”, señaló Diana Domínguez, representante de nuestro país ante el organismo. La vocera de la Presidencia de la República, Paula Carro, y el periodista Alberto Peralta también coinci­dieron en el pleno ejerci­cio de la libertad de prensa y de expresión en el país, durante el programa “12/8″, emitido por el canal GEN de Nación Media.