Fiscalía no apelará para que Cuevas vuelva a prisión
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El Ministerio Público no apelará sobre la decisión del Tribunal de Apelación, que permitió al diputado con permiso Miguel Cuevas dejar la reclusión en la Agrupación Especializada y contar con la prisión domiciliaria. Así lo confirmó el fiscal que lleva adelante el caso, Luis Piñánez.
“El Ministerio Público no va a apelar esa resolución judicial que revoca la disposición del juez, eso es muy importante decir, la cámara (de Apelaciones) no revocó la prisión, lo que revocó fue la resolución del juez”, sentenció Piñánez en entrevista para la radio 1000 AM.
El Tribunal de Apelación en lo Penal, cuarta sala, admitió el recurso de apelación general presentado por la defensa de Cuevas, por lo que esta medida sustituye la prisión preventiva por otras medidas alternativas a la privación de libertad. Además, se otorgó el plazo de 20 días para el efecto de sustituir la caución personal por caución real, previa presentaciones de condiciones de dominio y demás documentaciones para totalizar el monto de G. 1.702.714.181.
Podría volver a su banca
Con la decisión de no apelar de la Fiscalía, el arresto domiciliario de Cuevas quedará firme y este podrá solicitar su vuelta a la Cámara de Diputados para ocupar su banca, atendiendo que actualmente el legislativo aplica las sesiones virtuales. Es decir, Cuevas podría participar de las sesiones desde su casa sin trasladarse físicamente hasta el pleno de la Cámara Baja.
Luego de la medida alternativa de prisión domiciliaria, Cuevas anunciaba que quiere recuperar su curul en la Cámara Baja, lugar que es ocupado actualmente por el diputado Vicente González Dans, también de Paraguarí.
Veneratio: Fiscalía acusa y pide juicio oral para integrantes del Clan Rotela
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El Ministerio Público presentó acusación contra Armando Rotela y otros 8 integrantes de la agrupación criminal denominada como “Clan Rotela”, por el amotinamiento que fue organizado este grupo, quienes eran internos de la penitenciaría de Tacumbú en ese momento, mientras se llevaba adelante el operativo Veneratio que tuvo lugar en diciembre del 2023.
Además de realizar la acusación, los agentes Fátima Girala y Marcial Machado, los que llevan a cabo esta investigación, solicitaron que el juez penal de Garantías, Yoan Paúl López, eleve la causa a juicio oral y público a estas nueve personas a quienes se les atribuye la comisión de los hechos punibles de motín de internos, transgresión a la ley “de Armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines” y asociación criminal, todos en calidad de coautores.
Los otros integrantes del Clan Rotela que forman parte de este proceso penal son Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa, Alan Ricardo Caballero.
De acuerdo a lo que expuesto por la propia Fiscalía, durante el operativo Veneratio se pudo observar la capacidad del primer anillo del clan Rotela, para resistirse a intervenciones policiales, valiéndose de armas blancas y de fuego, explosivos caseros tipo molotov e incluso dinamita en gel. “La resistencia y organización de estos miembros subraya su rol esencial en la protección y ejecución de las órdenes del líder”, sostiene la acusación.
Asimismo, indicaron que los integrantes de esta organización criminal además de caracterizarse por su capacidad de combate, también recurren al uso de símbolos y expresiones que refuerzan su identidad y lealtad al clan. El puño cerrado, es señal de pertenencia, y el lema “vencer o morir”, forma parte del código interno que manejan para comunicarse.
“Esta estructura jerárquica y simbólica criminal, junto con las comodidades que obtenían dentro del penal (como armas blancas, alcohol, y tecnología), demuestran el nivel de control y poder que ejercían en el mencionado penal”, añade el Ministerio Público, quien afirma que estas personas actuaron contra el orden público, la seguridad pública y penitenciaria y generaron un clima de zozobra y violencia tanto dentro como fuera de Tacumbú.
Motín organizado por el clan causó zozobra, dentro y fuera de Tacumbú, afirma la Fiscalía. Foto: Jorge Jara
El hecho
Durante el desarrollo de Veneratio, operativo por el cual las fuerzas de seguridad ingresaron a la penitenciaría con el objetivo de tomar control total del recinto, los integrantes del Clan Rotela propiciaron el ataque hacia agentes policiales, desde el momento de su arribo al penal, utilizando como logística todo tipo de armas de fuego, armas blancas, explosivos, y el implemento de barricadas desde el acceso a la cárcel hasta el último pabellón.
Todo esto tenía el objetivo de producir disparos y heridas en defensa de los ideales del clan y así evitar que los líderes sean recapturados. Es así que el líder, (Armando Rotela), junto con sus demás miembros realizó la distribución de los roles en la noche madrugada del día del motín, ya que la información se había filtrado.
“La conducta desplegada por los hoy acusados es considerada antijurídica y no puede decirse que hayan actuaron en defensa propia ya que en todo momento, durante las seis horas que duró la intervención, se les dio la posibilidad de cesar con sus acciones vandálicas y no lo hicieron. Además, no existen indicios que hagan presumir la existencia de algún tipo de trastorno”, sentencia el documento de la Fiscalía.
Esta iniciativa permitirá mejorar la formación integral de los fiscales adjuntos, agentes fiscales y funcionarios del Ministerio Público, con el objetivo principal de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Foto: Gentileza
Ministerio Público ya cuenta con su Instituto Superior de Estudios
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Desde el Ministerio Público informaron sobre la promulgación de la normativa que establece la creación de su Instituto Superior de Estudios, con cinco ofertas académicas. Esta iniciativa permitirá mejorar la formación integral de los fiscales adjuntos, agentes fiscales y funcionarios del Ministerio Público, con el objetivo principal de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
La propuesta educativa institucional contempla los aspectos jurídicos, la identidad institucional, los objetivos, los fundamentos del modelo educativo, la infraestructura y los recursos que se destinarán a su cumplimiento.
Durante su elaboración, ha sido verificado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). El Instituto Superior de Estudios reemplazará al actual Centro de Entrenamiento del Ministerio Público.
La oferta educativa del ISEMP contempla: maestría en derecho penal, procesal penal y gestión fiscal; especialización en gestión fiscal en el proceso penal; especialización en investigación fiscal del crimen organizado; especialización en gestión fiscal en el proceso civil; y capacitación en didáctica jurídica.
El proyecto fue impulsado desde la Cámara de Senadores por los parlamentarios Derlis Osorio y Juan Afar, con dictamen favorable de la comisión de Educación y Cultura de ambas Cámaras y la posterior aprobación de la Cámara de Diputados.
Fiscalía indaga sobre un presunto desfalco en la cooperativa de Luque
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El Ministerio Público investiga un presunto desfalco de G. 12.000 millones en la Cooperativa Luque Ltda., mediante un presunto esquema de créditos irregulares y en la que estarían involucrados las propios directivos de la institución. En junio pasado, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) había realizado una revisión ante elreclamo planteado por las mismas personas que hicieron la denuncia judicial.
“La denuncia realizaron tres personas, en su momento miembros titulares del consejo, de alta gerencia, en setiembre pasado. A raíz de eso, hemos realizado las investigaciones, hemos pedido declaraciones testimoniales”, señaló el fiscal Jorge Escobar, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Respecto a la anterior intervención de Incoop, dijo: “Ellos contaban ya con una fiscalización que hicieron en el mes de julio, una semana con altos técnicos, contadores, escribanos y auditores. Ellos presentan un informe a la cooperativa a la cual nosotros tenemos, de 28 páginas, en donde existen varias sospechas de irregularidades de montos muy altos”.
El agente del Ministerio Público afirmó que las anomalías se verificaron en el otorgamiento de préstamos a socios con aparente falta de capacidad económica. Por ello, el Incoop efectuó algunas sugerencias con respecto al manejo administrativo. Los denunciantes refieren que se detectó una alteración del balance correspondiente al ejercicio 2023, donde supuestamente no habían sido consignados montos reales en pérdidas.
“En el informe del Incoop dice: ante la falta de sinceramiento contable ha puesto en riesgo el patrimonio de la cooperativa. Entonces, ese es el disparador que nosotros estamos teniendo en esta causa”, refirió. El abogado Escobar manifestó que durante el allanamiento, practicado ayer jueves, la Fiscalía retiró documentos que ya fueron analizados por el Incoop. “También nosotros debemos munirnos de esas documentaciones porque si vamos a realizar una pericia debemos hacer no solo informes sino sobre documentos reales, originales”, subrayó.
El fiscal José Godoy imputó y pidió la prisión para el funcionario de la Cámara de Diputados, Willian Bogarín y otros imputados por estafa a colonos. Foto: Gentileza
Estafa a colonos: imputan por estafa a funcionario del Congreso y a otras personas
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El fiscal José Godoy presentó imputación por los delitos de estafa, asociación criminal y producción de documentos falsos contra el funcionario del Congreso, Willian Bogarín Campuzano, quien integra presuntamente un esquema de estafa a colonos con venta de tierras en el Chaco. Asimismo, el Ministerio Público presentó la imputación contra Ilse Marisela Paredes y José Francisco Ljubetich.
Ahora la justicia tendrá que convocar a los imputados para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los imputados van a estar privados de libertad.
De acuerdo a la denuncia presentada en sede del Ministerio Público resultaron víctimas los hermanos Bernardo Friesen Neufeld, y Herman Friesen Neufeld, colonos de Río Verde, distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, a quienes se les habría estafado por la suma de USD 1.200.000.
El representante del Ministerio Público realizó un allanamiento a un estudio jurídico donde se incautaron varios documentos. La información refiere que la estructura estaba conformada por el funcionario legislativo Bogarín Campuzano, quien sería muy cercano a la diputada Jazmín Narváez, realizó los trámites a favor de los colonos para que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) pueda adjudicar tierras en el Chaco.
Pasaron los meses y años, y las víctimas de estafa comenzaron a dudar de las promesas que realizaba el funcionario del Congreso, así como de los demás imputados en el presente caso por lo que se asesoraron con otros profesionales que descubrieron los hechos irregulares denunciados en sede del Ministerio Público.
Bogarín Campuzano se encuentra bajo sumario administrativo y por de pronto, desvinculado de su cargo que venía ocupando como director general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados.