En menos de 72 horas se reportaron tres intentos de feminicidio en el departamento de Canindeyú, en todos los casos las mujeres quedaron gravemente heridas y sus agresores se dieron a la fuga. Los diferentes puestos policiales fueron alertados de los hechos y se encuentran trabajando para cumplir con la captura de los sindicados como autores.

El primer caso se dio el domingo por la noche en la zona de La Paloma del Espíritu Santo, donde una mujer identificada como Petrona Cabrera (27) fue brutalmente agredida por su pareja Gabriel Britos Díaz (27), quien, además de propinarle varios golpes en el rostro y cuerpo, le asestó una estocada a la altura de la cabeza.

El hecho se habría registrado en la vivienda de la víctima, que se encontraba en compañía de sus hijos menores de edad que presenciaron la agresión. La misma fue socorrida por los vecinos que se vieron alertados por los gritos, mientras que su agresor se dio a la fuga.

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El segundo caso se dio en el centro de la ciudad de Curuguaty en la noche del lunes, donde resultó víctima una joven menor de edad. La misma habría sido grabada por su agresor mientras la golpeaba brutalmente e inclusive le pisaba la cabeza y el cuello. El video fue publicado por su pareja, quien tras el hecho también se dio a la fuga. En este caso los testigos fueron finalmente quienes la llevaron hasta el centro asistencial de la ciudad.

Y a estos dos hechos se sumó el reportado en la noche de ayer martes en la zona de Yasy Cañy, donde una mujer recibió varios disparos por parte de su pareja, de quien huyó para resguardarse en una estación de servicios cercana a su vivienda, pero finalmente fue alcanzada y atacada por el hombre. La víctima fue identificada como Clara Garcete (24), mientras que su agresor es Derlis Gustavo Gómez Fernández.

Todo lo acontecido en este último caso quedó registrado en imágenes del circuito cerrado de la estación de servicios, donde se observa perfectamente al atacante y además se cuenta con testigos que vieron lo ocurrido y auxiliaron a la mujer que fue trasladada primeramente al hospital regional para posteriormente ser derivada hasta el Hospital de Trauma, donde se encuentra en estado grave.

Según los datos policiales, los tres sujetos sindicados como autores ya contaban con denuncias por violencia familiar, así también se destaca que todos se dieron a la fuga y permanecen con paradero desconocido.

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La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) emitió un comunicado a la opinión pública, en el que anuncia la cancelación de presentación de un libro de Anuncio Martí en la 25° edición de feria de libros Chacú Guaraní, debido a que se estaría promocionando una obra de un prófugo de la Justicia paraguaya por el caso del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en 16 de noviembre de 2001.

La institución menciona que, como órgano rector de las políticas culturales del país y responsable del uso y la administración de Edificio Histórico del Puerto de Asunción, tomó esta decisión. “Ante la difusión en redes sociales y medios de comunicación sobre el lanzamiento de un libro atribuido a Anuncio Martí, prófugo de la Justicia paraguaya, ha dispuesto la inmediata suspensión de dicha actividad”, refiere el mensaje institucional.

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Así también, señala que la Secretaría reafirma que no existe lugar en las políticas culturales para la promoción de criminales con cuentas pendientes en la Justicia, señalando además que la cultura es un derecho fundamental y un pilar del desarrollo nacional, inseparable de los principios que sustentan el Estado de derecho.

“Ningún espacio público destinado a la cultura servirá para legitimar a quienes han sembrado muerte, dolor y luto en la comunidad nacional. El Estado paraguayo no permitirá que su infraestructura ni sus instituciones sean utilizadas para validar a quienes han violentado la ley”, apunta el escrito.

Finalmente, menciona que la institución seguirá trabajando con artistas, colectivos e instituciones “para fortalecer la vida cultural del país, siempre en estricto respeto a la legalidad y a los valores democráticos”.

Anuncio Martí cuenta con orden de captura en Paraguay, además de una orden internacional para su aprehensión, por lo que se solicita a las autoridades brasileñas que el mismo sea remitido al país. Anuncio Martí, Juan Arrom y Víctor Colmán son sindicados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en 16 de noviembre de 2001.

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La extradición de Anuncio Martí fue solicitada oficialmente a través de una resolución firmada por el juez Héctor Capurro a las autoridades judiciales de Brasil, en el marco del acuerdo de extradición entre los Estados partes del Mercado Común del Sur (Mercosur), suscrito en Río de Janeiro, el 10 de diciembre del 1998.

“Este juzgado de sentencia ha cumplido con todas los requisitos legales exigidos por la Constitución Nacional, el Derecho Internacional vigente, por el Acuerdo de Extradición firmado por nuestros países, y por las disposiciones legales que acreditan el debido proceso, habiéndose respetado las garantías constitucionales y los principios fundamentales que rigen en la materia, para el libramiento del presente exhorto se invocan además las disposiciones que ya fueron citadas y se ofrece reciprocidad en casos análogos”, refiere el documento.

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El juez informó que Martí cuenta con orden de captura en Paraguay, además de una orden internacional para su aprehensión, por lo que se solicita a las autoridades brasileñas que el mismo sea remitido al país. Anuncio Martí, Juan Arrom y Víctor Colmán son sindicados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en 16 de noviembre del 2001.

Los tres prófugos habían llegado a Uruguay a mediados de agosto del 2019, luego de huir del Brasil, país que les había revocado el asilo que gozaban desde el año 2002, meses después del secuestro de María Edith Bordón, del que supuestamente habían tenido participación.

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“Esta nueva normativa pretende ser el factor que promueva una mejor prestación de la función pública”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras promulgarse la ley de la función pública y la carrera del servicio civil. Rechazó que la misma haya sido aprobada a las “apuradas” por el Legislativo y el Ejecutivo tal como argumentan algunos sectores opositores y medios de comunicación afines.

“Cae por su propio peso. El propio Fondo Monetario Internacional, la calificadora de riesgo Standard & Poor’s que evalúo positivamente al Paraguay han reconocido el carácter participativo y deliberativo que ha tenido esta ley desde su génesis”, sentenció.

Agregó además que “el presidente de la República con su equipo de transición había recomendado analizar las bases para la reforma de la ley de la función pública para la creación de un servicio civil. Ya en ese entonces, empezó las primeras reuniones, luego la viceministra de Capital Humano con todo el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas se reunieron con más de 50 sindicatos, se realizaron audiencias públicas, reuniones en comisiones”.

“La mejor prestación se dará al exigirse el ingreso, el mantenimiento y el ascenso y promoción solo y únicamente a partir del concurso. El funcionario público sabrá que se premiará su meritocracia, pondrá mejor empeño. Al designarse las personas solo por sus méritos, necesariamente tendrán que implicar una mejor prestación de servicios”, mencionó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

González indicó que las instituciones del Estado cuando empiecen a tener eficacia plena de la normativa podrán desarrollar políticas a largo plazo. “Los funcionarios públicos sabrán en que se equivocaron, que aspectos hay que potenciar, no cometerán los mismos errores. Los funcionarios serán permanentes, no porque cambie el gobernante tendrá que cambiar el plantel de directivos públicos como normalmente ocurre. A partir de ahora solo habrán 4 cargos de confianza, jefe de gabinete, secretario general, director jurídico y director de administración y finanzas”, detalló.

Señaló que no quedará ninguna institución pública fuera del alcance de la nueva ley. “Lo único que queda fuera es la regulación de algunas carreras que ya están regladas en la Constitución y en la ley. Por ejemplo no se verán alcanzados por el sistema de ingreso, permanencia y ascenso los magistrados, legisladores, intendentes. Ahora los funcionarios del Congreso Nacional, los funcionarios administrativos de la Corte Suprema de Justicia, de las municipalidades, a todos ellos sí les regirá esta ley”, mencionó.

González recordó que con la anterior ley 1626 de la Función Pública se llegó a contar con un total de 60 instituciones que impulsaron acciones de inconstitucionalidad. “No la aplicaban. Ahora por ende el concurso como método de ingreso será exigido como ya la Constitución lo determina en todas las instituciones públicas. Se exigirá el concurso público para el ascenso, promoción y creación de los cargos de jerarquías dentro de la institución pública”, manifestó.

El procurador puntualizó además que entre las grandes innovaciones con la nueva norma figura la creación de un régimen de directivos públicos de manera a que el funcionario público “pueda hacer una carrera, es decir, por fin se reglamenta la carrera del funcionario público, algo que solo lo tenían algunas instituciones como el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Nacional de Fomento, la Administración Nacional de Electricidad”.

Igualmente se dará un régimen jurídico a los contratados. “Esto es algo que antes no tenían. Los contratados deberán entrar por concurso. La reciente ley vigente recoge todas las experiencias y los errores de la anterior norma porque reconoce la autonomía de los organismos constitucionales autónomos”, remarcó.

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González añadió que el Viceministerio de Capital Humano, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, será el órgano rector, que reglamentará y dará directrices a las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo para decirles cómo aplicar esta ley y ejercerá el control.

“Para el resto de los organismos constitucionales autónomos serán sus máximas autoridades quienes van a poder reglamentar la ley en el interior de sus instituciones. Este es el reconocimiento de la autonomía de la que adolecía la anterior ley, y que también adolecía el proyecto de ley preparado por el gobierno anterior”, dijo.

Detalló que la elaboración de la ley tuvo una participación y una acogida en la redacción de casi todas las propuestas presentadas por los diversos sectores. “Esto ha sido reconocido internacionalmente. De hecho en el tratamiento del Congreso Nacional, los propios legisladores se han hecho eco de esto, es más no hay ninguna desmejora, ninguna vulneración a los derechos de los trabajadores públicos, al contrario se acrecientan sus derechos con la nueva ley”, sostuvo.

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