A través de gestiones de la Procuraduría General de la República y la asesoría jurí­dica de la Presidencia se logró evitar el pago de USD 16 millo­nes al consorcio Mota Engil por la obra del metrobús.

El procurador, Marco Aurelio González, resaltó este impor­tante ahorro para el Estado y además enfatizó en que quedó demostrado que el daño prin­cipal fue la demolición de la obra que se había hecho hasta ese momento.

“Finalmente, si hablamos de un daño, lo que yo veo es que se pagó el dinero por una obra que fue demolida y para mí la demolición es el perjui­cio que existe sobre las arcas del Estado. Los responsables son las personas que destru­yeron todo lo que se edificó y ellos son el ministro (del MOPC) y el presidente ante­rior”, expresó en referencia a Arnoldo Wiens y Mario Abdo, respectivamente.

En conversación con “Buena tarde”, programa emitido por Unicanal, González resaltó que lo que deter­minó el Tribunal es que se podía rescindir el con­trato, pero lo que se critica es el discurso político que dieron, argumentando que hubo incumplimientos, que realmente no existieron, y por eso hoy el Estado está obligado a devolver a la firma USD 2.600.000.

“Creemos que se trataba de un revanchismo político porque iba a significar una obra de envergadura que iba a signi­ficar el legado de un gobierno que ellos querían deslegiti­mar. Vendieron una historia falsa para terminar la obra del metrobús, que iba a incorpo­rarle a Asunción un meca­nismo de transporte de van­guardia que necesita la ciudad y de todo eso se le privó, de hecho todo lo construido fue demolido”, aseveró.

Por Karina Ríos (karina.rios@nacionmedia.com)

Hoy se conmemora dos décadas del secuestro de Cecilia Mariana Cubas Gusinky, hija mayor del expresidente Raúl Cubas y la exsenadora Mirta Gusinky. Cecilia era una persona alegre y con muchas ganas de vivir, cuya vida fue truncada por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Con solo 31 años, Cecilia fue tomada de rehén por el grupo criminal que tres meses después decidió acabar con su vida. Su familia aún se pregunta por qué la mataron y acompaña en el dolor a cada uno de los secuestrados en Paraguay.

El 21 de setiembre del 2004 Cecilia estaba por llegar a su casa cuando fue interceptada por el EPP, que en medio de disparos y mucha violencia la secuestró. “Hasta ahora nos preguntamos ¿por qué ella? ¿por qué le hicieron esto? ¿por qué le mataron? Son preguntas que nunca van a tener respuesta porque no hay forma de justificar lo que le hicieron”, expresó su hermana, Silvia Cubas, en entrevista con La Nación/Nación media.

Resaltó que recuerda todo como si fuese ayer y que los cuatro meses que Cecilia estuvo secuestrada fueron de esperanza, de que pudiera volver con vida de aquella terrible pesadilla.

“Nadie está preparado para atravesar una situación como la que nos tocó vivir a nosotros y les toca vivir a otras familias acá, en Paraguay, pero llega un momento en el que te das cuenta de que lo que te mantiene en pie durante un secuestro es la esperanza de que tu familiar, en este caso mi hermana, sea liberado y pueda volver sano y salvo”, subrayó Silvia.

La familia Cubas Gusinky quedó destrozada tras la terrible noticia de que su querida hija Cecilia fue hallada muerta en una casa de la ciudad de Ñemby, pero entregarse al dolor no era una opción por lo que se propusieron a buscar justicia. Durante estos 20 años hubo logros importantes, fueron condenadas varias personas, pero aún hay prófugos.

“Cuando esa esperanza se termina, lo único que uno piensa es ¿qué vamos a hacer ahora? En nuestro caso, como familia, decidimos que no íbamos a entregarnos al dolor que nos produjo lo que le hicieron a Ceci. Sobre todo mi mamá, Mirta Gusinky, que dedicó su vida a pelear por una justicia verdadera para mi hermana”, relató.

Silvia profundizó que aprendió a convivir con lo que vivieron como familia, “uno no se olvida, no es que pasa, es una marca, una herida que uno lleva de por vida” y para la que nadie está preparado, “que le pongan precio a la vida de un familiar y que decidan matarlo porque no cumpliste con las expectativas o simplemente porque era el plan que tenían diseñado”, lamentó.

Cecilia Cubas es la primera víctima fatal de secuestro del EPP, su trágico desenlace conmocionó a la sociedad y marcó la historia del país.

“Fue la primera víctima mortal del EPP y es impresionante cómo el país sufrió con lo que le pasó. Creo que, a través de nuestras palabras, es como que toda la gente la pudo conocer y hasta quererle. Entonces, es como que esto fue un golpe realmente para todos los paraguayos, no solo para la familia y los amigos de Cecilia”, indicó Silvia a LN.

Recordó a su hermana mayor como una persona alegre, auténtica, cariñosa, generosa y muy inocente, que nunca veía malicia en las demás personas. Explicó que Cecilia pensaba que todas las personas eran como ella, buenas, jamás hubiera imaginado que unos criminales iban a acabar con su vida.

“Era una luz, brillaba siempre y no necesitaba decir ni hacer nada, transmitía muchísima alegría donde quiera que vaya. Era una persona súper sensible y las situaciones dolorosas le afectaban muchísimo. Era mi hermana mayor, pero a la vez era como la más chica de la casa, siempre la cuidamos y protegimos más, porque no veía malicia en nadie”, afirmó.

Tras el fatal desenlace, el Ministerio Público inició las investigaciones logrando condenar a 11 personas por el secuestro y muerte de Cecilia. Entre ellos Osmar Martínez, Anastasio Mieres Burgos, Francisca Andino, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo, Roberto Otazú, Rosalba Jara Drackeford, Lidia Samudio y Aldo Meza.

“En el caso de Cecilia todos los detenidos ya fueron juzgados y están cumpliendo su pena o siguen siendo juzgados. Podemos decir que la Justicia hizo su parte, pero nos queda mucho por delante y aún quedan muchos prófugos. Nuestra batalla está lejos de terminar, pero claramente tengo que decir que nos gustaría que el EPP desapareciese”, acotó Silvia.

En la familia no pierden la esperanza y creen que hay instituciones que se están formando correctamente y que están trabajando bien. “En algún momento va a dar resultado visible todo el trabajo que se está haciendo. Hay que tener en cuenta también que muchas veces para que se llegue a algo con un grupo como el EPP hay mucho trabajo por detrás y no es un simple golpe de suerte para que sucedan las cosas”, manifestó.

Silvia pidió justicia para las familias de los que están secuestrados, con quienes mantienen un contacto muy estrecho, porque es una situación que no se puede dejar pasar. “No tenemos que olvidar que hay todavía personas desaparecidas, cuyas familias aún siguen esperando noticias de ellos, esto no toca mucho. Tenemos que unirnos para luchar de manera correcta no solo por un futuro, sino por un presente mejor para cada uno de los compatriotas”, apuntó.

Instó a la población a luchar contra este grupo criminal, a no apañar estos crímenes. “Acá la lucha debería ser siempre de los buenos contra los malos. Todo lo que ellos predican de que han luchado por los más necesitados son mentiras, porque han secuestrado y asesinado a miembros de la sociedad paraguaya sin distinción de ningún tipo”, concluyó.

• El cuerpo sin vida de la joven fue hallado 5 meses después, en febrero de 2005, en una fosa cavada en una vivienda ubicada en Ñemby.
• Su familia pagó 300.000 dólares por su liberación, a mediados de noviembre de 2004.
• Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos fueron condenados a 25 años de prisión y 10 años de seguridad por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas; luego de afirmarse que cometieron los delitos de homicidio doloso, privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, se reunió con el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y abordaron sobre la posibilidad de que ambas instituciones puedan cooperar en casos que se vea afectado el patrimonio del Estado. El procurador resaltó la apertura del fiscal general para trabajar en conjunto.

“Mantuvimos una reunión con el fiscal general y le hemos solicitado una cooperación sobre la cuestión también al Poder Judicial para que la Procuraduría General de la República sea comunicada cuando exista una sanción por un hecho punible en el que se vea perjudicado el patrimonio del Estado”, expresó.

A esto añadió, “de la misma manera, que sea informada cuando exista una salida alternativa al proceso, de modo que el Estado pueda hacer prevalecer, cuidar y exigir el respeto al patrimonio estatal”. González indicó que están confiados en que se pueda llevar adelante un trabajo en conjunto tanto con la Fiscalía General del Estado como con el Poder Judicial.

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El objetivo de esta cooperación es “institucionalizar” estos procesos donde el patrimonio del Estado se puede ver afectado. Por su parte, el fiscal general del Estado mostró apertura a la petición y manifestó que hará lo necesario para ejecutar dicha solicitud.

“El doctor Emiliano Rolón es un docente, jurista, entiende y conoce las reglas y nos comentó que él va a hablarlo al interior de la Fiscalía General del Estado para que pueda hacerse realidad y podamos trabajar en conjunto todas las instituciones”, culminó diciendo González en diálogo con varios medios de prensa.

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El procurador general de la República, Marco Aure­lio González, fue designado director ejecutivo de la Aso­ciación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías del Estado (ALAP) por el periodo 2024-2026. El pro­curador paraguayo aseguró que lo asume con mucho compromiso y muchas ganas de hacer bien las cosas durante su mandato.

A través de un video divul­gado por la cuenta oficial de la PGR, González indicó que en Paraguay cuenta con rica experiencia que espera compartir con los países de la región. Igualmente, dijo que están con proyectos que esperan desarrollar, como ser la capacitación de los funcionarios abogados del Estado.

“Sabemos que hay proble­mas comunes que lo pode­mos encarar para encon­trar mejores soluciones. La experiencia de Para­guay con la constitución del Consejo de Abogados del Estado es sin dudas un claro ejemplo de la realiza­ción de cursos de capacita­ción”, expresó.

Mencionó además que otro paso que buscarán a nivel regional es la constitución de un repositorio de preceden­tes administrativos y judicia­les, que sirva a los abogados del Estado contar con una base de datos.

“Este precedente contri­buye también con la seguri­dad jurídica y que para el ser­vidor público sirva de base para entender cuál es el com­portamiento que tiene que tener cuando administra la cosa pública y cuáles son las responsabilidades”, acotó.