Los alcances y logros de las sucesivas marchas convocadas por secto­res sociales, políticos y cam­pesinos, durante la semana pasada, fueron analizados en el programa “Fuego cru­zado”, conducido por el perio­dista Benjamín Livieres y emi­tido por el canal GEN/Nación Media.

Participaron como invita­dos el ministro del Interior, Enrique Riera; el periodista Alberto Peralta y el politólogo Esteban Caballero. Las mar­chas realizadas tenían previa­mente, desde algunos sectores políticos, un discurso de con­frontación, sobre todo recor­dando los luctuosos sucesos de marzo de 1999. Incluso varias cuentas en redes socia­les, que instigaban a hechos violentos, serán investigadas por personal de Cyberdeli­tos de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Además, un fuerte compo­nente electoral se dejó sen­tir, en especial en los eventos convocados por los dirigentes de la oposición. En ninguno de los casos, estos llamados tuvieron respuesta por parte de la ciudadanía, que prefirió presentar sus reclamos alGo­bierno, de manera pacífica. El ministro Riera realizó una apreciación de las jornadas de protestas desde la óptica de la actuación de la Policía Nacio­nal en cuanto a la seguridad de todos los eventos y la atención brindada por sus elementos a la ciudadanía, que llegó hasta el centro de Asunción pero también se hizo presente con sus reclamos en otros lugares del país, como en la capital del departamento de Alto Paraná.

“Quiero rescatar lo realizado por la institución, desde el punto de vista de la defensa de la democracia, del respeto a las libertades y del compor­tamiento. También quiero res­catar el trabajo de la Policía Nacional, a diferencia de otros años, donde teníamos que ves­tir un santo para desvestir a otros, por la menor cantidad de agentes con los que contá­bamos”, explicó Riera.

Riera confesó que el uso de ciertas estrategias, como colo­car en primera línea al perso­nal femenino, han resultado exitosas porque infunden más respeto, inclusive a los perso­najes más radicales. Durante la primera marcha de personas de la tercera edad y jubilados, no hubo incidentes, a pesar de los reclamos diversos que esta gente llevó a las calles. “Hubo gente que se quejó por la jubi­lación y otros porque alguna plaza estaba sucia”, explicó el ministro.

En la segunda marcha se pro­dujo un fenómeno extraño, porque la clase política se frag­mentó de alguna manera. “Los liberales marcharon separados y entiendo que es por el pro­blema interno que tienen. El Gobierno necesita tener una oposición fuerte, y ojalá pue­dan resolver sus problemas”, agregó. También Riera recordó a otro líder de la oposición, Payo Cubas, quien descalificó a los demás dirigentes opositores.

Valoró a la organización de la Federación Nacional Campe­sina (FNC) por el nivel de dis­ciplina con que cuentan. “La gente tiene que saber, aunque parece una tontería, que en administraciones anteriores y por una actitud autoritaria, se les quería privar de los palos que portan en todas sus marchas y que para ellos es un símbolo de lucha. Era motivo de inci­dentes y ahora queremos evi­tar todo tipo de confrontacio­nes”, señaló.

Destacó que los integrantes de la FNC hablaban de “contami­nación de su marcha” por la pre­sencia de dirigentes políticos opositores. “El año pasado, la entonces senadora Kattya Gon­zález ingresó a la marcha de la FNC, caminó unos metros y fue invitada a salir, con la excusa de que el reclamo que ellos porta­ban era legítimo, pero ella no se había acordado de los campe­sinos, por tanto, rápidamente tuvo que abandonar el reco­rrido”, recordó el ministro del Interior.

Por eso esta vez los líderes opo­sitores tuvieron la precaución de realizar antes su marcha. “Creo yo porque presumían que no iban a tener tanta convo­catoria, necesitaban una foto de la plaza llena, que la mejoraron luego con un filtro “ojo de pez”, o de la calle Palma, que ya de por sí es bastante angosta, para mostrar el trayecto. Aproveché la experiencia de varios agen­tes de la Policía Nacional y les pedí que contaran la cantidad de participantes. En total fue­ron 3.995 personas el miércoles de noche, mitad campesinos y mitad clase política”, explicó.

Riera destacó la colaboración del personal del Instituto Para­guayo del Indígena (Indi) y del ministro Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y de la Ado­lescencia.

Sin embargo, cuestionó la actitud del intendente de Ciu­dad del Este, Miguel Prieto, al “arrear” a los funcionarios municipales a la plaza central de la ciudad. “En ese lugar hizo un discurso como si fuera una blanca paloma, pero tiene como 30 denuncias. Fue ensordece­dor el silencio (mediático) por lo hecho por Prieto, quien encerró primeramente a sus funciona­rios y luego los arreó. Nadie dijo una sola palabra, y yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si algo así hubieran hecho desde el ofi­cialismo? También intenta­ron cerrar el Puente de la Amis­tad, pero no se los permitimos”, confesó el ministro.

Por su parte, el periodista Alberto Peralta señaló que políticamente la marcha opositora tuvo un fuerte componente electoral.

“Creo que la marcha tiene validez para conocer quié­nes y dónde están líderes y sus fallas. La oposición debe someter a un labora­torio, todo esto que suce­dió, no solo para sacar con­clusiones electorales, sino para emitir un mensaje a la ciudadanía. Hubo gente con más apoyo, otros tuvieron mejores discursos, hubo gente con el discurso de siempre, que ya no cala en la ciudadanía. La oposición tiene que buscar en estos ejercicios el rumbo para convertirse en una opción con peso”, señaló el perio­dista.

El politólogo y periodista Esteban Caballero expresó que las protestas callejeras son una manera de asentar presencia y si existe con­vocatoria, la gente siente el apoyo social.

“Desde enero de este año, las protestas han ido aumentando. Desde la mar­cha contra la injusticia en Caacupé y la reacción frente a los chats de Lalo Gomes. También la marcha del 8M tuvo éxito en cuando a concurrencia”, recordó el politólogo.

Todas estas manifestacio­nes marcan un momento en la oposición que está bus­cando la manera de reagru­parse y reunificarse. “La oposición es consciente de que la unidad debe ser cons­truida en términos de pro­grama común y un sistema de selección de candidatos”, mencionó Caballero.

“Los liberales marcharon separados y entiendo que es por el problema interno que tienen”. Enrique Riera, ministro del Interior.

“La oposición debe someter a un laboratorio todo esto que sucedió no solo para sacar conclusiones electorales, sino para emitir un mensaje a la ciudadanía”. Alberto Peralta, periodista

La senadora abdista Lilian Samaniego, erigida desde hace unos meses como la rescatista de los heridos y relegados que en el pasado fuera una modesta química farmacéutica del Instituto de Previsión Social (IPS), involucrada en caso de robo de medicamentos, está lejos de la triste realidad que pinta para reivindicarse como salvadora y arrastrar adherentes. Gracias a la política, la ex humilde funcionaria de la previsional, quien inició con un sueldo de G. 558 mil en la función pública, experimentó una extraordinaria prosperidad, que se ve reflejada principalmente en sus millonarias inversiones inmobiliarias. Es así que la hoy parlamentaria se pega el lujo de comprar media docena de departamentos en cotizados edificios, con cuotas mensuales que llegan hasta los USD 10.000, monto que supera incluso su sueldo en el Senado.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Seis departamentos que valuó en unos G. 5.181 millones adqui­ridos en un plazo de un año y medio aparecen en la última declaración jurada de bienes de la senadora abdista Lilian Samaniego.

La legisladora critica la realidad actual, habla de dolor y desesperanza, pero vive una realidad muy dis­tinta a quienes busca arras­trar con sus discursos.

Samaniego, quien en el pasado fue una modesta quí­mica farmacéutica del Ins­tituto de Previsión Social (IPS) que ingresó con un sueldo de G. 558.700, regis­tró exponenciales escaladas en sus finanzas.

En los documentos publica­dos por Contraloría figuran que entre agosto del 2018 a febrero del 2020, es decir, un año y medio, la sena­dora Samaniego compró 6 departamentos que valuó por total en G. 5.181 millo­nes. Estos inmuebles están ubicados en cotizados edi­ficios y complejos de depar­tamentos cuyos precios de mercado pueden ser aun más altos que los consig­nados. Si bien consignó compras en cuotas y con­tratos de reserva en algu­nos casos, los pagos contra entrega están por arriba de los USD 200.000 y las cuo­tas llegan hasta USD 10.000, compromisos que superan incluso su sueldo de parla­mentaria.

Llamativamente, en el caso de la compra con contrato de reserva que hacen a 4 departamentos a la firma Victoria Desa­rrollos Inmobiliarios SA declaró un importe de G. 1.320.887.460, sin embargo, el precio total asciende a G. 3.086 millones, monto que trasladó a deudas y con eso lógicamente reduce en un 57 % el valor de los inmue­bles.

Además de los seis depar­tamentos adquiridos entre 2018 y febrero de 2020, en la última declaración jurada de Samaniego aparecen otros dos departamentos en Fernando de la Mora, que fueron vendidos en 2019. A esto se suma otro departa­mento con cochera en el edi­ficio Habitalis de Asunción, adquirido en junio de 2017, valuado en G. 521 millones en cuotas se USD 6.600.

Solo en bienes inmobilia­rios consignados en 2023, en los haberes de la sena­dora aparecen 8 depar­tamentos de entre USD 100.000 y USD 200.000, 5 viviendas, casa de verano en San Bernardino y una decena de lotes en zonas consideradas top en las inmediaciones de Asun­ción, que suman G. 6.925 millones, pero en reali­dad ascienden a un total de 8.691 millones consi­derando que no registró el valor total de los 4 departa­mentos como se muestra en la infografía.

El salto económico, princi­palmente en inversiones de bienes raíces de la senadora Samaniego ha sido cons­tante en todos sus años en la función pública y cargos electivos. La fortuna que amasó tiene sus bases en los tiempos que estuvo en el IPS, al menos así indican sus declaraciones, como los documentos de Catas­tro, que registran compras a partir de 1992; es decir, después de su ingreso a la previsional.

Como se puede ver en la infografía que acompaña este artículo, (salvo una rectificación presentada en 2020), la cantidad de inmuebles aumentaron de manera importante en cada manifestación de bienes y el comporta­miento de los crecimien­tos patrimoniales inmobi­liarios se mantienen por arriba del 100 %. Esto pese a que Samaniego percibía un sueldo de G. 4 millones hasta fines de 2004 en la previsional, mientras que en el Congreso sus ingre­sos entre dieta y gastos de representación llegaban a G. 15 millones hasta 2014, precisamente periodo en que disparó sus inversio­nes en bienes raíces.

Cabe subrayar que la Con­traloría no cuenta con la declaración jurada de Samaniego al ingresar a la función pública, tampoco la que debió presentar al momento de asumir su pri­mer periodo parlamenta­rio y al pasar de suplente a titular. Sin embargo, las liquidaciones salariales obtenidas desde el IPS y el Ministerio de Economía, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública indican que los modestos sueldos en sus inicios como funcionaria farmacéutica hicieron maravillas en sus finanzas para ir acumu­lando inmuebles que luego permitieron ingresos en concepto de alquileres.

En los antecedentes de la senadora abdista se regis­tra un sumario y una impu­tación en 1998, debido a que se detectó un millona­rio robo de medicamentos en el IPS.

De acuerdo con los fisca­les intervinientes, el robo de medicamentos era una constante en la previsio­nal en ese entonces. Sama­niego se desempeñaba como jefa del Parque Sani­tario cuando ocurrieron los hechos. El relato señala que la misma no realizó denun­cia alguna.

Según la versión fiscal que obra en los documentos existieron indicios sufi­cientes que justificaron la imputación de Samaniego en el escandaloso caso de robo de medicamentos que sacudió a la previsional en tiempos que esta era jefa del parque sanitario. Uno de los elementos más contun­dentes es que el camión en el que fueron encontrados los fármacos era propiedad de la ahora senadora. En la previsional no se había pro­fundizado el sumario a la exjefa de farmacias del IPS y en la Justicia, Samaniego supo sortear su suerte.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, presentó un proyecto de ley “Que establece disposiciones especiales para eventos deportivos de relevancia internacional celebrados en la República del Paraguay”. La iniciativa busca crear un marco legal especializado para atraer y regular las grandes competiciones deportivas en el país.

El proyecto lleva la firma del presidente, Santiago Peña, y del titular del Ministerio del Interior, Enrique Riera Escudero, y posiciona al deporte como un eje central de la política pública y visualiza a Paraguay como un actor trascendental en la organización de eventos deportivos internacionales.

Le puede interesar: TEI del Partido Liberal garantiza realización de internas partidarias con papeletas

“Paraguay es un país grande que está listo para tomar su rol protagónico principal en el escenario internacional”, se lee en la introducción del proyecto, destacando la ubicación estratégica de la nación en el corazón de Sudamérica, su creciente infraestructura y su cultura deportiva apasionada como ventajas para albergar competiciones de alto nivel.

La legislación propone crear una designación legal única llamada “Eventos Deportivos de Relevancia Internacional” (EDRI), que será establecida por decreto presidencial. Esta designación, según la exposición de motivos, activará automáticamente una serie de disposiciones especiales diseñadas para facilitar la organización de eventos según estándares internacionales.

La propuesta plantea, entre otros detalles, exoneraciones tributarias para las entidades organizadoras, incluyendo la importación de equipos, implementos deportivos y servicios prestados durante el evento, lo mismo que un régimen de admisión temporaria para materiales promocionales y equipamiento deportivo.

Igualmente, estipula regulaciones especiales de visado con visas gratuitas y sin restricciones para delegaciones oficiales, funcionarios de entidades organizadoras y socios comerciales.

Asimismo, plantea la protección de derechos de propiedad intelectual, con reconocimiento especial de las marcas de las entidades organizadoras como “marcas notoriamente conocidas”, también forma parte de los beneficios que otorga esta disposición.

Por último, se prevé el establecimiento de zonas comerciales exclusivas alrededor de las sedes de los eventos, y un mecanismo de resolución de disputas mediante arbitraje para contratos relacionados con la organización de eventos.

La propuesta destaca los logros recientes de Paraguay en la obtención de importantes eventos deportivos internacionales, incluyendo la exitosa organización de los Juegos ODESUR 2022 y próximos eventos como: los Juegos Panamericanos Junior; el Campeonato Mundial de Rally en 2025, 2026 y 2027; el 75º Congreso de la FIFA en mayo de 2025; y uno de los partidos inaugurales de la Copa Mundial de la FIFA 2030, conmemorando el centenario del torneo.

Según el documento, Paraguay ha perdido, anteriormente, oportunidades para albergar grandes competiciones debido a la falta de garantías legales específicas requeridas por los organizadores internacionales. El proyecto busca abordar “trabas burocráticas, regímenes fiscales poco flexibles y falta de previsibilidad en materia migratoria y laboral, que han limitado el potencial del país, según la exposición de motivos.

“Paraguay no puede darse el lujo de seguir perdiendo oportunidades. El momento de actuar es ahora”, enfatiza la propuesta, enmarcando la iniciativa como parte de las reformas estructurales más amplias del gobierno y la visión a largo plazo para el desarrollo nacional.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su consideración, pero antes deberá pasar por las diferentes comisiones para su estudio y dictamen correspondiente.

Siga informado con: Gobierno garantiza a campesinos el desarrollo normal de la marcha

El senador Antonio Barrios sostiene que el pedido de desafuero de Mario Abdo Benítez, anunciado por el propio exmandatario, sería una maniobra política, en el marco del caso de filtración de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en que está imputado con ocho exfuncionarios de su gobierno. Este lunes, la senadora abdista Lilian Samaniego y su aliado opositor Rafael Filizzola solicitaron que el pedido se gire a una comisión asesora y que el expresidente acuda antes en el Congreso, buscando así trabar el estudio inmediato por el pleno del Senado.

“Las especulaciones son muchas, pero puedo dar mi parecer respecto a esto, es que Abdo nunca va a querer su desafuero, porque esto es una movida política. Yo creo que él los metió a todos en este lío a sus ministros, les indicó lo que tenían que hacer. Hicieron al pie de la letra todas las tergiversaciones que hoy están demostradas con una cantidad de pruebas y relatos; y les abandonó. Acá hubo alguna presión, le dijeron ‘vení acá también vos, o te liquidamos’”, expuso Barrios, este lunes, en el programa “Arriba hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970A/Nación Media.

Le puede interesar: Gobierno organizará este año Tañarandy en homenaje a Koki Ruiz

Respecto a que ciertos sectores hablan de que es una “sorpresa” que el propio Abdo solicite su desafuero, el legislador señaló que el anuncio del pasado 12 de marzo que hizo el exmandatario a través de un video en redes sociales, se dio un año después que la jueza Cynthia Lovera comunicara su imputación al Congreso, y solo un día después que el Ministerio Público presentó una contundente acusación contra siete implicados que no cuentan con fueros legislativos.

Asimismo, Barrios remarcó que ahora están confiando en reunir los votos, para que finalmente Abdo se someta a la Justicia. Señaló que escuchando solamente el relato que obra en la carpeta fiscal uno se da cuenta que verdaderamente existió una persecución política al expresidente Horacio Cartes. Con Abdo y su exsecretario Mauricio Espínola (actual diputado), en la causa están acusados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, pese a una treintena de chicanas y mala fe de sus abogados.

Siga informado con: Filtración de Seprelad: “No se dedican a refutar los hechos, solo a incidentar”, dice González