La Cámara de Diputados aún está pendiente de designar a los representantes que integrarán la Comisión Bicameral para acompañar las negociaciones del Anexo C del Tratado de la Itaipú Binacional. En este sentido, la diputada Johanna Ortega manifestó que esto se definirá en la sesión de la próxima semana.

“Hay interés de parte de los diputados de tener un rol protagónico en este debate y por supuesto hay una puja de poder con los senadores, pero no quiero amplificar el conflicto si existiese porque es natural dentro de la lógica parlamentaria”, expuso Ortega respecto a la falta de definición sobre quién presidirá esta Comisión.

La legisladora de País Solidario recordó que el debate sobre los integrantes de la Comisión ya forma parte de los puntos del orden del día y explicó que este tema no ha sido de fácil resolución para los diputados, ya que todo lo relacionado a Itaipú siempre representa un nivel de importancia superior y por eso se lleva la centralidad de la atención en ambas Cámaras del Congreso.

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“Cuando hay comisiones bicamerales, siempre hay una disputa en torno a quién va a presidir, quién va a ser vicepresidente, y entiendo que hay ahí un debate por parte de los colegas interesados en formar parte de la comisión. Esa no es mi área; nosotros, dentro del tercer espacio, tenemos a ingenieros, entonces naturalmente va a recaer en quienes más entienden de la materia técnica de cómo se maneja esto de Itaipú”, señaló a la 1020 AM.

Ortega también manifestó que este percance no se da generalmente cuando se trata de otras comisiones bicamerales, como la de Presupuesto, por ejemplo, donde ya hay un consenso entre legisladores de la Cámara Alta y la Baja para alternar la presidencia. “Pero en este caso, este tema (Itaipú) es tan importante y en este contexto que se están tejiendo alianzas entre distintas bancadas de senadores y diputados para ver cómo queda finalmente”, concluyó.

Cabe mencionar que la Cámara de Senadores ya ha designado a los parlamentarios que integrarán la Comisión para el debate del Anexo C, y estos son: Natalicio Chase, Dionisio Amarilla, Hernán Rivas, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Lizarella Valiente, Javier Zacarías Irún, Pedro Díaz Verón, Zenaida Delgado y Noelia Cabrera, Arnaldo Samaniego, Oscar Salmón, Colym Soroka, Yolada Paredes y Celeste Amarilla.

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La jueza penal de Garan­tías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición plan­teados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios, acusados por asociación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal cono­cido como filtración de infor­mación de Seprelad (Secreta­ría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Los abogados de los exminis­tros de Abdo habían presentado una nueva reposición y apelación en subsidio con­tra la providencia de la jueza Cynthia Lovera, que fijó la realización de una audien­cia donde se tenía que deci­dir si la magistrada se ratifi­caba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admitió la imputación con­tra los excolaboradores del expresidente de la República, incidentes que ahora fueron rechazados por Lovera.

Además de esta decisión, se agrega a la resolución judicial que se impone las costas de estos incidentes que han sido rechazados a cada uno de los acusados con relación a este proceso, informó desde judi­ciales el periodista de Nación Media Aldo Insfrán.

Tras el rechazo de estos incidentes formulados por los abogados Emilio Fus­ter, Osvaldo Granada, Jorge Rolón Luna y otros, el expe­diente tendrá que subir a la Cámara de Apelación, donde se tendrá que resolver la reso­lución firmada por la jueza Cynthia Lovera.

En su resolución la magistrada sostiene que “la presentación hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pendientes de reso­lución. “En ese contexto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente pro­ceso estudiando las presen­taciones iniciales del proceso penal mencionado”, señala.

Los fiscales Silvio Corbeta y Elena Fiore pidieron al Juzgado de Garantías blanquear al exministro del Interior de Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, denunciado en su momento por supuesto enri­quecimiento ilícito y declaración falsa, cuyas expectativas de penas superan los 10 años de cárcel.

Ahora, el Juzgado de Garan­tías deberá decidir si hace lugar a dejar impune el caso o da trá­mite de oposición para que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, pueda decidir si la investigación seguirá o se concretará la impunidad para Giuzzio.

La Itaipú Binacional transfirió más de USD 132 millones al Estado paraguayo en concepto de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), al cierre del primer trimestre, es decir, de enero a marzo de 2025.

Esta compensación es fundamental para que gobernaciones, municipios y la empresa estatal de electricidad puedan desarrollar obras esenciales en beneficio de la ciudadanía. Los recursos son contemplados en el Anexo C del Tratado de la Binacional.

La Dirección Financiera de la Entidad reportó que en el primer trimestre fueron transferidos cerca de USD 70 millones en concepto de royalties y USD 57 millones por cesión de energía al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La Ande por su parte percibió un total de USD 5 millones en carácter de resarcimientos de las cargas de administración y supervisión.

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Si nos fijamos solo en el mes de marzo, dicha dirección reportó que la transferencia por royalties alcanzó USD 22 millones, mientras que USD 15 millones fueron inyectados por cesión de energía. Otros USD 2 millones fueron transferidos a la empresa estatal, totalizando así USD 39 millones las remesas de Itaipú en el tercer mes del año.

Estos aportes ayudan a los gobiernos departamentales y municipales para el desarrollo de programas, inversiones y obras, como la refacción de escuelas, centros de salud, infraestructura vial, entre otros. La Ande por su parte puede cumplir con sus planes de inversión y proveer un servicio de electricidad de calidad.

Cabe recordar que una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra importante porción el Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales. En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje también es distribuido a municipios y gobernaciones.

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Luego de que el Brasil haya confirmado que hubo acciones de inteligencia contra Paraguay entre el 2022 y 2023, una de las medidas asumidas por el Gobierno paraguayo fue la suspensión de la renegociación del Anexo C de la Itaipú Binacional. El Gobierno está a la espera de las explicaciones del vecino país y los informes respecto a qué datos se accedió en dicho período. Sin embargo, la tarifa, que permite obtener los recursos mencionados, fue convenida con el Brasil por los próximos 3 años.

El presidente de la República, Santiago Peña, se refirió este viernes por primera vez al caso de espionaje de Brasil en las negociaciones de Itaipú y defendió la “posición país” a través de las cuatro medidas asumidas ante este impasse, en un contacto con Radio Mitre de Argentina, expresando su preocupación y lamentando la situación ante la intención de abogar por la integración regional.

“Es una noticia bastante desagradable. Vemos eso con tremenda preocupación porque no se condice con el tipo de relación que queremos proponer, una de amistad, socios, amigos que nos permita construir un Mercosur más fuerte. Lastimosamente estamos en este impasse”, comentó Peña al programa que conduce Eduardo Feinmann.

Asimismo, acotó: “Nosotros hemos tomado medidas muy firmes, abrimos investigaciones en nuestra área de ciberseguridad. Está demostrado que recibimos constantemente ciberataques que provienen de China, pero jamás nos hubiésemos imaginado que estaríamos sujetos a espionaje por parte de nuestros hermanos y vecinos brasileños”.

Peña dijo que esta acción ilegal termina “abriendo viejas heridas” al recordar la Guerra de la Triple Alianza desatada contra el Paraguay durante los años 1864 a 1870. El conflicto bélico, considerado como la contienda más sangrienta de América del Sur, fue desarrollada por Argentina, Brasil y Uruguay.

“Estas son heridas que nosotros estamos buscando sanar y este episodio lastimosamente lo que hace es abrir estas viejas heridas, cuando nosotros lo que queremos es dejar atrás es esa historia de odio, de resentimiento que venía principalmente de afuera hacia Paraguay, lastimosamente, hoy nos damos cuenta de que hay ese resentimiento”, lamentó.

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El medio brasileño UOL reportó el 31 de marzo sobre una operación de espionaje reconocida por Brasil en un comunicado oficial, pero que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuye a su antecesor, Jair Bolsonaro. El espionaje buscaba conocer la posición paraguaya en las negociaciones entre ambos países -ahora pausadas- sobre el precio de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, según reveló la prensa brasileña.

El gobierno de Lula da Silva negó “categóricamente cualquier implicación en la acción de inteligencia” y se la adjudicó a la gestión del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), en un comunicado de la cancillería publicado el lunes. “La mencionada operación fue autorizada por el gobierno anterior, en junio de 2022, y anulada por el director interino de la (agencia de inteligencia estatal) ABIN el 27 de marzo de 2023, tan pronto como la actual gestión tuvo conocimiento del hecho”, dijo el gobierno de Brasil.

El gobierno paraguayo convocó al embajador de Brasil, José Antonio Marcondes de Carvalho, para que “ofrezca explicaciones detalladas” sobre la operación, explicó el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, en conferencia de prensa el martes. Ramírez también informó que se llamó a consultas al representante diplomático paraguayo en Brasilia “a fin de que informe sobre los aspectos relacionados a la acción de inteligencia en asuntos del gobierno del Paraguay por parte de ese país”.

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Según la prensa brasileña, la ABIN ingresó a las computadoras de las instituciones del Estado paraguayo para obtener informaciones reservadas. El objetivo habría sido conocer la posición de Paraguay en la negociación del “Anexo C”, un documento del Tratado de Itaipú (que dio lugar a la construcción de la represa sobre el río Paraná, limítrofe), que establece las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la central hidroeléctrica.

Ramírez aseguró el martes que quedaron “suspendidas todas las negociaciones del Anexo C hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción del gobierno de la República del Paraguay”. Las negociaciones giran en torno a la reducción del precio de la energía, interés de Brasil, que compra desde hace décadas todo el excedente que le corresponde a Paraguay, que consume menos del 10% de lo producido.