El próximo lunes, miembros de las FF. MM. estarán participando como apoyo en diversas facetas de una jornada íntegra de servicios que está siendo impulsada por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en la zona del Chaco, en beneficio de varias comunidades indígenas de la zona.

“Queremos demostrar que el Gobierno, a través de las Fuerzas Militares, se encuentra preocupado por asistir a las comunidades indígenas sobre todo del Chaco”, explicó el ministro de Defensa Nacional, general (SR) Óscar González.

El apoyo será a la comunidad indígena la Esperanza, que se encuentra casi a 500 kilómetros de Asunción, con asistencia médica, entrega de medicamentos, y entrega de kit de alimentos.

Además comunicó que la nómina de ascensos para las Fuerzas Militares ya fue remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, y están aguardando la convocatoria y el visto bueno correspondiente de los parlamentarios. “Eso se envió en tiempo y forma para la aprobación del Legislativo”, añadió.

El anuncio dado por el ministro fue posterior a la ceremonia donde el jefe de Estado, Santiago Peña, tomó juramento al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, Nicolas Ángel Narváez Retamozo.

Al menos 200 militares están retenidos por campesinos afines al expresidente boliviano Evo Morales, tras el asalto a tres cuarteles en el marco de las protestas que comenzaron hace 20 días, informó el gobierno este sábado.

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El viernes “tres unidades militares han sido asaltadas por grupos irregulares en la zona del Chapare, en el departamento de Cochabamba, tomando como rehenes a más de doscientos efectivos militares”, señaló la cancillería en un comunicado dirigido a la comunidad internacional.

Además, “se apropiaron de armamento de guerra y municiones”, agregó. En principio se informó oficialmente de un regimiento ocupado por manifestantes el viernes en Cochabamba.

A esa misma región, el gobierno boliviano envió a las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en el despeje de carreteras bloqueadas por los partidarios de Morales.

El expresidente es investigado penalmente por un caso de estupro que él niega y que sus seguidores denuncian como parte de una “persecución judicial y política” del gobierno de Luis Arce, exministro del líder indígena de 65 años.

El expresidente Evo Morales aumentó la presión sobre el gobierno de Bolivia, al declararse en huelga de hambre después de que sus partidarios tomaran varios puestos militares y retuvieran inicialmente a al menos a 20 uniformados en el marco de la protesta que iniciaron el 14 de octubre.

La crisis se profundizó ayer viernes, cuando indígenas y demás campesinos “tomaron por asalto tres unidades militares, reteniendo como rehenes a militares y a sus familias, y amenazando sus vidas”, según denunció Arce en redes sociales.

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En un video difundido por la prensa boliviana, se ve a 16 militares rodeados de campesinos que blanden palos con la punta afilada. “Nos han cortado el agua, la luz, nos han tomado como rehenes”, se escucha decir a un uniformado.

Fuente: AFP

La Dirección de Material Bélico (Dimabel) remitió al Ministerio Público las informaciones recabadas por la institución sobre una red de tráfico ilegal de armas hacia el Brasil, que involucra a 100 militares y policías.

“Ayer al mediodía (jueves) se realizó la remisión de los antecedentes documentales sobre una supuesta comisión de hecho punible de tráfico ilícito de armas. Esto no es una denuncia penal técnicamente. Nosotros tenemos la obligación como cualquier otro funcionario público de poner a conocimiento de las autoridades pertinentes cuando se tiene conocimiento sobre un supuesto hecho punible”, indicó el general Melanio Salomón Servín Aquino, titular del ente a la 1080 AM.

El caso se centra en la intervención de la tienda comercial Gunner, localizada en Asunción, que destapó el esquema ilícito. Del centenar de uniformados, un total de 46 son militares y 55 policías quienes recibían como pago sumas entre G. 500.000, 700.000 a 800.000 con el fin de proveer armas de manera ilegal a criminales brasileños.

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“Ellos actuaban como parte de un esquema. Los personales uniformados afectados prestaban su nombre, es así de simple”, comentó. Detalló a la vez que los militares involucrados en el esquema se encuentran “dispersos en todas las Fuerzas Armadas”, sin ahondar sobre las funciones que desempeñan dentro de las instituciones castrenses.

“El caso de los policías no conozco. La nómina del personal policial que es objeto de observación, personalmente remitió al ministro del Interior, Enrique Riera y al Comandante Carlos Humberto Benítez para que ellos tomen conocimiento de la situación y que procedan conforme a derecho”, dijo.

El esquema fue destapado el pasado 22 de octubre, luego de lo informado al jefe de Estado, Santiago Peña. Asimismo se descartó la existencia de coacción por parte de uniformados superiores contra sus colegas implicados en el esquema.

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El Ministerio de Defensa Nacional, encabezado por Óscar González, presentará este martes ante la Fiscalía una denuncia penal contra los 100 militares y policías, sospechosos de formar parte de una red de tráfico de armas hacia el Brasil. El caso se centra en la intervención de la tienda comercial Gunner, ubicada en Asunción, que destapó el esquema ilícito.

“Aún se trata de una investigación incipiente. Hoy vamos a presentar la carpeta a la Fiscalía, haremos una denuncia responsable, en base al trabajo administrativo al cual está facultado la Dirección de Material Bélico con la propia Ley de Armas. Obviamente, vamos a respetar la presunción de inocencia”, indicó a la 1020 AM.

Asimismo, el alto secretario de Estado descartó la existencia de coacción por parte de uniformados superiores contra sus colegas implicados en el esquema. “Nosotros estamos teniendo la semiplena certeza de que los superiores en el esquema son los directivos de la casa comercial. No contamos con indicios de que hayan superiores militares, policías involucrados o que se encuentren azuzando a sus subalternos, de ninguna manera. Esto no se tiene entre la cuestiones a investigar”, refirió al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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González siguió afirmando que los directivos de la tienda comercial Gunner cuenta con “cómplices quienes se encargan de reclutar a las personas que, finalmente, ñpresentarán sus nombres. Esto es un esquema montado que recién empezó a operar, con resultados todavía muy limitados. No se trata de una monumental corrupción, pero de ninguna manera no puede ser considerado no importante, al contrario si no se detectaba a tiempo se extendería y sería de difícil control”.

Del centenar de uniformados, un total de 46 son militares y 55 policías quienes recibían como pago sumas entre G. 500.000, 700.000 a 800.000 con la finalidad de proveer armas de manera ilegal a criminales brasileños.

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