Senador liberal Víctor Ríos, en referencia al artículo constitucional que reglamenta la pérdida de investidura, señaló que existe una preocupación en el Senado por la falta de reglamentación de dicha disposición constitucional. Indicó que se plantea ahora que el parlamentario que sea juzgado conozca previamente los motivos y cuáles serían las sanciones aplicables.
“De por sí es un artículo muy complejo y que tiene varios aspectos que deben ser reglamentados, empezando por establecer claramente cuál debe ser el órgano encargado de llevar adelante el procedimiento”, indicó Ríos. Aclaró que actualmente los senadores han decidido que tiene que ser la propia cámara la que estudie la posibilidad de la exclusión de uno de sus miembros.
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Sin embargo, indicó que existe otra interpretación que es sostenida por algunos parlamentarios, respecto a quien debe estudiar una eventual pérdida de investidura. Por otro lado, también deben ser aclarados los procedimientos, los plazos y las mayorías a ser aplicadas. “Ante la falta de reglamentación, hay un margen muy amplio para la discrecionalidad y, por qué no, para la arbitrariedad”, aseguró el legislador.
Ríos reiteró que actualmente en el Senado se está planteando en insistir en una reglamentación adecuada. En esa línea se refirió a la exigencia de la ley vigente en Paraguay y de los tratados internacionales, que se estipulan que alguien antes de ser juzgado tiene que conocer en base a qué va a ser juzgado, cuáles van a ser las sanciones aplicables y cuál es el procedimiento que se va a implementar.
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Sobre este último punto, Ríos expresó que sobre el procedimiento aplicable al artículo 201: “no lo tenemos establecido y por lo tanto estamos incumpliendo con esta regla básica que nos exige establecer los pactos internacionales sobre los derechos humanos y la propia Constitución Nacional, en el artículo 17”, señaló el legislador.
Ríos indicó que la tarea a la que van a abocarse en el Senado será establecer la reglamentación y cumplir con los requisitos propios del sistema de derechos de protección de los derechos humanos y tratar de consensuar una reglamentación más acorde posible con el estado de derecho.