El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Mario Vega, fue denunciado ante el Ministerio Público en febrero de este año por adquirir presumiblemente tierras destinadas a la reforma agraria, sin ser beneficiario. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las diligencias realizadas por la Fiscalía en torno a este caso.
La denuncia fue presentada por el abogado Aníbal Otilio Silva Sosa y es por los supuestos hechos punibles de violación de la ley 1863/02 de la reforma agraria, ley 4682/12 que castiga a los violadores de la ley de la reforma agraria, hechos punibles contra la prueba documental.
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La denuncia también involucra a la hermana de Mario Vega, de nombre Celia Vega, quien también habría accedido a una gran cantidad de hectáreas para la reforma agraria. Como pruebas de la denuncia, se adjuntan al escrito documentos oficiales del Indert, que dan cuenta que el responsable del ente y su hermana tramitaban como si fueran agricultores, tierras públicas.
La Ley 1863/02 de la reforma agraria, en su apartado sobre los beneficiarios señala “que debe dedicarse directa y habitualmente a la agricultura como actividad económica principal”. El titular del Indert, de profesión abogado, para solicitar tierras públicas se habría hecho pasar por agricultor.
Ya en el 2015, Mario Vega gestionaba ante el ente rural una autorización para pagar por su lote en el distrito de Itakyry (Alto Paraná), según documentos a los que accedió este medio. En el 2018, solicitó en el Indert otro terreno. Mientras que su hermana solicitó a final de octubre del 2019, el comisionamiento de funcionarios para verificar lotes en la zona de Hernandarias (Alto Paraná). Recordemos que sus hermano, en ese entonces ya se desempeñaba como presidente del Indert.
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Al tomar estado público el caso, desde el Indert divulgaron una supuesta renuncia de su titular al lote en Itakyry, con fecha 28 de febrero de 2019 –meses antes de asumir como presidente–, donde Mario Vega alegó “motivos estrictamente personales”.
Según la denuncia el documento de renuncia sería apócrifo, ya que no estaría en los archivos de la institución. Además, no se conoce resolución institucional que deja sin efecto su adjudicación, teniendo en cuenta que el mismo ya desde el 2015 venía gestionando la autorización para pagar por su lote.