Sindicalistas solicitaron a través de una audiencia pública que el proyecto de ley respecto a la Función Pública y la Carrera del Estado Civil, impulsada por el Gobierno, sea analizado por el Congreso Nacional, una vez finalizada la crisis sanitaria generada por el COVID-19.
Sostuvieron que actualmente un análisis del plan normativo por parte de los sindicatos y sus miembros se hace difícil por las restricciones sanitarias. El pedido fue realizado tras un encuentro virtual organizada por la bancada del Frente Guasu (FG), del Senado, y que contó con la presencia del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y varios gremios.
Al respecto Velázquez mencionó que el plan normativo no busca reducir la cantidad de funcionarios en el Estado. “En general el anteproyecto de ley del Poder Ejecutivo lo que busca es reordenar el marco jurídico de toda la función pública e implementar la tan anhelada carrera del servicio civil. Que tenga en cuenta la integridad, la idoneidad y la meritocracia en la función pública”, sostuvo.
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Señaló que los aspectos más destacados para el sistema de la función pública que se plantea en este anteproyecto hacen referencia a que se establecen reglas de carácter general que deberán ser implementadas y aplicadas en todo el sector público.
“Entre ellas un tope salarial; nadie puede tener un salario superior al del Presidente de la República. Se propone una escala salarial unificada, cumpliendo el principio constitucional de igual salario a igual responsabilidad. Se busca la planificación de la fuerza de trabajo, donde cada institución en coordinación con el Ministerio de Hacienda deberá identificar su necesidad para los próximos 5 años a fin de incorporar de forma gradual los funcionarios en concordancia con la capacidad fiscal”, indicó.
El 31 de agosto pasado, el segundo del Poder Ejecutivo presentó ante los integrantes de la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, el proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil. En esa ocasión lo acompañó el ministro de Hacienda, Benigno López.
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