La senadora Lilian Samaniego, del movi­miento Ambulancia Republicana, dijo ayer que votará en contra del pedido de desafuero del expresi­dente Mario Abdo Benítez.

Incluso asegura que el caso judicial que involucra al exmandatario en una filtra­ción de datos confidencia­les del expresidente Horacio Cartes a través de la Secre­taría Nacional de Preven­ción de Lavado (Seprelad) es montado entre abogados y fiscales.

“No se puede hacer una sesión selectiva, se hace la convocatoria a los cuarenta y cinco. Y ahí vamos a estar para dejar sentada nuestra posición”, señaló Samaniego ante la versión de que el ofi­cialismo colorado, por falta de votos, podría convocar a una sesión extraordinaria y aprovechar la ausencia de algunos legisladores para aprobar el pedido de desa­fuero de Marito.

Manifestó también que “hace un año dije que la causa es nula, por todos los elemen­tos técnicos que han dejado los asesores jurídicos”.

Sin embargo, la senadora Samaniego olvidó que semanas atrás había dicho a la prensa que si el expresidente Abdo Benítez pedía la apro­bación de su desafuero, ella estaba dispuesta a acompa­ñar.

“Cuando se convoque, aun­que sea sorpresa la convo­catoria, no van a poder evi­tar que lo que pensamos que el expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Bení­tez tiene el derecho, puede hacer lo que considere, fue un gesto de él pedir su desa­fuero, pero el Senado tiene la autonomía, la obligación de tener las pruebas necesarias para impulsar el desafuero”, indicó Samaniego.

Luego ratificó que “a título personal, yo ya estoy segura, mi bancada, los demás com­pañeros van a acompañar el no desafuero a Mario Abdo Benítez, porque estamos hablando de un presidente que logró la legitimidad, la transparencia de la Nación paraguaya”.

Ratificó que el pedido de desafuero del exmandata­rio es una persecución polí­tica por parte del oficialismo colorado.

“Lo que se menciona es que el video que hizo el expresidente fue para tratar de desligarse de sus anteriores aliados, que le exigían también solicitar su desafuero”, sostuvo Núñez.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, sostuvo que el anuncio del exmandatario y senador vita­licio Mario Abdo Benítez de pedir su desafuero a través de sus redes sociales, a un año de que la Justicia infor­mara su imputación al Con­greso, fue “puro marketing”, razón por la cual sus aliados de la Cámara Alta, tanto disi­dentes como de la oposición, operan para que el tema no sea incluido en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo miércoles.

“Lo que se menciona es que el video que hizo el expresidente fue para tratar de desligarse de sus anteriores aliados, que le exigían también solicitar su desafuero. O sea, fue de puro marketing”, dijo Núñez a la prensa del Congreso. Al término de la reunión de Mesa Directiva, el titular del Senado indicó que algunos de sus colegas, sin identifi­car a los mismos, le solicita­ron no incluir el desafuero de Marito, aclarando que no fue­ron miembros de la bancada de Honor Colorado.

La semana pasada, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio trámite al pedido presen­tado por la defensa del exman­datario Abdo Benítez, emitiendo dos dictámenes, uno a favor en mayoría y otro en contra.

“Lo que veo, la prioridad por parte de ustedes (los medios de prensa), porque ningún colega solicitó hoy acá que sea incluido. Voy a decir bien, hay algunos colegas del sec­tor, que no es de la bancada de Honor Colorado, que me pidieron no incluir, enton­ces estoy cumpliendo con ellos, tampoco voy a decir de qué partido son”, comentó el titular del Congreso, ante las consulta sobre la inclusión del desafuero de Abdo para el próximo tratamiento por el pleno del Senado.

La senadora Lizarella Valiente salió en defensa del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia, mediante la fusión de tres entes estatales: el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) y la Secretaría Nacional de la Juventud.

“Una reestructuración en cuanto al funcionamiento del Estado, siempre será para optimizar la función de cada ministerio. No es la primera vez que se está planteando la fusión de instituciones, ya se hizo con la cartera de Hacienda, que pasó ahora a ser el Ministerio de Economía”, dijo en una entrevista con los medios de comunicación.

La parlamentaria afirmó que la iniciativa es impulsada justamente con el fin de potenciar las políticas públicas que son encaradas mediante las citadas instituciones, y que la racionalización del dinero público no implicará el retroceso de las mismas. “No debería existir ningún temor, todos los esfuerzos en materia presupuestaria serán direccionados a los programas que se lleven adelante para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, comentó.

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Las afirmaciones de Valiente surgen ante los cuestionamientos provenientes de legisladores de la oposición, como su colega del Frente Guasu (FG) Esperanza Martínez y la diputada de Avanza País Johanna Ortega, quienes alegan que la fusión de las citadas instituciones estatales impulsará la invisibilización de problemáticas sensibles.

Aseguró que el proyecto será ampliamente debatido en el Congreso Nacional mediante la realización de audiencias públicas. “Vamos a escuchar a todas las partes que se sienten afectadas, estamos en una democracia, escucharemos todas las voces para consensuar algo que beneficie a toda la familia”, refirió.

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La senadora abdista Lilian Samaniego, erigida desde hace unos meses como la rescatista de los heridos y relegados que en el pasado fuera una modesta química farmacéutica del Instituto de Previsión Social (IPS), involucrada en caso de robo de medicamentos, está lejos de la triste realidad que pinta para reivindicarse como salvadora y arrastrar adherentes. Gracias a la política, la ex humilde funcionaria de la previsional, quien inició con un sueldo de G. 558 mil en la función pública, experimentó una extraordinaria prosperidad, que se ve reflejada principalmente en sus millonarias inversiones inmobiliarias. Es así que la hoy parlamentaria se pega el lujo de comprar media docena de departamentos en cotizados edificios, con cuotas mensuales que llegan hasta los USD 10.000, monto que supera incluso su sueldo en el Senado.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Seis departamentos que valuó en unos G. 5.181 millones adqui­ridos en un plazo de un año y medio aparecen en la última declaración jurada de bienes de la senadora abdista Lilian Samaniego.

La legisladora critica la realidad actual, habla de dolor y desesperanza, pero vive una realidad muy dis­tinta a quienes busca arras­trar con sus discursos.

Samaniego, quien en el pasado fue una modesta quí­mica farmacéutica del Ins­tituto de Previsión Social (IPS) que ingresó con un sueldo de G. 558.700, regis­tró exponenciales escaladas en sus finanzas.

En los documentos publica­dos por Contraloría figuran que entre agosto del 2018 a febrero del 2020, es decir, un año y medio, la sena­dora Samaniego compró 6 departamentos que valuó por total en G. 5.181 millo­nes. Estos inmuebles están ubicados en cotizados edi­ficios y complejos de depar­tamentos cuyos precios de mercado pueden ser aun más altos que los consig­nados. Si bien consignó compras en cuotas y con­tratos de reserva en algu­nos casos, los pagos contra entrega están por arriba de los USD 200.000 y las cuo­tas llegan hasta USD 10.000, compromisos que superan incluso su sueldo de parla­mentaria.

Llamativamente, en el caso de la compra con contrato de reserva que hacen a 4 departamentos a la firma Victoria Desa­rrollos Inmobiliarios SA declaró un importe de G. 1.320.887.460, sin embargo, el precio total asciende a G. 3.086 millones, monto que trasladó a deudas y con eso lógicamente reduce en un 57 % el valor de los inmue­bles.

Además de los seis depar­tamentos adquiridos entre 2018 y febrero de 2020, en la última declaración jurada de Samaniego aparecen otros dos departamentos en Fernando de la Mora, que fueron vendidos en 2019. A esto se suma otro departa­mento con cochera en el edi­ficio Habitalis de Asunción, adquirido en junio de 2017, valuado en G. 521 millones en cuotas se USD 6.600.

Solo en bienes inmobilia­rios consignados en 2023, en los haberes de la sena­dora aparecen 8 depar­tamentos de entre USD 100.000 y USD 200.000, 5 viviendas, casa de verano en San Bernardino y una decena de lotes en zonas consideradas top en las inmediaciones de Asun­ción, que suman G. 6.925 millones, pero en reali­dad ascienden a un total de 8.691 millones consi­derando que no registró el valor total de los 4 departa­mentos como se muestra en la infografía.

El salto económico, princi­palmente en inversiones de bienes raíces de la senadora Samaniego ha sido cons­tante en todos sus años en la función pública y cargos electivos. La fortuna que amasó tiene sus bases en los tiempos que estuvo en el IPS, al menos así indican sus declaraciones, como los documentos de Catas­tro, que registran compras a partir de 1992; es decir, después de su ingreso a la previsional.

Como se puede ver en la infografía que acompaña este artículo, (salvo una rectificación presentada en 2020), la cantidad de inmuebles aumentaron de manera importante en cada manifestación de bienes y el comporta­miento de los crecimien­tos patrimoniales inmobi­liarios se mantienen por arriba del 100 %. Esto pese a que Samaniego percibía un sueldo de G. 4 millones hasta fines de 2004 en la previsional, mientras que en el Congreso sus ingre­sos entre dieta y gastos de representación llegaban a G. 15 millones hasta 2014, precisamente periodo en que disparó sus inversio­nes en bienes raíces.

Cabe subrayar que la Con­traloría no cuenta con la declaración jurada de Samaniego al ingresar a la función pública, tampoco la que debió presentar al momento de asumir su pri­mer periodo parlamenta­rio y al pasar de suplente a titular. Sin embargo, las liquidaciones salariales obtenidas desde el IPS y el Ministerio de Economía, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública indican que los modestos sueldos en sus inicios como funcionaria farmacéutica hicieron maravillas en sus finanzas para ir acumu­lando inmuebles que luego permitieron ingresos en concepto de alquileres.

En los antecedentes de la senadora abdista se regis­tra un sumario y una impu­tación en 1998, debido a que se detectó un millona­rio robo de medicamentos en el IPS.

De acuerdo con los fisca­les intervinientes, el robo de medicamentos era una constante en la previsio­nal en ese entonces. Sama­niego se desempeñaba como jefa del Parque Sani­tario cuando ocurrieron los hechos. El relato señala que la misma no realizó denun­cia alguna.

Según la versión fiscal que obra en los documentos existieron indicios sufi­cientes que justificaron la imputación de Samaniego en el escandaloso caso de robo de medicamentos que sacudió a la previsional en tiempos que esta era jefa del parque sanitario. Uno de los elementos más contun­dentes es que el camión en el que fueron encontrados los fármacos era propiedad de la ahora senadora. En la previsional no se había pro­fundizado el sumario a la exjefa de farmacias del IPS y en la Justicia, Samaniego supo sortear su suerte.

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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